El régimen dictatorial de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en Nicaragua ha expulsado al sacerdote José Concepción Reyes Mairena de la Diócesis de León, evidenciando la intensificación de su política de represión e intolerancia contra la Iglesia Católica. Con este nuevo caso, ascienden a 309 los sacerdotes y religiosos que han sido forzados a abandonar el país o se les ha negado el ingreso.
Según la investigadora Martha Patricia Molina, en el exilio, más del 95 % de estos religiosos son nicaragüenses, lo que evidencia que la persecución afecta directamente al clero local y no solo a extranjeros. El sacerdote Reyes fue retenido e interrogado por funcionarios de Migración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando intentaba regresar al país después de una estancia de dos años en España. Tras ese interrogatorio, las autoridades le negaron la entrada y fue forzado a regresar a Europa.
Molina ha advertido además que la dictadura ha impedido nuevas ordenaciones de diáconos y sacerdotes en diócesis como Jinotega, Matagalpa, Estelí y Siuna, lo que agrava la situación de una Iglesia ya debilitada por la ausencia de su clero. De igual forma, en su informe titulado “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”, la investigadora documenta 1.070 ataques contra la Iglesia Católica y la prohibición de 16.500 procesiones religiosas desde 2018. Estas cifras reflejan un patrón sostenido de hostigamiento que incluye vigilancia, restricciones a celebraciones públicas y limitaciones a la labor pastoral.
Este episodio forma parte de una persecución sistemática contra la Iglesia Católica en el país, que se ha venido documentando en los últimos años por diversos medios y organizaciones internacionales. Según Open Doors, líderes y miembros de la Iglesia han criticado abiertamente las políticas gubernamentales y las violaciones de derechos humanos, lo que los ha convertido en blanco de represalias. La situación se deterioró significativamente tras las protestas sociales de 2018 y se profundizó luego de las elecciones de 2021 y las reformas constitucionales impulsadas en 2025, que ampliaron el margen legal para reprimir a voces consideradas críticas por el régimen.
