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Instrumentalización de la fe

¿Existe discriminación por ser cristiano en el Perú?

Confundir la fiscalización política con ataques a la fe es la salida fácil de una agenda que busca imponer dogmas teológicos por encima de los criterios técnicos.

Tras la aprobación de la conformación de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, posterior al acalorado debate en el pleno del senado, la pastora y senadora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, publicó en sus redes sociales un pronunciamiento donde denunció haber sido víctima de discriminación por su fe cristiana.

Según su versión, los cuestionamientos planteados por bancadas como Ahora Nación, Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras estarían motivados por un sesgo en contra de su confesión religiosa debido a su postura de “proteger a los niños de agendas ideologizadas”.

Este documento, lejos de obtener el respaldo popular, recibió un firme rechazo por parte de los internautas. Los usuarios señalaron que las críticas hacia la conformación de dicha comisión están fundadas en sus deficiencias técnicas y su marcado sesgo ideológico; un panorama agravado por un historial de iniciativas legislativas que, en lugar de proteger a la niñez, termina despojándola de la información esencial para prevenir el embarazo adolescente y los abusos sexuales.  

Y es que recordemos que a pastora Jáuregui ha promovido proyectos de ley sumamente problemáticos como la propuesta de eliminar el delito de feminicidio del Código Penal peruano para reemplazarlo por el término “asesinato de la pareja”, bajo el cuestionable argumento de corregir una supuesta discriminación hacia los hombres; y el proyecto que busca sancionar penalmente a las mujeres que presenten denuncias “falsas” debido a la aparente existencia de una violencia legal contra los hombres operada por las mujeres que “manipulan” el sistema de justicia.

Asimismo, impulsó la reciente norma que declara junio como el “Mes de la Vida y la Familia”, excluyendo deliberadamente a las comunidades diversas de los espacios de representación, una intención que ella misma confirmó con la polémica declaración: “les estamos quitando el mes de junio”. En esa misma línea destaca su proclamación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, la cual suprime el enfoque de género para reemplazarlo por una noción reducida de igualdad; una decisión de carácter ideológico tomada sin diagnósticos, evidencia empírica ni sustento real en políticas públicas.  

Sin embargo, pareciera que la pastora Jáuregui se niega a aceptar aquellas críticas y prefiere usar la salida fácil: la carta de la victimización. Porque es mucho más sencillo suponer que toda la población está en tu contra por motivos de identidad que reconocer que tus propuestas carecen de rigurosidad científica y legal.

Entonces, no es que exista un comportamiento sistemático de la sociedad en donde exista un rechazo abierto hacia los cristianos y los valores que estos representan, sino a la evidente imposición de estos preceptos a la población en general. Es decir, el problema no radica en sus creencias personales, sino en su pretensión de convertir dogmas de fe en políticas públicas obligatorias para un Estado laico.

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