El pasado 11 de junio, el pleno del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley N° 13156/2025-CR, que declara el mes de junio de cada año como el “Mes de la Vida y la Familia” en todo el Perú. La iniciativa, promovida por la pastora y senadora virtual de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, fue aprobada en primera votación con un total de 85 votos a favor, 12 abstenciones y 7 en contra, y posteriormente exonerada de segunda votación con 82 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones.
El artículo único de la norma establece que junio será un mes de conmemoración de la vida y de la familia como “institución natural y fundamental de la sociedad”. Asimismo, dispone que el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y locales promuevan actividades conmemorativas con participación de la ciudadanía.
Los fundamentos del proyecto ¿Un discurso no neutral?
El proyecto se sustenta en el uso del derecho comparado, citando como referencia a países como Panamá, República Dominicana y Estados Unidos. Sin embargo, esta selección resulta no solo insuficiente, sino también claramente sesgada. En primer lugar, no todos los casos mencionados coinciden ni en el contenido ni en el contexto: en República Dominicana, por ejemplo, el “Mes de la Familia” se celebra en noviembre y no en junio, mientras que Panamá es el único caso que adopta el mismo mes.
Más aún, las referencias a Estados Unidos evidencian un uso parcializado de la información. El propio proyecto señala que “la congresista Mary Miller, representante por el estado de Illinois, presentó una iniciativa para que el mes de junio sea declarado el mes de la familia, como un momento propicio para la reflexión sobre cómo fortalecer las familias”. No obstante, omite el contenido completo de sus declaraciones. En realidad, Miller sostuvo que “la familia estadounidense está siendo atacada por la agenda de izquierda radical que busca confundir a nuestros hijos (…) al reconocer junio como el Mes de la Familia, rechazamos la mentira del ‘Orgullo’ y, en cambio, honramos el designio eterno y perfecto de Dios”, agregando incluso que “se celebran estilos de vida que rechazan la verdad bíblica”.
Estas afirmaciones evidencian con claridad el carácter religioso e ideológico de la propuesta, muy lejos de una supuesta neutralidad. Además, dicha iniciativa no prosperó, fue ampliamente cuestionada por su carácter excluyente hacia las diversas formas de familia contemporánea y ni siquiera contó con respaldo mayoritario dentro del propio Partido Republicano.
De igual manera, el proyecto menciona que “el senador Ted Cruz y el representante Chris Smith presentaron propuestas coincidentes para declarar junio como el mes de la vida”, pero omite precisar que estas iniciativas no registraron avances significativos ni respaldo político suficiente. Por el contrario, han sido asociadas a una agenda conservadora fuertemente cuestionada, en particular por posturas abiertamente excluyentes, como las declaraciones del propio Cruz, quien ha sostenido que la “homosexualidad no tiene lugar en América”.
En ese sentido, el uso del derecho comparado en el proyecto no solo carece de solidez técnica, sino que además selecciona de manera parcial aquellos casos que refuerzan una posición ideológica previa, debilitando así cualquier intento de presentar la norma como neutral.
Este mismo sesgo no se limita a la selección de referencias, sino que se extiende al propio lenguaje empleado en el proyecto. Según la exposición de motivos, la iniciativa responde a una supuesta “crisis de valores” en el país, reflejada en la caída de la tasa de natalidad y de matrimonios, así como en el avance del “individualismo”, la desintegración familiar y la “banalización de la vida humana”. Sin embargo, estos conceptos son mencionados más no profundizados, es decir, no son trabajados con claridad. Entonces, abre la puerta a interrogantes:¿A qué se refiere exactamente el proyecto cuando habla de individualismo? ¿A la decisión libre y cada vez más común de no contraer matrimonio o no tener hijos? y de ser así, ¿no supone esto una lectura simplificada de dinámicas sociales mucho más complejas? El documento también plantea que estas tendencias afectan la “cohesión social”, el bienestar de la infancia y la estabilidad emocional de los jóvenes, aunque no presenta evidencia concreta que sustente dichas afirmaciones.
Más aún, el proyecto señala la necesidad de promover una cultura que reafirme la dignidad de la vida “desde su inicio hasta su fin natural”, una formulación que abre interrogantes. ¿Se trata de un concepto general o de un marco discursivo que podría utilizarse en el futuro para restringir debates como la despenalización del aborto? Cabe señalar que el historial de la pastora Aguayo en el congreso ha dejado en evidencia su postura radical frente a temas de educación sexual.
“Frente a la problemática descrita, resulta necesario promover una cultura que reafirme la dignidad de toda vida humana, desde su inicio hasta su fin natural, y que fortalezca a la familia natural como institución irremplazable en la formación moral, afectiva y espiritual de las personas”, establece el proyecto aprobado.
El propio texto además menciona que declarar el junio como “Mes de la Vida y la Familia” permitirá visibilizar el trabajo de asociaciones “pro vida”, posicionándolas como actores inherentemente positivos dentro de la sociedad. Esta formulación, sin embargo, introduce una valoración implícita que, en la práctica, tiende a deslegitimar a otros sectores, como aquellos que promueven la educación sexual integral o la despenalización del aborto en casos como violación sexual o riesgo para la salud, colocándolos en una posición de aparente oposición al bienestar social.
De esta forma, se establece una jerarquía moral que desacredita cualquier cuestionamiento o crítica. Asimismo, se dejan de lado otras realidades, como la de miles de mujeres, en especial niñas menores de 14 años, que enfrentan embarazos forzados producto de violencia sexual, muchas veces ocurrida dentro del propio entorno familiar.
De igual manera, durante el debate en el pleno, la congresista Milagros Jáuregui rechazó las críticas que apuntaban a una posible exclusión de la comunidad LGBT, asegurando que el proyecto “no tiene ningún sesgo ideológico”. Sin embargo, declaraciones previas de la propia legisladora contradicen esta afirmación. Al presentar la iniciativa meses atrás, afirmó: “Les estamos quitando el mes de junio”, en una clara referencia al mes del orgullo LGBT.
En ese sentido, la medida deja de percibirse como una simple conmemoración y pasa a interpretarse como una disputa simbólica por el espacio público.
La defensa de la familia, especialmente en su concepción tradicional, es un valor legítimo para amplios sectores de la sociedad peruana, en particular dentro de comunidades religiosas. Sin embargo, a fin de lograr este objetivo, ¿resulta necesario contraponer otras identidades?
Si el objetivo es fortalecer la familia y proteger a la niñez, existen múltiples vías para hacerlo, como el impulso de políticas públicas, programas sociales, educación y acompañamiento comunitario. En ese sentido, resulta válido promover una formación orientada al respeto dentro del entorno familiar, al cuidado de los hijos y a la prevención de la violencia doméstica, problemática que el propio proyecto reconoce como relevante en el país. Sin embargo, la necesidad de abordar estos temas no implica, necesariamente, desplazar otros espacios ya reconocidos en la sociedad. El fortalecimiento de la familia puede impulsarse sin generar tensiones simbólicas innecesarias ni contraponerse a otras formas de visibilización.
Incluso, podría impulsarse un mes dedicado a la familia en cualquier otro momento del año, sin superponerse con una conmemoración previamente reconocida por otros sectores de la sociedad. Es más, durante la misma sesión del Congreso, se planteó poder cambiar el mes a otro, pero la petición fue denegada. Si la intención fuese únicamente promover la familia, la elección del mes no sería un punto de conflicto.
La frase “les estamos quitando el mes de junio” desmantela por completo el supuesto carácter neutral de la norma y deja en evidencia que su impulso no responde a la protección de la familia y la niñez, sino a una intención explícita de disputar y desplazar un espacio simbólico ya ocupado por otros sectores de la sociedad.
