La controvertida pastora y senadora Milagros Aguayo participó en el reciente podcast del programa Resurge TV “Atípicas”. Durante el desarrollo de la entrega, Aguayo volvió a expresar una posición abiertamente crítica hacia el movimiento feminista. La pastora afirmó sin escrúpulos que las feministas se limitan a “tener el discurso” y cuestionó que no hayan logrado solucionar los problemas en el Perú relacionados a la violencia sexual. En este sentido, llegó a afirmar que las organizaciones feministas únicamente “quieren recibir dinero de las ONG, no son capaces de hacer nada” y calificó al feminismo como un movimiento “malo” y “agresivo”.
La entrevista llegó a uno de sus momentos más controversiales cuando se discutió la Educación Sexual Integral (ESI) y la violencia cometida en el Colegio Naval. Aguayo sostuvo que determinadas medidas relacionadas con la autoridad de los docentes y la permanencia de estudiantes formarían parte de “la agenda” feminista. En este contexto, una de las presentadoras del programa afirmó que “ellas son tan culpables como muchos violadores”, a lo que Aguayo coincidió diciendo “total, total”.
Una afirmación de esta gravedad no solo resulta preocupante por la comparación que establece, sino también por la ausencia de evidencia que permita sostener semejante relación entre el movimiento feminista y la comisión de delitos sexuales. Vincular a un colectivo político y social con la responsabilidad de los violadores requiere, como mínimo, sustento factual y una argumentación que permita establecer esa relación. De lo contrario, se convierte en una generalización que desinforma y estigmatiza. Más aún cuando la afirmación proviene de una autoridad política, cuya posición pública exige un mayor rigor al momento de presentar acusaciones de esta naturaleza.
No se trata de una simple diferencia de opinión sobre el feminismo. Una cosa es no sentirse identificada con el movimiento, contradecir sus ideas y cuestionar sus propuestas y otra, completamente distinta, es atribuirle responsabilidad por delitos cometidos por terceros sin presentar evidencia que permita establecer dicha relación. En especial, delitos tan fuertes como el abuso sexual.
Sus afirmaciones resultan todavía más irónicas cuando Aguayo reclama ser atacada por sus convicciones. “Yo respeto lo que otros piensan, pero por qué no respetan lo que yo pienso”. Sin embargo, esta demanda de respeto contrasta con la manera en que se refiere al colectivo feminista. La pastora no se limita a expresar su desacuerdo con determinadas políticas que el feminismo defiende, sino que generaliza y estigma a quienes forman parte de este movimiento, atribuyéndoles toda clase de narrativas sin fundamentos. El respeto a la libertad de expresión no puede entenderse exclusivamente como el derecho a que las propias convicciones sean aceptadas, sino también como la obligación de reconocer la legitimidad de quienes sostienen posiciones distintas. Resulta, por ello, contradictorio exigir respeto por las propias ideas mientras se descalifica de manera generalizada a quienes no las comparten.
El problema no es que Milagros Aguayo tenga una ideología y desee defenderla. Todas las personas tienen convicciones personales y quienes fueron elegidos para ejercer cargos públicos pueden tenerlas. No obstante, estas convicciones ideológicas no pueden convertirse en el único marco desde el cual se construyen políticas públicas – como evidencia el historial de la pastora en el congreso – y, simultáneamente, se deslegitima a quienes no las comparten.
Es por ello que sus declaraciones deben ser leídas más allá del especio del podcast donde se compartieron. No se trata solamente de lo que una pastora evangélica piense sobre el feminismo, sino de lo que ocurre cuando esta visión es sostenida por una autoridad política – que vale mencionar, ha estado a cargo de la Comisión de Mujer y Familia en el Congreso – y puede traducirse en decisiones que afectan finalmente a los derechos de las mujeres, a la educación y, por ende, a la igualdad.
