El intervencionismo estadounidense en América Latina no constituye un fenómeno reciente ni ajeno a la historia política de la región. Desde la época contemporánea, Estados Unidos ha desempeñado un papel determinante en las relaciones internacionales del continente, estableciendo vínculos económicos, diplomáticos y de seguridad con los países latinoamericanos. Sin embargo, estas relaciones también han estado marcadas por profundas asimetrías de poder y por episodios en los que los intereses estratégicos estadounidenses han condicionado la autonomía política de otros Estados.
Históricamente, la política exterior de Washington hacia América Latina ha combinado mecanismos de cooperación financiera, asistencia técnica, promoción de la gobernabilidad y colaboración en materia de seguridad con instrumentos de presión económica, diplomática y política. Esta dualidad ha generado un debate permanente sobre los límites entre la cooperación internacional legítima y la injerencia en los asuntos internos de los Estados.
En este contexto, Brasil representa un caso particularmente relevante. Su peso económico, territorial y político lo convierte en un actor estratégico para Estados Unidos, pero también en una potencia regional con capacidad para desarrollar una política exterior autónoma que no necesariamente responde los intereses de Washington. Las tensiones entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Lula da Silva han reactivado el debate sobre la influencia estadounidense en los procesos políticos latinoamericanos, especialmente ante las controversias relacionadas con las elecciones brasileñas de 2026.
Durante los últimos años, las relaciones entre Brasil y Estados Unidos han atravesado distintas etapas de acercamiento y distanciamiento, determinadas tanto por los intereses económicos compartidos como por las orientaciones políticas de sus respectivos gobiernos. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, Brasil mantuvo una aproximación política significativa hacia Washington, particularmente durante el primer mandato de Donald Trump. Ambos mandatarios compartían posiciones en determinadas cuestiones ideológicas, económicas y de seguridad.
En contraste, el retorno de Lula da Silva a la presidencia brasileña en 2023 estuvo acompañado de una política exterior orientada a fortalecer el multilateralismo, ampliar las relaciones con distintas potencias como los miembros de los BRICS y preservar la autonomía política de Brasil.
Las tensiones adquirieron especial relevancia en 2025, cuando la administración Trump impuso aranceles elevados a productos brasileños y vinculó públicamente algunas de sus decisiones comerciales con la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro. Según Reuters, en julio de ese año Washington anunció aranceles del 50 % sobre numerosos productos brasileños, aunque estableció excepciones para determinados sectores.
Este episodio puso de manifiesto cómo una herramienta tradicional de política comercial podía adquirir una dimensión política interna. Mientras Washington defendía sus decisiones como parte de su política exterior y comercial, el gobierno brasileño cuestionaba la utilización de presiones económicas vinculadas con asuntos judiciales nacionales. Este escenario nos permite cuestionar hasta qué punto las medidas económicas de una gran potencia pueden considerarse instrumentos legítimos de negociación y en qué momento comienzan a representar mecanismos de presión y vulneración sobre la soberanía de otro Estado.
Uno de los elementos centrales de la controversia es la relación entre la administración Trump y el sector político brasileño vinculado al expresidente Jair Bolsonaro. En mayo del presente año, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y figura de la oposición brasileña, sostuvo encuentros con representantes del gobierno estadounidense, incluido Donald Trump. Durante su visita a Washington, promovió la clasificación de dos de las principales organizaciones criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), como organizaciones terroristas extranjeras. Poco después, el Departamento de Estado estadounidense anunció dicha clasificación, demostrando su cercanía con el senador brasileño.
De acuerdo con reportajes publicados por BBC News, integrantes del gobierno de Lula interpretaron esta medida como una posible intervención indirecta en el escenario electoral, al considerar que podía fortalecer el discurso de seguridad pública impulsado por Flávio Bolsonaro. Sin embargo, la administración estadounidense defiende que aquellas medidas forman parte de su estrategia de lucha contra el crimen organizado transnacional y al narcotráfico.
La controversia no reside únicamente en la decisión de combatir a las organizaciones criminales, sino también en sus posibles consecuencias jurídicas, diplomáticas y políticas. La clasificación de determinados grupos como terroristas puede ampliar las herramientas de sanción financiera y cooperación internacional de Estados Unidos, pero también genera interrogantes sobre los límites de su actuación respecto de organizaciones que operan principalmente dentro del territorio brasileño.
En consecuencia, la seguridad pública brasileña se convierte, también, en un punto de tensión que podría socavar su soberanía nacional.
La presión económica, diplomática y digital como instrumentos de influencia
El intervencionismo contemporáneo no necesariamente adopta la forma de una intervención militar directa. En un sistema internacional caracterizado por una profunda interdependencia económica, las grandes potencias cuentan con herramientas capaces de influir sobre las decisiones de otros gobiernos sin recurrir al uso de la fuerza. Entre ellas destacan las sanciones económicas, las restricciones comerciales, las presiones diplomáticas y las decisiones relacionadas con el acceso a mercados estratégicos.
En el caso brasileño, los aranceles estadounidenses impuestos durante 2025 constituyen un ejemplo de cómo las relaciones comerciales pueden entrelazarse con disputas políticas. Asimismo, las sanciones adoptadas contra determinadas autoridades brasileñas, entre ellas el magistrado Alexandre de Moraes, contribuyeron al deterioro de las relaciones bilaterales.
Estas decisiones pueden interpretarse desde perspectivas distintas. Por un lado, el gobierno estadounidense ha defendido el uso de sanciones y restricciones como instrumentos de su política exterior. Por otro, autoridades brasileñas han cuestionado que tales medidas se vinculen con procesos judiciales y decisiones soberanas de sus instituciones.
Desde una perspectiva de relaciones internacionales, el problema central consiste en determinar si estos mecanismos persiguen exclusivamente objetivos diplomáticos o económicos declarados, o si también buscan modificar el comportamiento político de las autoridades de otro país.
Sin embargo, a diferencia de los mecanismos tradicionales de presión, la influencia extranjera en los procesos electorales contemporáneos también puede manifestarse a través del entorno digital. Las redes sociales se han convertido en espacios fundamentales para la comunicación política, la difusión de propuestas y la construcción de percepciones públicas. En consecuencia, las decisiones sobre visibilidad de contenidos, publicaciones y funcionamiento de los algoritmos pueden tener implicaciones relevantes para el debate democrático.
En Brasil, la campaña de Lula ha formulado acusaciones contra Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, relacionadas con presuntas restricciones a la visibilidad de contenidos políticos. No obstante, la compañía ha negado las acusaciones.
Independientemente que estas acusaciones serán verídicas o no, lo cierto es que actualmente las grandes plataformas tecnológicas poseen la capacidad de organizar y distribuir información que, finalmente, pueden incidir en los resultados electorales.
Cinco escenarios de posible interferencia estadounidense
En un artículo publicado en UOL el 1 de octubre de 2026, Júlia Neiva, Pedro Telles, Raísa Ortiz Cetra y Sami Sternberg examinan distintos escenarios de posible interferencia estadounidense en las elecciones brasileñas. Los autores señalan que las preocupaciones se han intensificado ante las alertas sobre riesgos de injerencia y las controversias entre ambos gobiernos. Su análisis permite identificar cinco mecanismos potenciales que podría usar Estados Unidos para influir en las elecciones brasileñas.
El primero es el desconocimiento de los resultados electorales. Una eventual negativa del gobierno estadounidense a reconocer los resultados oficiales podría generar tensiones diplomáticas y ofrecer argumentos a sectores internos que cuestionen la legitimidad del proceso.
El segundo es el empleo de instrumentos económicos de presión como forma de coerción. En el escenario de una eventual victoria de Lula da Silva, Washington podría recurrir a restricciones comerciales, sanciones o incentivos económicos vinculados con determinadas decisiones políticas. Los antecedentes arancelarios de 2025 muestran que las medidas comerciales pueden adquirir un significado político más amplio. Asimismo, según los autores, otra estrategia sería prometer beneficios diplomáticos y económicos a Brasil en caso de la victoria de su candidato favorito. Cabe señalar que esta medida fue aplicada con éxito en Argentina.
El tercero corresponde a posibles ataques coordinados contra infraestructuras digitales. Las campañas electorales dependen de sitios web, redes sociales y plataformas de comunicación que podrían ser objeto de operaciones destinadas a interrumpir su funcionamiento o dificultar la difusión de información.
El cuarto se relaciona con la manipulación del entorno informativo. La difusión coordinada de contenidos políticos, la publicidad digital y las operaciones de desinformación podrían alterar las condiciones del debate público, especialmente cuando no existe transparencia sobre el origen o financiamiento de las campañas.
Por último, el quinto contempla posibles operaciones de seguridad vinculadas con organizaciones criminales. La clasificación estadounidense del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas ha generado interrogantes sobre las consecuencias de una eventual ampliación de las acciones de seguridad transnacional.
Estos cinco escenarios no constituyen pruebas de que todas estas acciones hayan ocurrido o pueda ocurrir, sin embargo, los autores argumentan su posibilidad en el historial administrativo del gobierno de Trump.
La controversia entre Brasil y Estados Unidos trasciende las diferencias entre Donald Trump, Lula da Silva y el sector político de Bolsonaro. En términos más amplios, plantea el problema de cómo los Estados latinoamericanos pueden mantener relaciones de cooperación con las grandes potencias sin comprometer su capacidad de decisión interna.
Es necesario resaltar que proteger la soberanía no implica necesariamente el aislamiento internacional. Brasil, como cualquier otro Estado, necesita establecer acuerdos comerciales, diplomáticos y de seguridad para afrontar desafíos que superan sus fronteras. Sin embargo, dichas relaciones deben desarrollarse respetando la independencia de sus instituciones, el ordenamiento jurídico y la libre determinación de sus procesos políticos.
En este escenario, resulta indispensable diferenciar tres fenómenos: la cooperación internacional legítima, la presión diplomática entre Estados y las acciones destinadas a interferir indebidamente en los asuntos internos de otro país.
Sin lugar a dudas, las tensiones entre Estados Unidos y Brasil a puertas de la segunda vuelta electoral reflejan la complejidad de las relaciones entre una potencia global que busca preservar su dominio geopolítico y un actor regional que intenta defender su autonomía política.
El caso brasileño demuestra que el debate sobre el intervencionismo estadounidense en América Latina ya no puede limitarse a las intervenciones militares que marcaron parte de la historia regional. En la actualidad, también debe considerar el papel de las sanciones económicas, las relaciones diplomáticas, las plataformas digitales y los mecanismos de cooperación en seguridad
