Este lunes la expresidenta presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para anular su vacancia presidencial. Sí, Dina quiere regresar al sillón que dejó hace menos de dos meses, y en las peores condiciones. Y, por si quedara alguna duda de su determinación, a diez días de haber sido destituida, también solicitó una pensión vitalicia de más de 35 mil soles, junto a un paquete completo de beneficios con los que el ciudadano de a pie no podría ni soñar.
Boluarte viene por todo. No solo quiere una pensión vitalicia, sino también un vehículo asignado, un trabajador CAS de libre elección con un sueldo de 3700 soles, pagados por nuestros impuestos, sin mencionar los 150 galones de combustible al mes y, por si fuera poco, también solicitó conservar su seguro de salud privado.
La escena es casi surrealista. Mientras el país intenta pasar la página y procesar un gobierno marcado por la represión, el desorden y la negligencia, Boluarte aparece intentando que todo vuelva a donde estaba antes del final. Su amparo asegura que el Congreso vulneró su derecho a la defensa. Curioso: cuando ella gobernaba, la palabra “defensa” significaba otra cosa para miles de familias que aún esperan justicia.
Un acto que demuestra que, si algo tiene claro la expresidenta, es que el poder puede perderse… pero los beneficios no se dejan a la suerte.
Para completar el cuadro, la audiencia judicial donde se evalúa su impedimento de salida del país terminó con un juez llamándole la atención, recordándole —en vivo y en directo— que no está en Palacio. Boluarte corrigió, se ajustó al protocolo, pero el mensaje ya estaba ahí: la expresidenta quiere recuperar un estatus que, institucionalmente, ya no le corresponde.
Finalmente fue vacada por “incapacidad moral permanente”, término muy ambiguo utilizado para retirar a múltiples presidentes del poder, pero que le sienta muy bien a esta última, dada sus muestras de desprecio por el país, tanto dentro como fuera del cargo.
