El pasado 29 de julio el Departamento de Educación de Estados Unidos determinó que la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) violó los derechos civiles de estudiantes judíos al no protegerlos adecuadamente del acoso y la discriminación en el campus.
La investigación, realizada por la Oficina de Derechos Civiles (OCR), concluyó que la universidad incumplió con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe toda forma de discriminación por origen nacional o religión percibida en instituciones que reciben fondos federales.
De acuerdo con el informe, varios estudiantes judíos fueron blanco de exclusión, amenazas y hostigamiento por su identidad o su presunta conexión con Israel, especialmente en el contexto de protestas propalestinas en el campus de Westwood en el 2024. Las autoridades universitarias habrían fallado en responder de forma oportuna y eficaz a estas denuncias.
Como parte del acuerdo alcanzado con el gobierno, UCLA deberá pagar 6,13 millones de dólares: 50 mil dólares para cada uno de los cuatro estudiantes demandantes, 2,33 millones en donaciones a ocho organizaciones que luchan contra el antisemitismo y respaldan a la comunidad judía universitaria y 3,6 millones en costos y honorarios legales.
La universidad también se comprometió a implementar medidas correctivas, que incluyen entrenamientos obligatorios para el personal, creación de nuevos canales de denuncia y monitoreo constante de incidentes relacionados con antisemitismo.
Este caso marca uno de los primeros fallos de este tipo tras el aumento de tensiones en campus universitarios de EE. UU. en medio del conflicto internacional.
Es importante señalar que según el ADL (Anti-Defamation League), los incidentes antisemitas en campus universitarios de Estados Unidos aumentaron en un 300 % tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamas en octubre de 2023, lo que ha encendido alarmas sobre la seguridad de comunidades judías en entornos académicos.
Al respecto, diferentes organizaciones globales como ADL y la Comunidad Judía de California han pedido que otras universidades actúen proactivamente. El caso también podría sentar precedente para futuras denuncias en otros centros académicos.
