El sábado 31 de octubre de 2026, en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se llevó a cabo la denominada “Marcha por la Vida”, una actividad organizada por el Movimiento Misionero Mundial con el propósito de recordar a las víctimas del Holocausto y de los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, así como expresar el respaldo de la comunidad evangélica hacia el Estado de Israel. Asimismo, uno de los principales mensajes de la ceremonia fue el rechazo al antisemitismo y a las expresiones de odio dirigidas contra el pueblo judío.
El evento reunió a más de tres mil jóvenes y contó con la presencia del embajador de Israel en el Perú, Gali Dagan, además de representantes de la comunidad judía peruana. La jornada estuvo acompañada de cantos religiosos y actividades de congregación, sin embargo, el elemento más llamativo fueron las numerosas banderas israelíes que fueron exhibidas por los asistentes.
Más allá de las expresiones de solidaridad y de los mensajes religiosos, ¿qué significa realmente respaldar al Estado de Israel en el contexto de la devastación que atraviesa la población palestina?
Es verdad que rechazar el antisemitismo es una obligación moral. Ninguna persona debería ser discriminada, perseguida o violentada por su identidad. Pero ¿en qué momento el rechazo al antisemitismo se convierte en una justificación para respaldar incondicionalmente las decisiones de un Estado? ¿Por qué algunos sectores de la comunidad evangélica parecen incapaces de distinguir entre el pueblo judío, el Estado de Israel y las acciones de sus gobernantes?
Lamentablemente, este respaldo se traduce, poco a poco, en una adhesión acrítica al Estado de Israel que termina justificando la muerte de civiles palestinos, minimizando su sufrimiento y desestimando las denuncias de organismos internacionales. Reconocer la existencia del Estado de Israel y condenar los ataques terroristas de Hamás no debería implicar guardar silencio ante las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población palestina. Sin embargo, este apoyo incondicional únicamente contribuye a alimentar el rechazo hacia los palestinos, la deshumanización de la población árabe y la justificación de la violencia ejercida contra ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a pastores presentar como “necesaria” la muerte de miles de civiles a fin de garantizar la “protección” del Estado de Israel? ¿En qué momento la defensa de la seguridad nacional deja de ser legítima y se convierte en una justificación de la violencia desproporcionada? ¿Acaso la solidaridad con un pueblo exige guardar silencio ante el sufrimiento de otro?
Gaza: cuando la defensa de la vida parece tener excepciones
En octubre de 2023, el Gobierno israelí presentó su ofensiva militar sobre Gaza como una respuesta a los ataques de Hamás, que dejaron alrededor de 1200 personas muertas en Israel y más de 200 personas secuestradas. La condena de estos ataques y la exigencia de liberar a los rehenes eran necesarias. Sin embargo, ninguna atrocidad cometida por Hamás podía convertirse en una justificación para castigar colectivamente a la población palestina.
El alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tampoco significó el fin de la violencia. Según UNICEF, más de 340 niños palestinos habían sido reportados muertos desde el inicio de esa tregua hasta octubre de 2026. La persistencia de los ataques y las restricciones humanitarias demuestra que un acuerdo de alto el fuego no garantiza, por sí solo, la protección de la población civil.
En la actualidad, Gaza continúa siendo la sombra de la ciudad que algún día fue. La infraestructura básica se encuentra profundamente deteriorada, sin viviendas, hospitales ni centros educativos. La población ha terminado relegada a refugiarse en centros improvisados, expuestos a enfermedades causadas por la ausencia de higiene y sufriendo una extrema escasez de alimentos y medicamentos. Detrás de cada estadística hay familias que han perdido sus hogares, niños que han quedado sin padres y personas que deben intentar sobrevivir en condiciones que difícilmente pueden considerarse dignas.
No estamos hablando únicamente de una controversia política ni de una diferencia entre dos ideologías. Estamos hablando de seres humanos cuya dignidad y cuyo derecho a vivir parecen quedar relegados cuando sus sufrimientos interfieren con determinadas convicciones religiosas o alianzas ideológicas.
Además, la gravedad de lo ocurrido ha sido documentada por organismos internacionales. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas concluyó que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes habían cometido genocidio contra la población palestina de Gaza, identificando cuatro de los cinco actos contemplados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Asimismo, durante los últimos años, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos sin Fronteras, B’Tselem, entre otras, han denunciado asiduamente los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel. En informes anteriores, han llegado a evidenciar la existencia de abuso sexual, tortura, encarcelamientos arbitrarios y asesinatos a menores de edad tan vulnerables como bebés de apenas diez meses. No obstante, pareciera que ciertos sectores de las comunidades evangélicas siguen encasillándose en afirmar que todas aquellas evidencias recolectadas por grupos especializados e independientes son falsas y que, irónicamente, las únicas cifras verídicas son aquellas provenientes del Estado de Israel o Estados Unidos.
Ante estos hechos, ¿cómo es posible que determinados sectores religiosos continúen defendiendo incondicionalmente al Gobierno israelí? ¿Por qué algunas comunidades parecen considerar que las denuncias de organismos internacionales, organizaciones humanitarias y especialistas en derechos humanos son menos confiables que las declaraciones de las propias autoridades involucradas en el conflicto?
Si creemos que la justicia, la misericordia y la dignidad humana son principios fundamentales de la fe cristiana, ¿por qué habríamos de suspenderlos cuando las víctimas pertenecen a otro pueblo? ¿En qué momento una lectura profética puede adquirir más importancia que el mandato de amar al prójimo? ¿Cómo es posible que los cristianos evangélicos “defiendan la vida” desde los púlpitos y, al mismo tiempo, justifiquen discursos que presentan la muerte de civiles como un costo necesario para alcanzar determinados objetivos políticos o religiosos?
La fe cristiana no debería depender de la bandera que representa a quienes sufren. La vida de un niño palestino no tiene menos valor que la de un niño israelí y ninguna interpretación profética debería convertir esa diferencia en una cuestión negociable.
