Durante el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, la iglesia católica y otras organizaciones religiosas, tanto como líderes y feligreses, han sido objeto de una persecución sistemática. El gobierno ha hecho uso del poder político para encarcelar, expulsar y expropiar bienes de los disidentes.
La Revolución Sandinista y las heridas de los ochentas.
La tensa relación de los líderes de la Revolución Sandinista y la Iglesia católica que se vivió en los años 80, surgió como respuesta a la postura de esta última a favor de sus opositores. La realidad es que, desde esos tiempos se politizó la fe al otorgar cargos gubernamentales a algunos de sus representantes, generando divisiones internas.
Para el sandinismo la Iglesia católica representó un adversario con la capacidad de generar movilizaciones entre los ciudadanos y fomentar la oposición contra la revolución y sus intereses políticos, al cuestionar sus decisiones respecto al manejo del poder, la aprobación de políticas con enfoques totalitarios y la restricción de derechos fundamentales. Bajo esa premisa, Ortega comprendió que el sector religioso era clave por su impacto en la opinión de los ciudadanos. Así, este grupo podía convertirse en un poderoso aliado o en un gran obstáculo para alcanzar sus objetivos políticos.
El gran pacto de 2006
Ortega, tras su pésimo primer gobierno (1985-1990), intentó lograr nuevamente alcanzar la presidencia de Nicaragua hasta en tres oportunidades, no obstante tras sus continuas derrotas replanteó su táctica e inició su acercamiento con Obando y Bravo, el primer cardenal de centroamérica nombrado por el papa Juan Pablo II y, quien fuera su archienemigo y principal detractor de los sandinistas. Como parte de su estrategia electoral, el cardenal fue quien ofició el matrimonio religioso entre Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2005, respaldando así su candidatura en 2006.
Con estos actos públicos se oficializa el pacto entre Obando y Bravo y Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyo costo se demostró con la aprobación de la eliminación del aborto terapéutico. Por ello, la bancada de la FSLN y otros partidos conservadores, a pocas semanas de los comicios de 2006, recortaron los derechos de las mujeres nicaragüenses a cambio de apoyo eclesiestial.
La propaganda cristiana de Murillo
Con el lema de reconciliación y unidad nacional para Nicaragua, llega el triunfo de Ortega en las elecciones presidenciales de 2006. En este escenario, el discurso oficialista se revistió de un tinte religioso, alegando ser un gobierno cristiano, socialista y solidario. Con Murillo como su portavoz, además de primera dama y vicepresidenta, incluyó en la comunicación diaria del gobierno referencias bíblicas, presentando al oficialismo como un protector de la moralidad a través de una supuesta sacralización de sus políticas. Esta estrategia no solo tuvo impacto en los fieles de la Iglesia católica, sino que amplió su alcance hacia las demás organizaciones religiosas.
La ruptura de la alianza
En 2018, con las protestas de abril por las modificaciones al sistema de seguridad social, donde jóvenes y adultos mayores sufrieron una represión estatal severa y asesinatos a estudiantes universitarios. Frente a estos hechos de abuso de poder, la Iglesia católica intervino para dar resguardo a los manifestantes heridos por parte de agentes policiales y parapoliciales.
No obstante, el gobierno interpretó estas acciones como conspiraciones, acusando a representantes de la jerarquía eclesiástica de premeditación para un golpe de Estado. Es así que, la relación se deterioró progresivamente, siendo los representantes de la Iglesia católica calificados como enemigos del gobierno, al brindar ayuda humanitaria a los manifestantes y no posicionarse a favor de las acciones del oficialismo.
Las cifras de las persecuciones.
Diferentes organismos internacionales y organizaciones independientes han documentado detenciones arbitrarias, expulsiones y otras medidas contra integrantes de comunidades religiosas.
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, entre abril de 2018 y marzo de 2024 se registraron 73 detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas.
Por su parte, el Colectivo Nicaragua Nunca Más reportó al menos 261 religiosos desterrados, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal, así como el cierre de 5.609 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 1.294 eran religiosas.
Estas cifras reflejan el alcance de las medidas contra la sociedad civil y las instituciones religiosas. Las restricciones al acceso a información oficial dificultan, además, la verificación independiente de la magnitud total de la persecución.
La utilización de la fe como instrumento de poder
La historia del ascenso al poder de Ortega es la muestra de cómo se puede emplear la religión para acceder y conservarse en el poder. La búsqueda de alianzas, ofreciendo favores a cambio de la legitimidad, alineándose a una narrativa que los simpatizantes desean escuchar, puede lograr la consolidación del apoyo popular. No obstante, una vez logrado el objetivo, la mayoría de gobiernos solo mantienen a sus aliados iniciales mientras estos puedan generar un beneficio continuo o no representen una oposición a su mandato.
En conclusión, estos hechos evidencian la responsabilidad que recae en las autoridades eclesiásticas para no permitir ser utilizados como parte de estrategias políticas. El apoyo de Obando y Bravo sirvió precisamente para que Ortega logrará captar al electorado, restando valor a la autoridad moral que el cardenal representaba. Hoy en día, los efectos de ese pacto continúan fragmentando a Nicaragua, afectando de manera directa a los ciudadanos que hoy enfrentan persecución política y religiosa, donde el Estado sigue aprobando medidas para consolidar la dictadura, volviendo cada vez más lejana la posibilidad de recuperar el acceso a los derechos fundamentales.
