La Enmienda 19 de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1920, garantiza que el derecho al voto no puede negarse por razón de sexo. Durante más de cien años ha sido uno de los pilares de la democracia estadounidense. Sin embargo, en los últimos meses, ese derecho ha vuelto al centro de la discusión política.
El principal detonante es el SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility Act), una propuesta respaldada por el presidente Donald Trump que busca exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales.
Aunque el objetivo declarado de la iniciativa es impedir el voto de ciudadanos no estadounidenses, organizaciones defensoras de los derechos civiles sostienen que la medida impondrá nuevos obstáculos para millones de votantes elegibles.
Entre los grupos más afectados estarían mujeres casadas que cambiaron su apellido, personas transgénero y ciudadanos que modificaron legalmente su nombre, ya que sus documentos actuales podrían no coincidir con sus certificados de nacimiento.
Algunas organizaciones estiman que más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses en edad de votar no disponen fácilmente de la documentación exigida, mientras que cerca de 69 millones de mujeres casadas tienen certificados de nacimiento que no coinciden con su nombre legal actual.
Los promotores de la ley responden que los estados podrán aceptar documentación adicional o declaraciones juradas para resolver esas diferencias, aunque expertos señalan que el texto deja amplios márgenes de interpretación.
El resurgimiento del discurso contra el sufragio femenino
Paralelamente al debate legislativo, algunos referentes del nacionalismo cristiano han vuelto a cuestionar públicamente el derecho al voto de las mujeres.
Uno de ellos es el pastor Doug Wilson, fundador de la Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC), quien sostiene una visión patriarcal de la familia y ha defendido que el hombre debe ejercer la autoridad del hogar. Entre sus frases más difundidas figura: «Las mujeres son el tipo de personas de las que salen otras personas», expresión utilizada para explicar su concepción de los roles femeninos.
Wilson también ha defendido el llamado «household voting» o voto por hogar, una propuesta según la cual el jefe de familia —generalmente el esposo— emitiría el voto representativo de toda la unidad familiar.
La relevancia política de Wilson aumentó debido a que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, pertenece a una congregación afiliada a la iglesia fundada por el pastor y ha reconocido públicamente que aprecia parte de sus enseñanzas. No obstante, el Pentágono afirmó posteriormente que Hegseth sí apoya el derecho de las mujeres a votar, pese a la controversia generada por compartir un video donde se defendía la derogación de la Enmienda 19.
Otro de los nombres que ha ganado notoriedad es el pastor Dale Partridge, quien sostiene que la política estadounidense se ha «feminizado» y que las mujeres votan principalmente desde las emociones.
Partridge ha manifestado que considera conveniente derogar la Enmienda 19 y ha llegado a afirmar que el sufragio femenino podría desaparecer en aproximadamente una década. Estas declaraciones corresponden a sus opiniones personales y no forman parte de ninguna propuesta oficial del gobierno estadounidense.
¿Existe un plan para eliminar el voto femenino?
Hasta la fecha no existe ningún proyecto presentado por la administración Trump ni por el Congreso que proponga derogar la Enmienda 19. Tampoco hay una iniciativa legislativa formal para retirar el derecho al voto a las mujeres.
Sin embargo, organizaciones defensoras de la democracia advierten que el endurecimiento de los requisitos para registrarse como votante, sumado al crecimiento de discursos que cuestionan el sufragio femenino desde sectores religiosos ultraconservadores, refleja un cambio en el debate político estadounidense que parecía impensable hace apenas algunos años.
Mientras tanto, el SAVE Act continúa siendo objeto de un intenso enfrentamiento entre quienes lo consideran una herramienta para fortalecer la integridad electoral y quienes sostienen que podría traducirse en nuevas barreras para millones de ciudadanos con derecho a votar.
