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Entre la capital y el país real: López Aliaga frente a su derrota electoral

Exigir la nulidad de un proceso electoral por el simple hecho de no compartir su desenlace no fortalece la democracia, sino que la debilita.

Hay momentos en la vida —y especialmente en la política— en los que se espera algo tan básico como la autocrítica. Ese ejercicio incómodo pero necesario que implica reconocer errores, evaluar decisiones tomadas y aceptar que, a veces, el resultado simplemente no es el esperado. Sin embargo, no todos están dispuestos a transitar ese camino. Desde que se conocieron los resultados de las elecciones del pasado 12 de abril, Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, ha optado por una ruta totalmente distinta. El conocido popularmente como “Porky” ha decidido transformar la derrota en sospecha de fraude electoral, como si el problema no pudiera ser nunca las propuestas políticas del partido celeste, el mensaje o la desconexión con el país, sino necesariamente las instituciones responsables de contabilizar los votos.

Es cierto que la llamada “ola celeste” tuvo fuerza y visibilidad. Esta logró expandirse con rapidez en Lima, especialmente en los distritos más pudientes, donde su discurso encontró una base sólida de respaldo. Pero el Perú no se agota en la capital, ni mucho menos en sus sectores más privilegiados. Más allá de esa geografía política, existe un país que vive otras realidades, que enfrenta problemáticas distintas y que ha desarrollado, a lo largo de los años, una relación profundamente marcada por la ausencia del Estado. Ese país, del interior, el de las provincias, el que llega a ser escuchado por el aparato público, votó de manera diferente. Y es justamente en esa diferencia donde aparece el conflicto que López Aliaga parece incapaz de comprender.

Porque cuando el resultado no coincide con las expectativas, siempre existe la tentación de cuestionar al votante en lugar de revisar al candidato. Así, lo que debería ser un proceso de reflexión interna a nivel del partido se convierte en una narrativa de fraude que, hasta el momento, no ha sido acompañada por pruebas concretas. Exigir la nulidad de un proceso electoral por el simple hecho de no compartir su desenlace no fortalece la democracia, sino que la debilita, porque implica desconocer la voluntad de millones de ciudadanos cuya única “falta” ha sido votar distinto. En este contexto, López Aliaga está entrando en un terreno conocido y, lastimosamente, compartido por millones de peruanos; el de desconocer la pluralidad del Perú.  

En este contexto, López Aliaga incurre en un vicio conocido y, lastimosamente, compartido por un sector del país: el de ignorar la pluralidad del Perú. Bajo esta premisa, lo más alarmante no es la denuncia carente de sustento, sino el clima de hostilidad que esta suscita. Estas narrativas de rechazo trascienden los muros institucionales para ensañarse con la ciudadanía; específicamente con quienes, desde las regiones, ejercieron su voto en función de una identidad y unas experiencias y necesidades que el centralismo insiste en desconocer.

Tristemente, esta narrativa del fraude ha captura la exposición del racismo interiorizado que todavía persiste en los peruanos. Lo que sigue es la estigmatización, descalificación y un lenguaje que busca desacreditar identidades. En ese proceso, resurgen expresiones que no solo son políticamente irresponsables, sino que profundamente peligrosas.

No obstante, pareciera que López Aliaga no llega a entender que es sumamente difícil, por no decir imposible, construir una base de apoyo nacional cuando, de manera reiterada, se ha mostrado desprecio hacia amplios sectores de ese mismo país. ¿Cómo esperar conseguir respaldo de quienes han sido reducidos a estereotipos por sus palabras? ¿Cómo aspirar a representar a una población cuya realidad se desconoce o se minimiza? El terruqueo frente a las demandas del sur, el respaldo a las irregularidades policiales que derivaron en la muerte de más de cincuenta peruanos durante las protestas de diciembre de 2022, y la falta de empatía hacia las familias que aún exigen justicia, no son hechos menores, son señales claras de una desconexión que, tarde o temprano, se reflejarían en las urnas.

En ese contexto, la sorpresa electoral deja de ser – valga la redundancia – tan sorprendente. El voto es una expresión política que responde a experiencias concretas, a historias distintas y a una relación desigual con el Estado. Pretender que todos voten bajo los mismos criterios es desconocer la complejidad del país, pero pretender que quienes no lo hacen están equivocados o han sido manipulados es aún más grave ya que constituye una forma de mirar al otro desde una posición de superioridad, ya sea moral o educativa.

Porque ahí ya no estamos hablando de política, sino de una forma de mirar al otro desde una posición de superioridad. El voto de una persona del interior del país vale exactamente lo mismo que el de una persona en San Isidro. No hay jerarquías, no hay excepciones, no hay votos “más válidos” que otros. Esa es la base de cualquier sistema democrático, aunque a veces resulte incómodo aceptarlo. Quizá el problema nunca fue el fraude que se denuncia con tanta insistencia, quizá el problema fue asumir que el país era más pequeño, más homogéneo y más predecible de lo que realmente es.

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