El pasado mes de febrero, la bancada de Renovación Popular presentó el Proyecto de Ley N° 10342, una iniciativa que pretende eliminar el delito de feminicidio del Código Penal peruano para reemplazarlo por el término “asesinato de pareja”. Según los autores del proyecto, esta modificación es necesaria bajo el argumento de que la normativa actual genera una supuesta «discriminación» hacia los hombres en el país.
La propuesta ha desatado una fuerte ola de indignación, cuestionamiento y preocupación en diversos sectores de la sociedad peruana y en organismos internacionales, quienes advierten que su diseño responde a fundamentos ideológicas y confesionales, y que, de implementarse, dificultaría todavía más la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, a pesar de estos levantamientos, Renovación Popular ha desistido acatar estas críticas.
En este contexto, las reciente declaraciones del congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, no solo han vuelto a generar polémica, sino que demuestran la alarmante banalización del feminicidio y violencia de género que promueve el partido celeste.
Durante la entrevista, Muñante afirmó con ligereza que el feminicidio, entendido como “matar a una mujer por ser mujer”, simplemente no ocurre en el Perú y que este delito es demasiado subjetivo y, por ello, no responde a la realidad penal actual. No obstante, su razonamiento apela a una completa literalidad absurda:
“Nadie mata a una mujer por ser mujer, porque de lo contrario tendríamos a hombres saliendo a las calles y a la primera mujer que encuentra la matan por el solo hecho de ser mujer. Concurren diferentes circunstancias y factores que introducen a un hombre a matar a su pareja (…) pero el artículo dice el que mata a una mujer por ser mujer. Es un tema más subjetivo que objetivo”.
Afirmar que el delito del feminicidio es sencillamente “matar a una mujer por ser mujer” parte de una interpretación errónea y deliberadamente reduccionista. El tipo penal del feminicidio no se construyó sobe la idea de una violencia espontánea y abstracta de un hombre individual hacia cualquier mujer que encuentre en la vía pública; se fundamenta, en cambio, en la existencia de una violencia estructural normalizada, en relaciones de poder asimétricas y en dinámicas de dominación.
En este sentido, feminicidio significa asesinar a una mujer dentro de un contexto de subordinación, control y misoginia. No constituye un ataque aleatorio; es más, en la gran mayoría de los casos, es el desenlace trágico de un ciclo previo de violencia familiar
Feminicidio significa asesinar a una mujer dentro de un contexto de subordinación, control o misoginia. No es un ataque aleatorio; en la gran mayoría de los casos, es el desenlace trágico de un ciclo previo de violencia familiar, acoso o amenazas donde el agresor actúa bajo una lógica de posesión y castigo.
Reducir este fenómeno a la caricatura del hombre que sale a la calle a matar a una mujer al azar no solo es incorrecto, sino que invisibiliza con burla la forma real en que ocurre la violencia de género.
El argumento de la “subjetividad” también es problemático en el elemento discursivo del congresista Muñante. Todos los delitos que implican motivaciones, como el homicidio por lucro, el crimen de odio o incluso la legítima defensa, requieren interpretación y análisis de los hechos. El derecho penal no opera en un vacío mecánico, está obligado a analizar contextos, intenciones y circunstancias. Pretender que el feminicidio es inválido y debe eliminarse por ser “subjetivo” implicaría cuestionar también buena parte del sistema penal en su conjunto, algo que Renovación Popular evidentemente no propone para otros delitos.
Ideología disfrazada de legalidad
Mientras el congresista Muñante y su bancada alegan que quienes defienden el tipo penal de feminicidio lo hacen por seguir una «agenda ideológica radical» que busca poner a la mujer por encima del hombre, la realidad es exactamente al revés. Es el Proyecto de Ley N° 10342 el que carece de sustento técnico y responde a una agenda netamente ideológica: el ala más conservadora intentando borrar de las leyes un problema social innegable.
En un país con tasas alarmantes de violencia contra la mujer, y con todos los informes, documentos, publicaciones y artículos académicos disponibles sobre la violencia de género y el feminicidio, todavía asombra como algunos funcionarios públicos continúan negando la existencia de una violencia estructural que enfrentan miles de mujeres.
Que un legislador reduzca el feminicidio a la caricatura de «un hombre matando en la calle al azar» no solo es un error conceptual por desconocimiento técnico; es una burla hacia las víctimas y un peligroso retroceso en las políticas de prevención y justicia.
