A pocos días de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficialice los resultados de los comicios del domingo 12 de abril, Rafael López Aliaga ha vuelto a encender la polémica al insistir en la existencia de un presunto fraude electoral en su contra. En una entrevista para CTV Perú con la periodista Claudia Toro, el líder de Renovación Popular presentó una narrativa compleja donde diversas «fuerzas», tanto nacionales como internacionales, habrían operado en conjunto para impedir su llegada al poder y facilitar la entrada del comunismo al aparato público peruano.
Las tres “mareas” de la conspiración
Según sus declaraciones, existirían tres “fuerzas” o “mareas” que luchan “en contra del Perú” para financiar las instituciones peruanas encargadas del proceso electoral como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones.
En primer lugar, se encuentra la llamada “marea negra”, fuerza compuesta por el empresariado corrupto. López Aliaga señaló directamente a grupos como Odebrecht, Club de la Construcción, Graña y Montero, y los oligopolios bancarios, afirmando que estos sectores lo ven como una amenaza a sus intereses. Según sus palabras, él les impediría “cobrar tasa de interés de usura”. Asimismo, el líder de Renovación Popular enfatizó que esta «marea» no es solo local, sino que tiene un fuerte componente brasileño y chino,sugiriendo que el gigante asiático también formaría parte de este engranaje para desplazarlo de la carrera electoral.
Luego, también existiría una “marea roja comunista” integrada por fuerzas extranjeras que califico como “narcodictaduras”. Según la premisa de su teoría, actores de Bolivia, Venezuela, Chile y Cuba, estarían operando en territorio peruano para desestabilizar el sistema e instaurar la ideología comunista. “Tu no crees que están acá en Perú?”, afirmó.
Por último, estaría una “marea verde”, donde incluyó a organizaciones de derechos humanos, mencionado específicamente al Instituto de Defensa Legal (IDL). López Aliaga los acusa de promover “conceptos criminales” contra la “vida, la familia y la libertad”.
Para el líder de Renovación Popular, estas tres corrientes confluyen en una estructura gigantesca que habría financiado o favorecido la supuesta manipulación de los resultados electorales.
Entre la sospecha y la evidencia
El nudo crítico de estas afirmaciones no es solo su tono alarmista, sino la ausencia de evidencia concreta. López Aliaga intenta sostener una teoría donde actores tan disímiles como empresas, ONG, bancos, organismos internacionales, gobiernos e incluso potencias extranjeras estarían coordinando conjuntamente operaciones para impedir que un candidato peruano llegue a una segunda vuelta electoral.
Esta lógica desplaza los factores políticos y sociales reales de la elección, sustituyéndolos por una conspiración transnacional de proporciones épicas. En la práctica, el discurso busca transformar una derrota electoral en una exclusión forzada por una red oscura de enemigos abstractos.
La narrativa resulta todavía más extrema si se considera que tanto la Organización de los Estados Americanos (OEA) como la misión de observación de la Unión Europea (UE) descartaron indicios de fraude sistemático en el proceso electoral peruano. Es verdad que se registraron problemas logísticos y retrasos en la apertura de mesas, pero ninguna de estas entidades concluyó que existiera una manipulación estructural de resultados que comprometa la integridad de la elección.
Mientras la ciudadanía exige pruebas tangibles frente a las constantes demandas de fraude electoral, el discurso del líder de Renovación Popular se refugia en acusaciones que terminan siendo simplemente ideológicas. En democracia, cuestionar un proceso y exigir transparencia es un derecho legítimo, sin embargo, convertir una derrota en una teoría conspirativa global sin sustento verificable no “defiende el voto de los peruanos”, según afirma López Aliaga, caso contrario, solo continúa polarizando a la población, y reforzando el rechazo hacia las instituciones.
