En medio de una de las coyunturas electorales más tensas de los últimos años en el Perú, el escenario político se encuentra marcado no solo por la incertidumbre sobre quienes serán los candidatos que participarán en la segunda vuelta, sino también por el progresivo deterioro de la narrativa presentada en el discurso público por los líderes de diversos partidos políticos. Las recientes acusaciones de fraude electoral, lanzadas sin un sustento probatorio verificable, han contribuido a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones, en un momento en el que la estabilidad democrática debería ser prioritaria.
Uno de los principales protagonistas de esta narrativa ha sido Rafael López Aliaga, quien ha insistido en denunciar un supuesto fraude orquestado por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas concretas que permitan activar los mecanismos legales correspondientes.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Misión de Observación Electoral, ha sido clara en señalar que durante la jornada se registraron problemas logísticos graves, particularmente retrasos en la apertura de locales de votación. Sin embargo, descartó la existencia de fraude. De la misma manera, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea negó un supuesto fraude electoral y sostuvo que, pese a los problemas logísticos, estos no comprometieron la validez de los resultados ni la transparencia del sistema. En otras palabras, el proceso fue imperfecto, pero no fraudulento.
Sin embargo, como afirma el jefe de misión de la Unión Europea, Víctor Rico, estas deficiencias “alimentaron narrativas de fraude difundidas en algunos sectores políticos desde la etapa preelectoral”. Es decir, es innegable la ineficiencia pública y la existencia de fallas durante las elecciones del domingo 12 de abril, pero estas no afectaron la integridad del proceso electoral. No obstante, su impacto sí se evidenció en el discurso político y en la movilización social.
En un Estado de derecho, las acusaciones de esta naturaleza no solo requieren evidencia sólida, sino que deben canalizarse a través de las vías institucionales establecidas. De lo contrario, se convierten en instrumentos de desinformación que socavan la legitimidad del proceso electoral. Ya la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha comenzado un proceso de investigación preliminar contra Piero Corvetto.
Sin embargo, lejos de contribuir a esclarecer los hechos mediante sustento probatorio sólido y esperar la resolución de la JNJ, algunos actores políticos han optado por amplificar sus denuncias en el plano mediático. Tal es el caso de Rafael López Aliaga, quien ha presentado una denuncia penal contra Piero Corvetto alegando la existencia de un supuesto fraude electoral en su contra. No obstante, el problema radica en que dicha denuncia no estaría acompañada de pruebas suficientes que permitan acreditar la comisión de un fraude como el que se sostiene públicamente. Pese a ello, el propio López Aliaga ha llegado a exigir la nulidad total del proceso electoral.
Como hemos señalado, el problema no es la acusación en sí, sino su falta de correlato probatorio. En una sociedad democrática, la denuncia sin evidencia no activa ningún mecanismo legal. No deriva a una revisión, sanción o nulidad si no se presentan pruebas concretas que sustentan la gravedad de lo afirmado.
Más aún, el planteamiento de anular las elecciones carece de viabilidad jurídica. La nulidad de un proceso electoral completo no es una figura aplicable de manera discrecional ni política, sino que está sujeta a causales específicas que, en este caso, no se configuran bajo los hechos observados. Pretender lo contrario no solo desinforma, sino que distorsiona el marco constitucional.
A este escenario se suma un dato que debería encender alertas más profundas: las elecciones del domingo 12 de abril registró más de dos millones de votos en blanco. Esta cifra es una expresión clara del desencanto político, de un electorado que, enfrentado a opciones que no lo representan, opta por retirarse simbólicamente de la disputa. Lamentablemente la clase política dirigente, lejos de tomar responsabilidad a estos datos, decide profundizar la incertidumbre mediante discursos irresponsables.
Esto se agrava cuando dichas denuncias vienen acompañadas de expresiones que degradan aún más el debate público. Las recientes declaraciones de López Aliaga contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no solo constituyen un agravio personal, sino que muestran el preocupante discurso agresivo del líder de Renovación Popular. A estas alturas, es posible afirmar que la estrategia política de López Aliaga es convertir el lenguaje y discurso en violencia simbólica, lanzando ataques e intimidaciones a quienes interpreta como “adversarios”. Pero, este recurso solo normaliza la idea de que el poder público puede llegar a ejercerse desde el miedo y fuerza, y no necesariamente desde la legitimidad.
“Si a las ocho de la noche de mañana no está esta buena porquería, no declara nulo esta porquería, Señor Burneo prepárese a su propio plan Morrocoy. Morrocoy ya sabe por donde se lo voy a meter. El Morrocoy se lo vamos a meter ya sabe por donde. Bien grandazo lo va a tener, un morrocoy enorme, para que te comportes como hombre»
🚨 “Si hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones le voy a meter todo mi plan Morrocoy, bien grandazo para que se haga hombre”
— Christian Bustamante ® (@chrisbustc) April 15, 2026
LOCURA TOTAL. López Aliaga amenaza a Pdte. del @JNE_Peru Roberto Burneo y le da ultimátum, caso contrario llamará a la insurgencia civil. pic.twitter.com/bl2qK5KKet
Si lo que desea López Aliaga es el respaldo popular, lo está buscando desde a través de las vías equivocadas.
La organización de las elecciones ha demostrado la todavía deficiente gestión pública que el Perú tiene, sin embargo, en vez de tratar estas irregularidades reales con seriedad, en cambio son instrumentalizadas para sostener una narrativa política sin pruebas concretas.
