El partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, anunció el 24 de febrero que no otorgará el voto de confianza en el Congreso y que evalúa presentar una moción de censura contra el elegido presidente de la República, José María Balcázar, en medio de lo que califican como un “pacto de la mafia” que estaría operando desde el Parlamento.
🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/FILU2cuVeG
— Renovación Popular (@Renovacion_Peru) February 25, 2026
A través de un comunicado oficial, la agrupación sostuvo que existe un acuerdo político que estaría condicionando decisiones clave dentro del Congreso, lo que —según argumentan— justificaría una medida de censura para “transparentar” el comportamiento de las bancadas.
Renovación Popular adelantó que, de prosperar la moción, solicitará que la votación se realice de manera pública y no secreta. El objetivo, afirman, es que la ciudadanía pueda conocer el sentido del voto de cada congresista y exigir rendición de cuenta, instando que el país y la ciudadanía necesita claridad.
El anuncio generó reacciones mixtas en el ámbito político y en la opinión pública, sin embargo, el rechazo ha sido el más predominante. Mientras sectores afines respaldaron la postura del partido, otras voces advirtieron que una nueva moción de censura podría profundizar la ya frágil estabilidad política del país. Para un sector importante de la ciudadanía, abrir un nuevo frente de debate en el legislativo implicaría regresar – una vez más – a un escenario de incertidumbre, en especial cuando las elecciones generales se encuentran próximas.
En ese contexto, la iniciativa parece responder más a una estrategia de reposicionamiento político que a una genuina búsqueda de estabilidad institucional. Tras la destitución de José Jerí, impulsada por la propia bancada, y la posterior elección de José María Balcázar, Renovación Popular fue duramente cuestionada por activar un mecanismo de censura sin haber consolidado previamente alianzas sólidas dentro del mismo congreso ni medir el costo político de la jugada. El desenlace terminó siendo adverso para el país como para sus propios intereses, ya que la nueva gestión es percibida por distintos sectores como incluso más problemática que la anterior. Bajo esa lectura, la nueva moción podría interpretarse como un intento de recuperar la aprobación pública en un escenario marcadamente preelectoral.
El Congreso peruano ha atravesado en los últimos años diversos episodios de censuras, cambios en la Mesa Directiva y crisis institucionales que han impactado la gobernabilidad. En ese contexto, la eventual presentación de una nueva moción reabre el debate sobre el uso de este mecanismo como herramienta de control político o como factor de inestabilidad.
