Más de una decena de asesinatos registrados en los primeros días del año en Lima y Callao han vuelto a colocar la inseguridad ciudadana en el centro del debate público, pese a que desde el Ejecutivo se sostiene que los indicadores de criminalidad muestran una tendencia a la baja.
El presidente interino, José Jerí, afirmó recientemente que las cifras oficiales evidencian una reducción progresiva de los delitos y señaló que los hechos violentos responderían a acciones “sincronizadas” de organizaciones criminales con la finalidad de ‘desestabilizar su gobierno’.
En ese contexto, el mandatario indicó que el Poder Ejecutivo mantiene un diálogo permanente con los gremios de transportistas a través del Ministerio del Interior, con el objetivo de coordinar medidas de seguridad. No obstante, estas declaraciones fueron cuestionadas por representantes del sector. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, quien aseguró que no existe comunicación directa con el Ejecutivo desde septiembre de 2024, versión que contrasta con lo señalado por el Gobierno.
Ante esta situación, distintos gremios confirmaron la realización de un paro nacional de transportistas para este 15 de enero. La movilización incluirá la suspensión del servicio y el desplazamiento de más de 12 mil unidades afiliadas a Transportes Unidos, en demanda de acciones concretas frente a la violencia. A esta medida se suma la postura de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, cuyo presidente, Julio Rau Rau, anunció un “apagado de motores” y el envío de un representante al Congreso de la República para exponer la situación del sector.
Si bien el transporte público se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la crisis de seguridad, los efectos del crimen organizado se extienden a otros ámbitos de la economía y la vida urbana. Según reportes oficiales, la extorsión afecta a comerciantes, pequeños empresarios, mercados, colegios privados y emprendimientos familiares, muchos de los cuales operan bajo amenazas constantes o se ven obligados a cerrar temporalmente o cambiar de ubicación.
De acuerdo con información recogida por La República, más de dos millones de empresas en el país se encuentran afectadas por la criminalidad organizada, principalmente a través de cobros extorsivos y amenazas, una situación que impacta directamente en el empleo y la actividad económica. Este escenario se ve reflejado en las cifras del 2025, considerado el año más violento del que se tenga registro reciente, con un aumento sostenido de homicidios y delitos vinculados a bandas criminales, según datos recopilados por Infobae y El Comercio.
El inicio del 2026 ha mantenido esa tendencia, con reportes de asesinatos incluso en zonas declaradas en estado de emergencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas implementadas hasta ahora.
Entre las principales demandas de los gremios y sectores afectados se encuentran la derogación de las leyes procriminalidad, un refuerzo sostenido de la presencia policial, estrategias efectivas contra la extorsión y garantías mínimas para desarrollar actividades económicas sin temor a represalias. Estas exigencias no se limitan al transporte, sino que recogen preocupaciones compartidas por comerciantes, empresarios y ciudadanos que conviven diariamente con el impacto de la violencia.
Finalmente, más allá de los discursos, será la respuesta concreta de las autoridades la que permita dimensionar si las medidas anunciadas logran atender una crisis que impacta de manera directa no solo a la ciudadanía, sino que también a los comercios y a la economía de nuestro país.
