El gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones económicas y financieras contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la magistrada japonesa Tomoko Akane, y el abogado principal de juicios, Abdoulaye Seye.
La medida busca cuestionar de forma directa el funcionamiento y legitimidad del tribunal con sede en La Haya y surge como respuesta a las investigaciones del organismo sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza, así como indagatorias previas sobre la actuación de tropas estadounidenses en Afganistán.
Las sanciones implican la congelación de eventuales activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición absoluta a los sancionados de realizar operaciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó las represalias argumentando que las actuaciones del tribunal internacional vulneran la soberanía nacional de su país. A través de sus canales oficiales en redes sociales, Rubio calificó al organismo de «corrupción y fatalmente politizado», acusándolo de emplear sus competencias para abusar de su autoridad e interferir en asuntos de Estados que no han suscrito su tratado constitutivo.
Last month, I launched a diplomatic campaign to dismantle the ICC’s threat to our national sovereignty. The Trump Administration is sanctioning ICC President Tomoko Akane and Senior Trial Lawyer Abdoulaye Seye in our unwavering mission to protect Americans from this sham of a…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 18, 2026
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplaudió la decisión de la Casa Blanca, denunciando lo que calificó como una «extralimitación ilegítima» del tribunal. Según el ministro israelí, la CPI constituye “una farsa” que encubre su “abuso de poder” mediante la aplicación del derecho internacional. Cabe señalar que al igual que Estados Unidos, Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado internacional firmado por más de 120 países para perseguir delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Recordemos también que, en noviembre del 2024, la CPI anunció órdenes de arresto internacional contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, bajo la acusación de haber cometido crímenes de guerra durante las ofensivas militares en Gaza.
Desde su sede en La Haya, la Corte Penal Internacional emitió un firme comunicado de rechazo ante las acciones coercitivas de Washington. El organismo denunció que las amenazas y represalias contra jueces y fiscales atentan directamente contra la independencia judicial, el Estado de Derecho y la imparcialidad que rigen su labor desde su creación en 2002.
El intento de Estados Unidos de ahogar financieramente a la Corte Penal Internacional demuestra cómo la política exterior de Donald Trump busca debilitar la arquitectura internacional si es que esta no es lo suficiente flexible para alcanzar sus objetivos políticos o, si se atreve a cuestionar las acciones de Washington. En este escenario, la cuestión de los derechos humanos comienza a convertirse en un un privilegio discrecional y no en un derecho universal. Si las grandes potencias pueden sancionar impunemente a los tribunales encargados de vigilar el respeto de los derechos humanos; el sistema internacional queda desprotegido, abriendo paso a un escenario donde la ley del más fuerte prevalece sobre la dignidad y la protección de los más vulnerables.
