La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves 19 de noviembre a Myanmar responsable de cometer genocidio contra la población rohinyá, tras resolver el caso Gambia contra Myanmar, iniciado en 2019. Se trata de un fallo histórico, pues es la primera vez que el máximo tribunal de Naciones Unidas determina que un Estado es responsable de cometer este crimen.
Durante la lectura de la sentencia, el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, señaló que las fuerzas de seguridad de Myanmar perpetraron actos de “violencia extrema” contra esta minoría étnica en el estado de Rakáin, al oeste del país, durante las denominadas operaciones de limpieza de 2017. Entre los hechos acreditados por el tribunal figuran asesinatos de miles de personas, violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas, agresiones contra niños y bebés, así como la destrucción de comunidades enteras. Asimismo, los jueces identificaron medidas restrictivas impuestas a la población rohinyá, como controles sobre los matrimonios y límites a la cantidad de hijos, que contribuyeron a impedir los nacimientos dentro del grupo.
🔴 URGENTE. La Corte Internacional de Justicia @CIJ_ICJ concluye que Myanmar cometió #genocidio contra el grupo rohingya en el estado de Rakhine durante las "operaciones de limpieza" de 2017 pic.twitter.com/EY7k36KuZj
— Noticias ONU (@NoticiasONU) November 19, 2026
La Corte concluyó que existió una intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá, lo que permitió establecer la responsabilidad de Myanmar por genocidio. La decisión se sustentó en testimonios de supervivientes, declaraciones de testigos y documentación recopilada por investigadores internacionales. Estos incluso describieron como las operaciones militares de limpieza incluían el asesinato de bebés.
Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que esta sentencia constituye un “poderoso reconocimiento” a las víctimas rohinyá del genocidio. Asimismo, expresó ser una demostración de justicia internacional y una “reafirmación de que no debe prevalecer la impunidad ante actos tan horribles”.
¿Quiénes son los rohinyás?
Los rohinyás son una minoría étnica predominantemente musulmana que habita principalmente en el estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar, cerca de la frontera con Bangladés. Durante generaciones han vivido en ese territorio; sin embargo, el Gobierno de Myanmar se ha negado a reconocerlos como ciudadanos, al considerarlos inmigrantes procedentes de Bangladés. Esta situación los ha convertido en una población apátrida, expuesta a la discriminación sistemática y a graves restricciones de sus derechos fundamentales. Entre ellas se encuentran las limitaciones a la libre circulación y las dificultades para acceder a servicios de salud, educación y empleo.
En agosto de 2017, el Ejército de Myanmar inició una brutal campaña militar contra las comunidades rohinyás en el norte del estado de Rakáin. Como consecuencia, cerca de 10 mil personas terminaron asesinadas y más de 700 mil tuvieron que abandonar sus hogares para buscar refugiarse en Bangladés.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, documentaron asesinatos ilegítimos, detenciones arbitrarias, violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niñas, además de la quema de viviendas, escuelas y mezquitas. Estos hechos fueron considerados posibles crímenes de lesa humanidad y posteriormente formaron parte de las investigaciones sobre el genocidio.
El origen de la demanda contra Myanmar
El proceso judicial comenzó en noviembre de 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar ante la CIJ, con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). El país africano acusó al Estado asiático de incumplir la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Durante el procedimiento judicial, Myanmar defendió sus operaciones militares argumentando que respondían a ataques perpetrados por grupos armados rohinyás. Sin embargo, las pruebas y testimonios examinados por el tribunal permitieron establecer la responsabilidad del Estado por los actos genocidas cometidos durante la ofensiva militar.
La sentencia también representa un revés para el liderazgo militar de Myanmar. Min Aung Hlaing, quien encabezó el Ejército durante las operaciones de 2017, lideró posteriormente el golpe de Estado de 2021, que sumió al país en una prolongada crisis política y un conflicto armado interno. Actualmente, Aung Hlaing continúa siendo el jefe de Estado y Gobierno.
¿Y ahora?
Como consecuencia del fallo, la CIJ ordenó a Myanmar adoptar medidas para reparar los daños ocasionados a la población rohinyá y evitar que se repitan hechos similares. En este sentido, entre las principales disposiciones se encuentran investigar a todas las personas sospechosas de participar en los actos de genocidio a fin de procesarlas y sancionarlas. Para ello, Myanmar deberá adoptar medidas legislativas para cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de prevención y sanción del genocidio.
Por otro lado, también se debe promover y permitir el retorno seguro y voluntario de los rohinyás desplazados a sus lugares de residencia, quienes durante los últimos años se han encontrado resignados a vivir en campos de refugiados.
La Corte determinó que el monto y las modalidades de las indemnizaciones serán establecidos en una etapa posterior del proceso.
Cabe señalar que este fallo constituye un precedente esencial para la justicia internacional y podría tener repercusiones en otros procedimientos relacionados con presuntos actos de genocidio, entre ellos el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por su ofensiva en Gaza.











