El Gobierno de Donald Trump anunció este viernes 9 de octubre nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en una escalada de presiones que amenaza con obstaculizar el funcionamiento de una de las principales instituciones encargadas de juzgar la responsabilidad individual de los crímenes más graves del derecho internacional. La decisión se produce en medio de las tensiones por las investigaciones del tribunal, incluidas las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
El anuncio tuvo lugar apenas unas horas después de que Navi Pillay, exjueza de la CPI y exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, la paz y el derecho internacional.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó las medidas bajo el argumento de que la CPI pretende ampliar sus competencias para enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, incluidos militares. Washington sostiene que Estados Unidos no está sujeto a la jurisdicción del tribunal y rechaza cualquier actuación que, a su juicio, amenace su soberanía. «Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar«, declaró Rubio al manifestar las sanciones.
Today, the Trump Administration is sanctioning the ICC.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026
This action should encourage our Allies within the Court to work for solutions to end this threat to U.S. sovereignty forever. pic.twitter.com/D86dCqLUaZ
Asimismo, lanzó una dura advertencia contra la existencia de la CPI: O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI (…) Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, piedra a piedra, hasta que los estadounidenses dejen de estar amenazados”.
El secretario de Estado también instó a los aliados de Washington, incluidos aquellos que forman parte de la Corte, a frenar sus actuaciones.
Cabe resaltar que ni Estados Unidos ni Israel son Estados parte del Estatuto de Roma, tratado internacional fundacional de la CPI. Esto constituye un elemento central de las tensiones en torno a la jurisdicción del tribunal, aunque la competencia de la Corte no depende exclusivamente de la nacionalidad de los acusados. Es decir, independientemente si Washington haya firmado el Estatuto de Roma, de igual forma puede un ciudadano estadounidense ser juzgado por la corte en caso de hacer cometido cualquier de los crímenes señalados en el tratado. Es más, el art. 27 del Estatuto de Roma establece que los cargos oficiales, es decir, ser jefe de Estado o gobierno, no otorgan inmunidad ante la CPI.
Un ataque contra el Derecho Internacional
La Corte Penal Internacional rechazó categóricamente las amenazas de Washington y calificó las medidas como ataques flagrantes contra la independencia de una institución judicial imparcial. Asimismo, advirtió que estas acciones afectan al Estado de derecho y a los fundamentos del orden jurídico internacional, cuyo principio esencial establece que nadie debe estar por encima de la ley.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, denunció que las sanciones buscan obstaculizar la administración de justicia e intimidar a quienes trabajan en el tribunal. No obstante, aseguró que la institución continuará cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, basándose exclusivamente en la ley y las pruebas. “La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en aras de las innumerables víctimas de crímenes graves”, afirmó Akane.
Las consecuencias de estas medidas van más allá de las diferencias políticas entre Washington y la Corte. Según la CPI, las sanciones pueden afectar la capacidad operativa del tribunal y dificultar su labor en la investigación y el juzgamiento de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión, delitos contemplados en el Estatuto de Roma.
De acuerdo con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el alcance de las restricciones ha sido tan amplio que Washington ha tenido que establecer excepciones específicas para permitir actividades básicas, como el pago de salarios, el mantenimiento de servicios esenciales y la atención a las personas detenidas. Estas excepciones evidencian la dimensión de los obstáculos que las sanciones pueden generar para el funcionamiento cotidiano de la institución.
Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también condenó las amenazas de la administración Trump y afirmó que estas, de concretarse, podrían poner en peligro la capacidad de la CPI para cumplir y alcanzar sus objetivos. De igual manera, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, calificó el accionar estadounidense como “inaceptables”.
En la misma línea, expertos independientes de la ONU denunciaron que las sanciones contra la Corte como institución constituyen un “intento descarado de desmantelar el sistema jurídico internacional”. Según advirtieron, este sistema fue construido mediante los esfuerzos de Estados, juristas y defensores de los derechos humanos para garantizar que los responsables de los crímenes más graves rindan cuentas. Expertos también alertaron sobre las consecuencias que las sanciones pueden tener para el personal del tribunal, las organizaciones de la sociedad civil y quienes colaboran con las investigaciones. Las restricciones financieras y operativas pueden dificultar la cooperación internacional y generar obstáculos para las personas y entidades que contribuyen a esclarecer crímenes y proteger a sus víctimas.
Ante este escenario, instaron a la Unión Europea a activar su Estatuto de Bloqueo, un mecanismo destinado a impedir que sus operadores cumplan determinadas sanciones extraterritoriales de terceros países. Asimismo, exhortaron a otros Estados con instrumentos similares a utilizarlos para proteger a la Corte, a su personal y a las personas que colaboran con ella.
Los expertos también pidieron a los Estados miembros que ratifiquen y utilicen el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la CPI, y que adopten medidas concretas para proteger a sus nacionales que trabajan en el tribunal, cuya plantilla reúne a ciudadanos de aproximadamente un centenar de países. Además, reclamaron garantías para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos que apoyan su labor.
Obstrucción a la justicia
Las medidas y amenazas de Estados Unidos hacia uno de los tribunales internacionales más importantes de la gobernanza global evidencian cómo las grandes potencias todavía poseen la capacidad de evadir la justicia y la rendición de cuentas, demostrando que el poder geopolítico todavía se impone sobre el derecho internacional. El intento de obstruir la labor del tribunal de La Haya para analizar y juzgar los crímenes más atroces de la humanidad solo demuestra que, al intentar frenar la acción judicial, estas potencias terminan por confirmar la sospecha de su propia responsabilidad y culpabilidad.
Las nuevas medidas se suman a rondas anteriores de sanciones que, según la información difundida, han alcanzado a nueve de los dieciocho jueces de la CPI, a sus dos fiscales adjuntos, a un exfiscal y a un integrante del personal. Entre las personas sancionadas figuran la propia presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y funcionarios de la Fiscalía, además de jueces y fiscales adjuntos de distintas nacionalidades.
El Estatuto de Roma, como bien afirma la CPI, representa un compromiso colectivo para impedir que los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional queden impunes. Por ello, las consecuencias de las sanciones no se limitan al enfrentamiento entre Estados Unidos y la CPI, también ponen a prueba la voluntad de la comunidad internacional de defender la independencia judicial y garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia.
