Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, su administración ha endurecido las políticas de control migratorio mediante una expansión de las detenciones y deportaciones. Un nuevo informe de Amnistía Internacional sostiene que estas medidas han estado acompañadas de graves vulneraciones de derechos humanos. En tal sentido, cuestiona las condiciones en las que permanecen las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El informe, publicado en septiembre de 2026 bajo el título “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE, analiza las operaciones migratorias desarrolladas en los estados de Washington, Illinois, Luisiana y Minnesota. Para la investigación, Amnistía Internacional entrevistó a 154 personas, entre ellas personas directamente afectadas por las operaciones, familiares, abogados, trabajadores de salud, líderes religiosos y representantes comunitarios.
De acuerdo con la organización, los testimonios y otras evidencias recopiladas revelan un patrón que va más allá de casos aislados. Entre las prácticas documentadas se encuentran actitudes sistemáticas de discriminación racial, detenciones arbitrarias, hostigamiento, intimidación, uso injustificado de la fuerza, represión de protestas, vigilancia y condiciones de detención que la organización considera crueles, inhumanas o degradantes.
Uso ilegítimo de la fuerza y discriminación racial
Una de las principales conclusiones del informe es que las operaciones de control migratorio no se habrían desarrollado únicamente mediante procedimientos administrativos. Amnistía Internacional documentó el uso de fuerza excesiva durante las detenciones, como derribar puertas de domicilios sin orden judicial, constantes agentes armados, operaciones nocturnas con helicópteros, persecuciones vehiculares y la ruptura de ventanas de automóviles.
La organización también denunció que algunas personas fueron arrojadas al suelo pese a no oponer resistencia y que agentes federales detuvieron o utilizaron la fuerza contra personas que observaban las operaciones, participaban en protestas pacíficas o formaban parte de redes comunitarias de respuesta rápida.
A ello se suma la discriminación racial. Según Amnistía Internacional, en las cuatro operaciones analizadas la selección de personas para ser interceptadas o detenidas estuvo frecuentemente relacionada con características como el color de piel, origen nacional o étnico, idioma, acento, lugar de trabajo o zonas donde residían.
Amnistía Internacional denuncia que la administración Trump ha consolidado un sistema de detención y deportación masiva sustentado en discursos que la organización califica de xenófobos y racistas, además de basarse en afirmaciones que considera falsas. Esta retórica, según el informe, contribuye a presentar a las personas migrantes como una amenaza y a justificar políticas cada vez más restrictivas, al tiempo que alimenta un clima de miedo y hostilidad hacia las comunidades migrantes y racializadas.
Siete casos de uso de fuerza letal
El informe también analiza siete episodios en los que agentes federales utilizaron fuerza letal contra personas durante las operaciones estudiadas. Amnistía Internacional considera que varios de estos casos deberían ser investigados por posibles violaciones del derecho internacional.
Entre ellos se encuentran los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis; y Philip Brown y Justin Bryant Nelson en Washington D. C.
La organización considera que los homicidios de Silverio Villegas González, Renee Good y Alex Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Se trata de una valoración de Amnistía Internacional que, por su gravedad, debería ser objeto de investigaciones independientes.
¿Qué ocurre dentro de los centros de detención?
El informe también pone el foco en lo que sucede después de una detención. En instalaciones como el Centro de Procesamiento de Broadview, en Illinois; el Edificio Federal Obispo Henry Whipple, en Minnesota; y la Oficina de Campo de Washington del ICE, Amnistía Internacional documentó condiciones de hacinamiento e insalubridad, restricciones para acceder a asistencia médica y dificultades para comunicarse con abogados y familiares.
Según la organización, algunas de estas instalaciones fueron utilizadas para mantener a personas detenidas durante periodos prolongados pese a no contar con las condiciones adecuadas para estancias de larga duración. La falta de acceso efectivo a representación legal habría dificultado, además, que las personas detenidas pudieran ejercer sus garantías procesales.
Amnistía Internacional concluye que estas condiciones constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Sin embargo, va más allá: sostiene que la combinación de detenciones prolongadas e innecesarias, condiciones inhumanas y presión para aceptar una salida “voluntaria” del país podría constituir tortura y pide que estas situaciones sean investigadas bajo esa consideración.
Por ello, la pregunta sobre si los centros de ICE pueden ser considerados centros de tortura no tiene una respuesta que pueda aplicarse automáticamente a todas las instalaciones. Lo que plantea Amnistía Internacional es que determinadas prácticas y condiciones documentadas alcanzan un nivel de gravedad que podría entrar en la definición internacional de tortura, por lo que deben ser investigadas.
Otro de los aspectos señalados por la organización es la dificultad para conocer el paradero de algunas personas detenidas. Amnistía Internacional documentó casos en los que familiares y abogados no podían comunicarse con las personas bajo custodia y en los que ICE se habría negado a confirmar si determinadas personas se encontraban detenidas o dónde estaban recluidas.
La organización considera que estas situaciones pueden constituir detenciones en régimen de incomunicación y, en algunos casos, podrían constituir actos de desaparición forzada.
Un clima de terror
Para Amnistía Internacional, las consecuencias de las operaciones migratorias no se limitan a quienes fueron detenidos. Las redadas, los controles y la constante presencia de agentes federales también habrían generado un clima generalizado de miedo dentro de comunidades migrantes y racializadas.
La organización sostiene que las operaciones estudiadas afectaron también a familiares, vecinos, defensores de derechos humanos, periodistas, manifestantes y personas que intentaban documentar la actuación de los agentes. En algunos casos, las protestas pacíficas fueron reprimidas mediante gases lacrimógenos, gas pimienta y otras armas de menor letalidad. También se documentó el uso de tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial.
A partir de sus conclusiones, Amnistía Internacional ha solicitado al Congreso estadounidense la disolución inmediata del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la creación de un sistema migratorio que cumpla con las normas internacionales de derechos humanos. La organización señala que los abusos documentados no pueden atribuirse únicamente a agentes individuales y cuestiona la existencia de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
La petición supone una posición especialmente contundente de la organización, que sostiene que las violaciones documentadas durante las operaciones de 2025 y 2026 forman parte de patrones institucionales y no de episodios excepcionales.
