La Arquidiócesis Católica de San Luis, Misuri, presentó una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos por presuntas restricciones impuestas por las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al acceso de inmigrantes detenidos a sacerdotes y sacramentos católicos. La denuncia sostiene que las autoridades estarían impidiendo que los detenidos puedan reunirse en privado con miembros del clero y acceder a los sacramentos como la confesión, la celebración de la misa, la comunión y la unción de los enfermos.
La demanda se produce dentro de un contexto marcado por la intensificación de las medidas de control migratorio y deportación impulsadas por la administración de Donald Trump, que han generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos por presuntos abusos contra los migrantes detenidos.
¿La libertad religiosa también alcanza a las personas detenidas?
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad religiosa y establece que el gobierno no puede adoptar medidas que interfieran arbitrariamente con esta libertad. Este derecho no desaparece cuando una persona es privada de su libertad, aunque su ejercicio pueda estar sujeto a determinadas restricciones justificadas por razones legítimas de seguridad.
Además, la Ley de Uso Religioso de la Tierra y Personas Institucionalizadas (RLUIPA, por sus siglas en inglés) establece protecciones para el ejercicio religioso de las personas recluidas. Esta normativa prohíbe que los locales o centros de detención migratoria (ICE) impongan restricciones arbitrarias al ejercicio religioso, a menos que exista una razón de seguridad extremadamente grave.
De acuerdo con la demanda, los miembros del clero únicamente pueden visitar a los inmigrantes detenidos en la cárcel del condado de Saint Genevieve durante un periodo de cuatro horas los lunes. Asimismo, las condiciones de visita son limitadas, ya que únicamente pueden comunicarse con los detenidos por teléfono y a través de una mampara de vidrio.
Para la Iglesia Católica, estas condiciones impedirían que los sacerdotes puedan desarrollar determinadas prácticas religiosas que requieren privacidad y contacto directo con los fieles, particularmente la confesión y algunos sacramentos.
La Arquidiócesis sostiene además que estas restricciones entrarían en contradicción con las propias disposiciones de ICE. Según la política publicada por la agencia, los sacerdotes y otros representantes religiosos pueden visitar a las personas detenidas siempre que notifiquen previamente a la oficina del sheriff correspondiente.
En tal sentido, la demanda acusa a las autoridades de no respetar estas disposiciones y de obstaculizar el ejercicio de las funciones religiosas del clero.
“No pueden oír confesiones, no pueden celebrar la misa”
Mitchell Rozanski, arzobispo de San Luis, defendió el derecho de los detenidos a recibir atención espiritual y afirmó que su responsabilidad pastoral se extiende a todos los fieles de su arquidiócesis, incluidos aquellos que se encuentran privados de su libertad.
“No pueden oír confesiones, no pueden celebrar la misa, no pueden administrar la unción de los enfermos a ninguno de los detenidos”, afirmó Rozanski, al cuestionar las condiciones impuestas para el contacto entre sacerdotes y personas detenidas.
Según el arzobispo, las restricciones no solo afectan a los inmigrantes recluidos, sino que también impiden que la Iglesia pueda cumplir con sus funciones pastorales. En particular, la imposibilidad de mantener conversaciones privadas representa un obstáculo para sacramentos como la confesión, que por su propia naturaleza requiere confidencialidad.
Cabe señalar que la mayoría de los inmigrantes detenidos en el centro son latinoamericanos, por lo que la controversia también afecta directamente a una población en la que la presencia del catolicismo tiene un peso significativo.
