La Cancillería peruana formalizó el cese de sus relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. En su comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores justificó la decisión apelando al deterioro de la democracia en Teherán, la constante represión de manifestaciones, el cerco a la libertad de prensa, la persecución de opositores y la violencia sistemática contra mujeres y niñas.
📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán
— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 1, 2026
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A los señalamientos en materia de derechos humanos se sumaron argumentos de geopolítica y vulneración del derecho internacional como la afectación al libre comercio en el estrecho de Ormuz, la incitación a la escalada bélica en Medio Oriente y la falta de transparencia del régimen iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Sin embargo, la inflexibilidad de la Cancillería peruana mostrada ante Teherán contrasta notoriamente con la postura del gobierno frente a las acciones del Gobierno de Israel. Mientras que la versión oficial de Torre Tagle sostiene que el Perú actúa alineado al respeto irrestricto del derecho internacional y los derechos humanos, la administración nacional decide fortalecer las relaciones bilaterales con un Estado cuestionado internacionalmente por cometer genocidio y crímenes de guerra contra la población Palestina en Gaza. Un Estado que continúa bombardeando el sur del Líbano, obligando a miles de civiles al desplazamiento forzado; un Estado criticado por organismos de derechos humanos por consolidar un régimen de apartheid en la Cisjordania ocupada; y un Estado cuyo primer ministro tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El argumento sobre la falta de cooperación con el OIEA también deja al descubierto una marcada asimetría en los criterios de la Cancillería. Por un lado, Irán es un país signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), lo que significa que opera bajo un marco donde jurídicamente está sujeto a la fiscalización internacional, aun cuando imponga bloqueos a las inspecciones. Por otro lado, Israel nunca ha firmado dicho tratado ni permite la revisión de sus instalaciones militares, eludiendo sistemáticamente las peticiones de la ONU bajo el argumento de resguardar su estrategia de disuasión y seguridad nacional. De este modo, mientras Torre Tagle sanciona diplomáticamente la opacidad nuclear iraní, opta por ignorar por completo el programa nuclear no supervisado de Tel Aviv.
Este doble rasero se profundiza en un contexto donde el giro diplomático peruano coincide con un evidente acercamiento hacia el gobierno israelí. Tras el inicio de la nueva gestión gubernamental de Keiko Fujimori, se han fortalecido las relaciones bilaterales con la administración de Benjamín Netanyahu.
#NoticiasTorreTagle | En Cali, el canciller Carlos Espá sostuvo una reunión con su homólogo de Israel, Gideon Sa’ar, en la que se hizo un repaso de los principales temas de la agenda bilateral y se enfatizó la importancia de la ayuda frente al fenómeno de El Niño, así como el… pic.twitter.com/kRzeaxgHDs
— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 7, 2026
Muestra de ello fue la llamada telefónica en la que la presidencia peruana dialogó con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, quien celebró públicamente el inicio del nuevo periodo de gobierno. Asimismo, el canciller peruano Carlos Espá entabló conversaciones oficiales con Sa’ar, incluyendo un encuentro presencial en Colombia, enfocado en afianzar una agenda común e impulsar la cooperación técnica en gestión de recursos hídricos frente al Fenómeno del Niño.
Al aplicar una condena drástica e inflexible hacia Irán y, simultáneamente, afianzar lazos de cooperación con Israel, la política exterior peruana deja al descubierto una evidente incoherencia en su actuar. Aunque algunos analistas podrían argumentar que estrechar lazos con Tel Aviv constituye una estrategia pragmática que busca beneficios a corto plazo como la cooperación técnica y la gestión hídrica, cabe preguntarse si es aceptable condicionar la defensa del derecho a la vida y el derecho internacional a cambio de alianzas estratégicas. La marcada asimetría demuestra al mismo tiempo que, lejos de guiarse por la defensa imparcial del respeto irrestricto a los derechos humanos, Torre Tagle mide los principios democráticos según el aliado de turno, sacrificando la coherencia diplomática en favor de prioridades políticas y bilaterales.











