El fenómeno de la instrumentalización de la fe se ha vuelto cada vez más recurrente en tiempos electorales, especialmente en América Latina. En este escenario, sectores políticos han encontrado en los preceptos y valores religiosos una herramienta eficaz de movilización social. Sin embargo, esta práctica de mezclar la religión con la política no siempre responde a una decisión unánime, sino que muchas veces configura un terreno de tensiones, contradicciones y, en algunos casos, resignación.
Durante la Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial Perú 2026, a través de entrevistas a los asistentes, fue posible observar una postura ambivalente dentro de la comunidad evangélica. Mientras algunos creyentes rechazan abiertamente la politización de las iglesias, otros consideran necesario que el cristiano se involucre en el campo político ante un contexto social que perciben como cada vez más distante de sus valores.
Entre el rechazo y la resignación
Muchos sectores evangélicos han sostenido que la política no debe formar parte de la vida eclesiástica. “Los cristianos no deberían meterse en la política” o “no mezclar la palabra de Dios con la política” son afirmaciones que reflejan una línea doctrinal que busca mantener firmemente la fe al margen de los asuntos del Estado.
Sin embargo, esta postura parece estar cambiando. Algunos entrevistados reconocen que, en los últimos años, se han sentido “expuestos” frente a debates públicos sobre temas que la comunidad cristiana “debe” – según sus testimonios – rechazar, como la despenalización del aborto, la unión civil o la llamada “ideología de género”, lo que ha generado una percepción de “amenaza” hacia sus creencias. En este contexto, la participación política comienza a ser vista no como una opción, sino como una necesidad u obligación moral.
Es más, las entrevistas nos evidencian que muchos cristianos, en realidad, no muestran un interés genuino por la política en sí misma. De hecho, varios participantes han admitido no informarse “De esa parte …. No he escuchado ni prestamos atención”, declaran. No obstante, aún sin un involucramiento activo, consciente o informado, terminan respaldando a ciertos partidos o actores políticos bajo el argumento de la defensa de la familia tradicional o la vida.
Esta aparente contradicción nos permite evidenciar una forma de resignación, ya que, aunque se rechaza tajantemente la idea de utilizar los espacios de la Iglesia como ánforas políticas o de politizar la palabra divina, al mismo tiempo se acepta (e incluso promueve) la participación política cuando se percibe que está en peligro el orden moral que defienden. De esta forma, se configura un presunto límite o tolerancia hacia la intromisión de dogmas de fe en el debate público, lo que abre pase hacia la posterior instrumentalización de la fe y la manipulación de los creyentes para respaldar sin cuestionamiento alguno a partidos políticos, sin necesidad de que estos, genuinamente, representen una opción electoral con propuestas coherentes o viables.
En esta línea, algunos entrevistados sí advierten este peligro y consideran que “la fe no debería utilizarse para idealizar la política”. No obstante, al mismo tiempo advierten que es necesario que la comunidad cristiana brinde apoyo a líderes “provida” o “profamilia” para evitar la aprobación de leyes que consideran contrarias al dogma cristiano. Esta lógica deriva a una alineación automática con diferentes partidos políticos.
Conceptos asumidos, pero poco comprendidos
Otro elemento que se ha podido apreciar en las entrevistas realizadas en la Convención ha sido el uso de términos como “ideología de género” o “política abortista”, que aparecen de manera recurrente.
Sin embargo, los testimonios sugieren que estos conceptos no siempre son comprendidos en su complejidad, sino que funcionan más como categorías generales de rechazo, en especial la llamada “ideología de género”, ya que ningún entrevistado logro conceptualizarla. Incluso, podríamos afirmar que no existe consenso sobre su significado.
¿Defensa de valores o imposición?
Finalmente, este escenario abre un debate ampliamente escuchado en la sociedad peruana ¿se trata de una legítima defensa de los valores o de un intento de imponer una visión religiosa en el ámbito público?
Para grupos no religiosos o pertenecientes a otras confesiones, estas posturas suelen ser interpretadas como conservadoras, restrictivas o segregacionistas, lo que alimenta la idea de que ciertos sectores religiosos buscan trasladar e imponer sus creencias al conjunto de la sociedad. Por otro lado, desde las comunidades cristianas, el llevar y conservar los valores cristianos al sector público es percibido como una forma de proteger los principios fundamentales frente a cambios culturales y políticos.
Lo que nos demuestra estos testimonios es que la comunidad evangélica peruana no necesariamente aspira o concuerda con politizar su fe, pero se ve “empujada” ha hacerlo en un contexto que percibe como adverso. En ese proceso, el riesgo no es solo a pérdida de distancia entre religión y política, sino también la limitación del cuestionamiento y análisis crítico político.
Comprender y criticar la instrumentalización de la fe en la sociedad peruana exige ir más allá que las etiquetas y reconocer las tensiones internas que atraviesan las comunidades religiosas en el país. Solo de esta manera será posible abrir espacios de diálogo donde la fe no sea utilizada como una herramienta política al alcance de los políticos más oportunistas, que buscan convertir las convicciones profundas en simples herramientas de campaña.
