El Pleno del Congreso de la República aprobó recientemente la creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, impulsada por bancadas como Renovación Popular y Fuerza Popular. Pese a que la iniciativa contiene una finalidad noble y, en esencia, se creó bajo la misión de proteger a la infancia; al mismo tiempo pareciera el despliegue de una estrategia del oficialismo de utilizar la institucionalidad del Estado para consolidar una agenda conservadora que amenaza con seguir retrocediendo en los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del Perú.
El principal argumento técnico en contra de esta comisión, el cual fue sostenido firmemente por congresistas de bancadas como Buen Gobierno y Ahora Nación, es la evidente duplicación de funciones. La protección de la niñez no está desamparada en la estructura parlamentaria; ya forma parte explícita de los planes de trabajo de comisiones ordinarias como las de Salud, Educación, y Mujer y Familia. Como bien señaló la senadora Susana Matute de Bueno Gobierno al recodar la reciente aprobación del plan de trabajo de la Comisión en Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital. “Contar con dos comisiones para lo mismo y al mismo tiempo supone definitivamente un mal uso de recursos públicos en todos sus niveles y en todas sus formas”.
En esa misma línea, el senador de Ahora Nación, Jaime Delgado, cuestionó la creación de la presente comisión. “No entendemos por qué estamos en un paralelismo creando una comisión especial para algo que está contemplado expresamente en los ámbitos de la comisión de salud”.
A estas críticas se sumaron senadores como Sandra Ticona del Partido Cívico Obras y Percy Herbert Osorio de Juntos por el Perú, quien afirmaron que se estarían “duplicando esfuerzos”. Asimismo, el senador Flavio Figallo de Buen Gobierno recordó la naturaleza de las funciones parlamentarias: “El congreso tiene que ver con los aspectos legislativos y no los ejecutivos (…) Necesitamos respetar los procedimientos y la razón”.
Incluso, la senadora de Ahora Nación, Mirta Esther Vásquez puso sobre la mesa la aparente arbitrariedad en los criterios de aprobación de la Mesa Directiva. “Yo he pedido una comisión especial para pueblos indígenas porque esa comisión fue aquí eliminada (…) Pero esa sí la han derivado a otra comisión ordinaria, y no puede ser que se tengan este tipo de criterios que sean diferenciados”.
Más allá de los argumentos sobre la ineficiencia técnica y el gasto fiscal que supondría la creación de esta nueva comisión, el debate parlamentario también se inclinó hacia el evidente sesgo ideológico que acompaña esta propuesta. El senador Jorge Gaviria de Buen Gobierno fue claro sobre estos peligros y afirmó que suponer “determinar el perfil del ciudadano por ideologías” constituye un “gravísimo problema de discusión que no nos une”.
Por su parte, el senador Walter Francisco Gago del Partido Cívico Obras advirtió sobre la creación de “comisiones de membrete para generar puestos de trabajo”, mientras que el senador Carlos Caballero de Buen Gobierno develó los condicionamientos de la mayoría parlamentaria: “No estamos hablando sobre los niños acá, lo que se trata esta discusión es que se asegure para un partido ocho votos que, de una manera hasta de coacción, se está poniendo como condición para seguir con el apoyo a esa mayoría”.
Asimismo, la senadora de Ahora Nación expuso de forma directa el cuestionamiento ético sobre quienes terminarían liderando este grupo especial, señalando específicamente a la pastora Milagros Aguayo. “El tema de infancia necesita una protección integral y esta tiene que partir desde el interés superior del niño y la niña, y no desde una agenda ideológica y religiosa (…) Hay una real intención de una parlamentaria que ha expuesto a niñas que han sido violadas, vulneradas públicamente, y yo me pregunto ¿Renovación Popular nos garantiza que esta senadora no va a presidir esta comisión?”
En igual magnitud, cuestionó el juicio de la Mesa Directiva de brindarle mayor visibilidad y espacio a temas como este, pero se ignore bordar un problema altamente específico, crítico y acotado como es la tragedia sistemática de agresiones sexuales a menores en Condorcanqui, Amazonas: “El tema de la comisión especial de Condorcanqui es un tema urgente, pero cuando se tiene que abordar y se presenta, se archiva y se manda a la Comisión [ordinaria]. Pero cuando se tiene que hablar de las infancias de manera integral, allí sí se quiere generar una comisión especial. Entonces, ¿cuál es la distinción de una comisión especial? ¿No es para abordar un tema en específico? ¿Por qué no hay un interés de abordar un tema específico como es Condorcanqui?”
¿Una propuesta motivada por sesgos ideológicos y religiosos?
Pese a que las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular se esforzaron por argumentar que la creación de esta Comisión permitiría brindar mayor atención a las diversas problemáticas y necesidades que enfrenta la infancia en el país, como la lucha contra la anemia, la desnutrición infantil, la violencia y el trabajo infantil, las sospechas de la oposición quedaron confirmadas al cierre del debate con las declaraciones de la pastora Milagros Jáuregui.
“Queda en evidencia definitivamente que nosotros en estos cinco años de trabajo (…) el producto de haber quitado el idioma inclusivo de los textos escolares (…) hemos hecho definitivamente que los niños en el Perú no reciban una educación sexual ideologizada, enseñándoles que el semen tiene nutrientes y haciendo que ellos experimenten con otra identidad diferente a la que nacieron. Claro, el trabajo que hemos hecho ha sido obvio, evidente para todo ese grupo que quiere meter la hormonización, confusión en la niñez, que quieren meter todo el tipo de mutilaciones en órganos sanos en los niños, para ellos soy un gran peligro”.
La intervención de la senadora de Renovación Popular no solo confirmó el sesgo ideológico de su bancada, sino que evidenciaron un profundo desconocimiento sobre lo que realmente implican los enfoques de género, los derechos reproductivos y la educación sexual integral en el país.
Al celebrar los retrocesos normativos de los últimos años y apelar a discursos abiertamente engañosos, asegurando sin ningún sustento técnico ni pedagógico que a los escolares se les enseña que «el semen tiene nutrientes» o que se promueve la «hormonización y mutilación«, la parlamentaria recurrió a la desinformación para estigmatizar políticas públicas respaldadas por la ciencia, la academia y los marcos jurídicos internacionales. Sus palabras no solo falsean la realidad de los textos escolares y los currículos educativos en el Perú, sino que demuestran cómo la oposición al enfoque de género se sostiene sobre prejuicios, pánicos morales y mitos infundados, dejando en claro que la verdadera meta de este grupo de trabajo no es la protección técnica de la niñez, sino la imposición de una agenda fundamentalista.
