El 10 de octubre del 2025 entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Este acuerdo incluye la retirada parcial de tropas israelíes, liberación de rehenes israelíes, intercambio por prisioneros palestinos y apertura de corredores humanitarios para bridar auxilio a la población civil palestina.
Durante las primeras horas del alto al fuego, miles de residentes de Gaza comenzaron a regresar al norte del enclave, tras largos meses de desplazamiento masivo. Por su parte, Israel ya inició el retiro de sus fuerzas militares de algunas zonas conforme al acuerdo.
Sin embargo, el alivio es frágil y sumamente cuestionado ya que el primer día de alto al fuego ya dejó nuevas víctimas. Según diversos medios periodísticos, al menos 19 palestinos murieron durante la jornada, por los bombardeos remanentes de Israel. Mientras la comunidad internacional celebra una tregua temporal, el ejército israelí sigue atacando zonas densamente pobladas.
Hablar de “paz” sin justicia es una contradicción. Como hemos explicado en otras entradas, ningún alto al fuego puede sostenerse en el tiempo si el gobierno de Netanyahu continúa blindado por la impunidad internacional y si las potencias occidentales insisten en justificar sus crímenes de guerra bajo el discurso de la “legítima defensa”. Sin sanciones, sin rendición de cuentas y sin garantías de protección a la población palestina, cualquier acuerdo de paz será apenas un respiro momentáneo antes de la próxima ofensiva. Como bien ha advertido Amnistía Internacional, la única vía para la paz duradera será abordando las raíces del conflicto: el sistema ilegal de apartheid y ocupación ilegal perpetrados por Israel.
La vigencia del acuerdo dependerá de que las partes cumplan con sus compromisos y de que no se rompa el frágil consenso que tanto ha costado alcanzar.
