Una investigación periodística de Cuarto Poder reveló que 110 candidatos inscritos por Renovación Popular para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 registran sentencias penales. Entre los delitos identificados figuran homicidio calificado, violación sexual de menores, tráfico ilícito de drogas y delitos contra la administración pública, como peculado, colusión y malversación de fondos.
De acuerdo con el reportaje, las condenas corresponden a 8 candidatos que aspiran a cargos en gobiernos regionales, 16 postulantes a alcaldías provinciales y 86 candidatos a municipalidades distritales distribuidas en distintas regiones del país.
Los antecedentes de los candidatos revelados cobran particular relevancia frente al discurso público de Renovación Popular y de su líder, Rafael López Aliaga, quienes han colocado la lucha contra la delincuencia y la corrupción entre sus principales banderas políticas. La agrupación también ha construido parte de su identidad alrededor de posiciones que denomina “provida” y “profamilia”, por lo que algunos de los delitos registrados entre sus postulantes abren interrogantes sobre cuáles son los criterios empleados para conformar sus listas electorales y evidencian la fuerte contradicción entre el discurso y la práctica.
Uno de los casos expuestos corresponde a Enrique Torres Montilla, candidato de Renovación Popular a la alcaldía distrital de Rumisapa, en la región de San Martín. Torres fue condenado por homicidio calificado por el asesinato del entonces alcalde Hernán Alegría Tuesta, ocurrido en noviembre de 2005. Según la información judicial recogida por el dominical, recibió una pena de 18 años de prisión efectiva y el pago de una reparación civil de 15 mil soles. Las investigaciones determinaron que pagó 200 soles a un sicario para cometer el crimen.
Otro de los casos se encuentra en Caspizapa, también en San Martín. Carlos Vigo Guarnis figura como candidato a regidor de Renovación Popular y, según el reportaje, registra una sentencia por violación sexual de un menor de edad dictada el 13 de julio de 2005. La investigación periodística encontró además que en el apartado correspondiente de su declaración jurada se había consignado únicamente una letra, en lugar de detallar la sentencia. En esa misma lista electoral aparece Saturdino Yanayaco Cagallaza como candidato a la alcaldía distrital. El postulante registra una condena de seis años de prisión efectiva por tráfico ilícito de drogas, impuesta por el Primer Juzgado Penal de Piura.
Los antecedentes alcanzan también a otras regiones. En Pueblo Nuevo, Ica, Renovación Popular presenta como candidato a la alcaldía a Edwin Aburto Santiago. En 2003 fue detenido cuando intentaba ingresar pasta básica de cocaína al penal de Tambo de Mora escondida dentro de pescados que llevaba entre sus víveres. Posteriormente recibió una condena de siete años de prisión por tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada y terminó de cumplir la pena bajo un régimen de semilibertad.
En Olmos, Lambayeque, postula Willy Serrato Puse. El exalcalde fue investigado en 2018 por su presunta vinculación con la organización conocida como Los Temerarios del Crimen y registra distintas condenas judiciales. Entre ellas se encuentran tres años de pena suspendida por tráfico de influencias simuladas y cuatro años de pena suspendida por malversación de fondos de la Asociación de Discapacitados de Olmos. Asimismo, registra una condena de tres años de prisión efectiva por colusión simple.
La investigación también identificó cuestionamientos en la composición de algunas listas. En Caspizapa, por ejemplo, aparecen candidatas a regidoras cuya residencia fue puesta en duda y otras que, según el reportaje, manifestaron no haber aceptado integrar la nómina de Renovación Popular.
Sin embargo, el hallazgo principal trasciende las irregularidades administrativas. La presencia de 110 candidatos con sentencias penales coloca bajo escrutinio los mecanismos internos utilizados por Renovación Popular para seleccionar a quienes competirán bajo su partido en los próximos comicios regionales y municipales.
