Renovación Popular vuelve a situarse en el centro del debate público tras un informe de Perú21 que revela que dentro de sus listas figuran postulantes que han sido investigados por presuntos delitos como violencia sexual, agresión familiar y omisión de obligaciones parentales. Si bien estos casos se encuentran en distintas etapas procesales y no implican necesariamente culpabilidad, su presencia dentro de una organización que reivindica la defensa de la familia genera un contraste difícil de ignorar.
El autodenominado partido “pro familia” y “pro vida” enfrenta así una de sus mayores contradicciones. Más allá del plano legal, el cuestionamiento se traslada al terreno ético ¿qué tipo de valores familiares se están representando cuando varios de sus candidatos arrastran denuncias precisamente vinculadas al entorno familiar?
Uno de los casos más delicados es el de Ítalo Maldonado Ramírez, candidato al Senado regional por Amazonas. Según el reporte policial, en enero de 2020 una menor de ocho años denunció haber sido víctima de abuso sexual ocurrido meses antes en la vivienda donde residía con su madre en Bagua. El señalado como agresor era Maldonado, entonces pareja de la madre.
El caso fue formalizado ante la Policía y derivado al Ministerio Público, donde la investigación todavía permanece abierta y sin resolución definitiva hasta la fecha. Pese a ello, Maldonado actualmente participa en campaña electoral, incluso encabezando actividades políticas en su región.
A este caso se suman otros que refuerzan el patrón. José Gallo Pedemonte, candidato a diputado por Áncash, fue denunciado por violencia psicológica contra sus hijos de 10 y 14 años, y posteriormente por presunta violencia económica, tras retirar bienes del hogar sin consentimiento. Según registros fiscales citados por Perú21, también enfrenta investigaciones relacionadas con lesiones y el incumplimiento del pago de pensión de alimentos.
De igual modo, Raúl Pinedo Mego, candidato por La Libertad, fue denunciado por agresión física y psicológica contra la madre de su hija, en un contexto de disputa por manutención. Además, registra una sentencia previa por omisión a la asistencia familiar.
Igualmente, Wilbert Iván Arosquipa Ibáñez, candidato a diputado por Puno, tiene una demanda de alimentos declarada fundada en favor de su hijo por un monto mensual de 300 soles.
Esta lista y antecedentes configuran un escenario difícil de ignorar, dejando de ser meramente alguno casos aislados. Lo más irónico es que Renovación Popular ha construido su identidad en torno a la defensa de la familia, pero la inclusión de estos candidatos fractura completamente este discurso. Esta brecha entre discurso y práctica no solo debilita su credibilidad, sino que también evidencia la fragilidad de los filtros internos en la selección de candidatos.
