El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, anunció públicamente su intención de instalar una infraestructura destinada a la ejecución por ahorcamiento de palestinos condenados bajo la legislación antiterrorista. Según las declaraciones del funcionario, la instalación contaría con espacios diseñados para que fuerzas de seguridad y familiares de víctimas presencien las ejecuciones.
«Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Prometí endurecer las condiciones de prisioneros en las cárceles y lo hemos hecho. Prometí avanzar la ley de pena de muerte para terroristas y la hemos aprobado. Ahora, el pabellón de condenados y el patíbulo comienzan a tomar forma», señaló Ben-Gvir.
👇Se llama Itamar Ben Gvir y es ministro de Seguridad Nacional de Israel. Es uno de los responsables directos de la limpieza étnica en Cisjordania y no se corta a la hora de defender el genocidio en Gaza. Aquí van algunas de sus perlas. HILO. pic.twitter.com/kllv884QEH
— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) August 21, 2026
anuncio sigue a la aprobación parlamentaria de la denominada «Ley de Pena de Muerte para Terroristas». Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han advertido que esta legislación vulnera garantías básicas del debido proceso y facilita ejecuciones arbitrarias. Asimismo, diversos organismos han señalado que la normativa consolida un trato jurídico diferenciado en los territorios ocupados de Cisjordania ya que mientras los ciudadanos israelíes son juzgados bajo tribunales civiles, la población palestina queda sujeta a tribunales militares.
Las Naciones Unidas condenó las declaraciones del ministro, advirtiendo que el lenguaje utilizado incita a la violencia y deshumaniza a la población palestina. Desde el organismo internacional remarcaron que este tipo de discursos contravienen el derecho internacional humanitario y las normas fundamentales de derechos humanos.
No es la primera vez que se evidencia cómo, mediante las políticas y el discurso liderado por los funcionarios públicos del Estado de Israel busca deshumanizar a la población palestina con la finalidad de alcanzar sus objetivos militares y políticos. La propuesta de establecer ejecuciones públicas sobrepasa los niveles de lo que se considera éticamente aceptable para cualquier Estado de derecho y abre paso a la normalización de la violencia extrema contra una población civil. La deshumanización de toda una etnia, cultura y tradición facilita y posibilita la ejecución del genocidio palestino al erosionar las barreras morales y legales que protegen la dignidad humana.
