El actual clima electoral en el Perú no solo ha expuesto la fragmentación política y social del país, sino también la persistencia de conductas y nociones racistas en el discurso público. En medio del avance de candidaturas que no gozan de consenso, como la de Roberto Sánchez, una parte del debate ha dejado de centrarse en las ideas, propuestas o problemas que esta figura política trae, para desplazarse hacia ataques cargados de desprecio social y étnico.
Expresiones como “estos cholos no deberían votar”, “esterilicen a las cholas”, “serranos de mierda”, “andinos burros”, “a los puneños no les llega el oxígeno a su cerebro”, entre otras, difundidas en redes sociales e incluso replicadas por algunos comunicadores, no son simples exabruptos aislados; son la manifestación de un racismo interiorizado que, en contexto de tensión política, emerge con una violencia alarmante. Es inconcebible como algunas personas, sin pensarlo dos veces, llegan a cuestionar el derecho mismo a la ciudadanía de millones de peruanos.
Suele argumentarse que el problema es la ‘falta de educación’ en las provincias; sin embargo, si ese fuera el diagnóstico real, la indignación no debería recaer sobre la población excluida, sino sobre un Estado que ha fallado históricamente en garantizar ese derecho. Pretender ahora que esas mismas poblaciones tomen decisiones “informadas” bajo estándares urbanos, sin reconocer esa deuda estructural, no solo es incoherente, sino profundamente injusto.
Criticar a un ciudadano por ejercer su voto desde una posición de desventaja estructural es, en el fondo, castigarle dos veces: primero por el abandono estatal y, segundo, por las secuelas de ese mismo abandono. El argumento de la ‘ignorancia’ se desmorona cuando observamos que sectores urbanos y economicamente privilegiados respaldan opciones igual de erráticas o violentas sin ser tildados de irracionales. Sin embargo, ese voto rara vez es calificado como “irracional” o “producto de la ignorancia”.
Entonces, ¿el problema es realmente la calidad del voto o el origen social de quien vota? Este escenario demuestra que la indignación no nace de la preocupación por la democracia, sino del desprecio por el origen social de quien vota.
Tolerar y respetar el tipo de decisión en ciertos sectores, pero condenar a otros es un doble estándar atravesado por el prejuicio social y racial. Este doble estándar, que tolera y legitima el voto en la ciudad pero condena y criminaliza la elección en el campo, evidencia que el problema de fondo no es la política, sino el racismo sistémico que aún dicta quién tiene derecho a una voluntad política propia y a quién se le debe tutelar o despreciar por sus decisiones.
Comprender los factores que inciden en el voto rural no implica compartirlo. Implica reconocer que responde a condiciones concretas como la ausencia del Estado, exclusión histórica, promesas incumplidas y una profunda desconexión con las élites políticas y económicas del país. En ese contexto, opciones que prometen cambio, aunque sean cuestionables, pueden percibirse como las únicas alternativas reales.
Reducir esa decisión a “ignorancia” es una simplificación peligrosa, racista y elitista. Una mirada que solo puede sostenerse desde el privilegio.
El Perú no necesita menos votantes rurales; necesita más Estado en el Perú rural. No necesita insultos, discursos de exclusión y superioridad; necesita políticas públicas. Y, sobre todo, necesita un debate político que esté a la altura de su diversidad, no uno que la desprecie.
