El 15 de agosto de 2021, el mundo observó en silencio cómo Kabul caía. En cuestión de días, tras la retirada de las tropas internacionales lideradas por el gobierno estadounidense de Joe Biden, los talibanes rearmaron su califato del terror y tomaron el control absoluto de Afganistán. Ahora, cinco años después, las cenizas de lo que alguna vez fue una democracia en construcción se han convertido en un régimen teocrático y autoritario cuyo único fin parece ser eliminar a la mujer de la faz de la sociedad.
Este borrado sistemático de la mujer no constituye meramente una interpretación estricta ni un celo religioso desmedido, sino una estrategia de Estado deliberada para construir un país donde las mujeres sencillamente ya no existan. Como ha señalado las Naciones Unidas, Afganistán constituye actualmente un apartheid de género, uno metódico y formalizado.
¿Qué ha pasado con las mujeres en Afganistán?
Tras el colapso del gobierno afgano, los talibanes impusieron una interpretación literaria de la ley islámica con la finalidad de excluir y borrar a la mujer de las instituciones, historia y, en general, de toda la sociedad afgana. Se eliminó el Ministerio de Asuntos de la Mujer, la Comisión Independiente de Derechos Humanos y los tribunales de familia, y en su lugar, erigieron un entramado legal diseñado para despojarlas de toda humanidad.
La crueldad alcanzó su punto más severo con la promulgación del Decreto N° 18 («Código sobre la Separación Judicial de los Cónyuges») y el Decreto N° 12. Entre ambos, los talibanes lograron eliminar la igualdad legal entre hombres y mujeres, otorgándole al esposo el control absoluto sobre la mujer y clasificando como delito intrafamiliar únicamente aquellas lesiones físicas que sean «graves y visibles».
Asimismo, se normalizó el matrimonio infantil. Anterior al 2021, el Código Civil de Afganistán determinada que la edad mínima para contraer matrimonio eran los 16 años y, por ende, la unió conyugal con menores de 15 años tipificaba como delito. Sin embargo, el régimen talibán ha permitido e incluso normalizado socialmente el matrimonio con menores de edad, con literalmente niñas de 7 años. El Decreto N° 18 no fija un límite de edad para contraer matrimonio; en su lugar, establece intrincados mecanismos para anular uniones infantiles solo una vez que la víctima alcance la pubertad, lo que en la práctica legitima el matrimonio precoz. Además, impone peligrosas normas de consentimiento al interpretar el silencio de una niña tras la pubertad como una aceptación explícita de la unión. Esta disposición, sumada al amplio poder otorgado a padres, abuelos y familiares para concertar bodas, deja a miles de niñas a merced de la coacción y la violencia.
Como denunció Isabelle Lassee, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Asia Meridional, este código agrava la lamentable situación de las mujeres al despojarlas de toda autonomía, eliminar la noción de consentimiento voluntario y ofrecer vías casi nulas para que las mujeres puedan impugnar o renunciar a un matrimonio forzado. En la práctica, el régimen ha bloqueado el acceso al divorcio para la mujer exigiendo múltiples testimonios imposibles de obtener, mientras institucionaliza y legaliza la venta y el matrimonio infantil como una siniestra norma social.
Tristemente, en el Afganistán de hoy, las mujeres son únicamente fantasmas con ropajes oscuros. El último informe de ONU Mujeres revela que el 99% de las afganas deben pedir permiso a un hombre para poner un pie fuera de su hogar, y más de la mitad solo logra salir una o dos veces al mes. El 75% declara sentirse profundamente aterrorizada si debe caminar sin la presencia de un «guardián» masculino. Han sido expulsadas de los parques, de los mercados, de la vida.
Sin embargo, su condena es todavía más siniestra y vil ya que el Estado teocrático talibán también ha prohibido a las mujeres estudiar más allá de la educación primaria. Afganistán ostenta hoy el macabro título de ser el único país del mundo donde a 2,4 millones de niñas se les prohíbe ir a la escuela secundaria y a la universidad. Según ONU Mujeres, un devastador 78% de las mujeres afganas no estudia, no trabaja ni recibe formación alguna.
Pero, la discriminación no termina aquí, sino que también se expresa en el sector salud. Afganistán registra una desgarradora tasa de mortalidad materna con 638 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. Debido a las leyes fundamentalistas, un médico varón no puede examinar a una mujer, pero al mismo tiempo, el régimen ha prohibido que las mujeres estudien medicina u obstetricia. La pregunta no es qué pasará en diez años; la pregunta es cuántas morirán hoy, en la penumbra de sus casas, sofocadas por dolencias tratables porque el Estado prefirió condenarlas a muerte antes que permitirles sanar o estudiar.
No obstante, la eliminación de la mujer en la sociedad está cobrando un peso económico alto para el gobierno. Según el informe de ONU Mujeres, esta le cuesta al país más de 920 millones de dólares. Apenas el 7% de las mujeres cuenta con un empleo formal o acceso a una cuenta bancaria, frente al 84% de los hombres.
Las organizaciones internacionales de mujeres, las únicas que tendían una mano de refugio y salud mental, se ahogan por el recorte de fondos. Más de la mitad de estas ONGs feministas prevén cerrar en los próximos meses. Según una encuesta de ONU Mujeres a 74 organizaciones de derechos de las mujeres en Afganistán, más de la mitad prevé suspender sus operaciones o cerrar definitivamente en el próximo año. De confirmarse este escenario, millones de niñas y mujeres quedarán desamparadas en el momento en que más necesitan una mano extendida.
Sin embargo, ni el miedo ni las severas sanciones impuestas por el régimen han logrado callar por completo a las afganas. A pesar de poner en riesgo sus vidas, la resistencia femenina se mantiene viva y firme dentro y fuera del país: muchas desafían al régimen saliendo a las calles en protestas y manifestaciones; otras, en la sombra de la clandestinidad, abren escuelas caseras secretas para que las niñas sigan aprendiendo, mientras activistas en el exilio documentan los abusos para llevar a los talibanes ante la justicia internacional.
¿Abandono internacional?
Lamentablemente, la respuesta de la comunidad internacional ha estado profundamente marcada por la tibieza y la hipocresía. Aunque la mayoría de los gobiernos extranjeros han condenado públicamente la represión impuesta por los talibanes desde 2021, en la práctica han hecho de la vista gorda frente al sufrimiento de las afganas. Lejos de presionar al régimen o respaldar con firmeza a las mujeres que resisten dentro y fuera del país, muchas potencias han optado por ampliar sus canales de diálogo diplomático con los talibanes. Esta pasividad y lento acercamiento permite la legitimación del régimen y, al mismo tiempo, intensifica el exterminio de las libertades feministas y consolida una agenda que repudia a la mujer.
Ningún otro país en la historia moderna ha desmantelado los derechos de la mitad de su población de forma tan sistemática, metódica y cruel a través de leyes, políticas y dogmas. Afganistán es hoy el reflejo más atroz de lo que ocurre cuando la religión se mezcla con la política y el absolutismo ideológico secuestra las instituciones del Estado. Sin embargo, esta tragedia es una urgente advertencia para el mundo entero (y en especial para nosotras las mujeres) sobre la fragilidad de la libertad ya que nos recuerda que no porque tengamos derechos hoy, significa que los seguiremos teniendo mañana.
