En un país donde las denuncias de abuso sexual hacia autoridades religiosas ya enfrentan el peso del silencio, el miedo y la desconfianza institucional, lo que cabría esperar frente a una acusación de esta naturaleza sería, al menos, prudencia y empatía. Sin embargo, el reciente caso que involucra al sacerdote Omar Sánchez ha puesto en evidencia una reacción distinta y profundamente preocupante por parte de ciertos sectores políticos que, paradójicamente, se presentan orgullosamente como defensores de la fe, la familia, la vida y los valores cristianos.
Según una investigación de Paola Ugaz difundida por Epicentro TV, el sacerdote Omar Sánchez ha sido denunciado ante instancias del Vaticano por un presunto abuso sexual contra una persona adulta en situación de vulnerabilidad, hecho que habría ocurrido entre 2019 y 2020. La denuncia, respaldada por testimonios, imágenes, videos y documentos, describe un patrón de manipulación emocional y abuso de poder, donde el denunciado habría aprovechado su posición como figura religiosa y “guía espiritual” para someter a la víctima a mantener relaciones sexuales y actividades de esta índole. Más allá del proceso canónico en curso, lo que está en juego no es solo la responsabilidad individual de un sacerdote, sino la respuesta pública frente a una acusación de tal gravedad.
No obstante, lejos de adoptar una postura de cautela o de respeto hacia la presunta víctima, la congresista y candidata a la vicepresidencia y senado por Renovación Popular, Norma Yarrow decidió expresar un respaldo absoluto al sacerdote, poniendo en duda la veracidad de la denuncia y sugiriendo incluso que podría tratarse de una operación con motivaciones ideológicas.
En declaraciones para el programa “Beto a Saber”, no solo defendió la figura del padre Sánchez, sino que cuestionó el momento en que la denuncia se hace pública, insinuando que responde a intereses políticos de la “izquierda” y no a una búsqueda de justicia. “Obviamente viene de gente que está dedicada a ese tipo de, digamos, de preventas o por decirte yo, yo no puedo creer, el Padre se manifiesta sobre que van defender siempre la democracia y la libertad de un país, y le salen con tremendas recatafilas de denuncias de un adulto”, afirmó con total seguridad.
En esta misma línea, en un intento de defender al acusado, Yarrow manifestó lo siguiente: “Es un adulto, ¿por qué recién denuncia? ¿para callar al padre?”. La implicación de esta afirmación intenta establecer que las víctimas de abuso sexual únicamente pueden ser menores de edad y, en caso fuera adulto, pierde legitimidad si no se realiza de inmediato. Este pensamiento tan desconectado de la realidad, desconoce por completo la naturaleza de este tipo de delitos, donde cualquier persona puede convertirse en una víctima para un abusador. Esta reacción no es menor porque, en un contexto donde las víctimas de abuso suelen tardar años y años en animarse a denunciar, justamente por el miedo, estigmatización, vergüenza o dependencia emocional, trasladar el foco del abuso de poder hacia la sospecha sobre la veracidad del testimonio no solo desacredita el proceso, sino que reproduce la lógica conocida de poner en juicio a la víctima antes que al denunciado.
Mientras la víctima es cuestionada, el sacerdote recibe un respaldo absoluto: “Yo mi respeto absoluto al Padre Omar, absoluto”, afirmó Yarrow. ¿En qué momento se decidió otorgar credibilidad total a una de las partes sin que exista una investigación concluida? ¿Desde cuándo la defensa de valores de cierta corriente ideológica implica cerrar los ojos ante una denuncia de esta gravedad?
Pero lo que vuelve este caso particularmente irónico es el origen de esta defensa. Renovación Popular, partido cristiano liderado por el ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha construido gran parte de su identidad política sobre la defensa de la familia, los valores cristianos y la moral religiosa. En ese marco, cabría esperar una posición alineada con los principios que dice representar: protección de los más vulnerables y el rechazo a la violencia. Sin embargo, para sorpresa de pocos y decepción de muchos, la respuesta ha sido completamente diferente.
En lugar de priorizar la necesidad de esclarecer los hechos con rigor y respeto, mostrando empatía hacia la víctima, el caso ha absorbido rápidamente una narrativa ideológica, donde la denuncia es interpretada como un ataque político premeditado de la izquierda y no como un crimen y alerta que merece ser investigado con seriedad. La gravedad de los hechos queda, así, desplazada por la urgencia de defender una figura pública afín a una determinada línea de pensamiento.
Este escenario solo vuelve a mostrar la contradicción del discurso y la práctica del partido celeste. Defender la “familia” o la ideología política de “derecha” no puede implicar ignorar, rechazar o relativizar denuncias de abuso. Invocar valores cristianos no puede traducirse en desestimar el sufrimiento de una persona vulnerable bajo el argumento de una supuesta conspiración ideológica.
Reducir un caso de presunto abuso a una “batalla ideológica” no solo es irresponsable, sino peligroso, pues envía el mensaje que la credibilidad de una víctima puede depender de la posición política del denunciado.
Cada vez resulta más difícil sostener un discurso que se presenta como defensor de los valores cristianos, mientras se desacredita a una posible víctima y se protege, sin matices, a quien ostenta una posición de poder.
