Venezuela: Entre la dictadura interna y la injerencia externa

En los últimos meses, la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe ha acaparado los titulares, alimentando rumores sobre una posible intervención para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, más allá de la noticia mediática, esta situación ha reactivado un debate de fondo: los límites del poder hegemónico, el respeto al derecho internacional y las nuevas manifestaciones del neocolonialismo en el siglo XXI. La coyuntura venezolana se ha convertido, una vez más, en el escenario donde Washington proyecta su influencia estratégica en América Latina.

Un punto de quiebre reciente fue la denuncia de China, que acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional tras la incautación de buques petroleros en aguas cercanas a Venezuela. Más allá de la veracidad jurídica del caso, el episodio ilustra una práctica recurrente de Washington: el uso de la fuerza, ya sea militar o económica, como herramienta coercitiva sobre Estados soberanos, especialmente en el Sur Global.

Diversos analistas contemplan dos escenarios posibles. El primero, de carácter pragmático, apunta a una salida negociada que garantice los intereses estratégicos estadounidenses sin recurrir a un conflicto armado. En este esquema, Estados Unidos fortalecería su diplomacia coercitiva, empleando todos los elementos disponibles de persuasión económica. En esta línea se inscriben los reportes sobre contactos diplomáticos recientes donde, según medios de comunicación, se habría ofrecido a Maduro una salida pactada hacia países aliados como Rusia o Cuba a cambio de abandonar el poder.

El segundo escenario es más conflictivo. Ante una negativa de Maduro, Estados Unidos podría intensificar las sanciones e incluso emplear el poder militar para forzar la caída del régimen chavista. Esta lógica no sorprende ya que a lo largo de los siglos XX y XXI, Washington ha intervenido en múltiples países bajo el discurso de la restauración democrática cuando, en la práctica, dichas acciones respondían a intereses geopolíticos, económicos o energéticos.  

Aquí emerge con claridad la dimensión neocolonial del problema. El neocolonialismo contemporáneo no requiere administraciones coloniales formales, ya que opera mediante sanciones extraterritoriales, el control de rutas comerciales y la instrumentalización selectiva de los derechos humanos. En este marco, la soberanía se vuelve un concepto relativo para los Estados en vías de desarrollo, mientras que las grandes potencias se reservan el derecho de actuar como jueces y ejecutores del orden mundial.

Ahora bien, criticar la actuación de Estados Unidos no implica absolver al régimen venezolano. Dos verdades pueden coexistir sin necesidad de caer en contradicción. Venezuela es una dictadura, con graves violaciones a los derechos humanos y una crisis política profunda; y Estados Unidos está vulnerando principios básicos del derecho internacional al intervenir, ya sea directa o indirectamente, en los asuntos internos de un Estado. Reconocer una realidad no cancela la otra.

La democratización de Venezuela no puede ser impuesta por una potencia extranjera que actúa al margen de las normas que dice defender. De hacerlo, no solo se perpetúa la inestabilidad regional, sino que se refuerza un patrón histórico de dominación que América Latina conoce demasiado bien. En este contexto, el neocolonialismo se expresa hoy menos en conquistas territoriales y más en la adquisición de portaaviones, los llamados territorios de ultramar, las sanciones económicas y las negociaciones asimétricas. El caso venezolano vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién decide cuándo un país ha perdido su derecho a la soberanía y bajo qué autoridad se ejerce ese juicio? Mientras la respuesta dependa solo de las grandes potencias, el orden internacional seguirá siendo profundamente desigual.