En las últimas semanas he podido ver como se ha masificado el uso del término ‘terruco’, no solo utilizado por ‘influencers’ o ‘dibujitos’ en redes sociales, sino que también por autoridades de peso en nuestro país, políticos, periodistas, nuestros respetables padres de la patria.
La palabra mágica es “terruco”, y una vez que te la ponen encima, ya no eres ciudadano: eres enemigo.
El caso más reciente fue protagonizado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien llamó “terrorista” al rapero Eduardo Ruiz, conocido como ‘Trvco’, asesinado por la Policía Nacional del Perú. La acusación no solo fue falsa, sino profundamente cruel: el propio padre del músico fue militar y combatió al terrorismo durante el conflicto armado interno.
Rospigliosi no solo ensució la memoria de un joven que ya no puede defenderse; también despreció el dolor de una familia para justificar una muerte que el Estado aún ni se digna a explicar.
El ‘terruqueo’ deja de ser un insulto y se convierte en permiso para abusar.
Este tipo de discursos no solo caen en difamación; también buscan deslegitimar convicciones y luchas sociales, reduciendo todo cuestionamiento a una supuesta amenaza terrorista.
Y si queremos ser más minuciosos al respecto, el informe del Secretario General de la ONU (2004) define terrorismo como:
“Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a civiles o no combatientes con el propósito de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto”.
Incluso el historiador conservador Walter Laqueur (1999) definió el terrorismo como “el uso deliberado de la violencia extrema contra civiles, con fines políticos”. Si se observa desde ese ángulo, no parece tan descabellado afirmar que, en el Perú, el miedo se ha convertido en una herramienta política de control y supervivencia.
El ‘terruqueo’, más allá del insulto, se institucionaliza. Hace poco, el Congreso aprobó la ley que introduce el concepto de “terrorismo urbano”, norma que buscaría endurecer sanciones contra quienes atenten “gravemente contra la paz social”.
En teoría, la intención parece legítima. En la práctica, es una bomba de tiempo. En un país donde se llama terrorista a quien protesta, a quien canta, a quien exige justicia o a quien critica al poder, una ley así se vuelve un instrumento de persecución y represión.
Y mientras el Congreso endurece penas bajo el argumento de “combatir el terrorismo urbano”, el mismo Parlamento aprobó ocho leyes que favorecerían directamente al crimen organizado.
Entre las bancadas que las impulsaron figuran Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País. Estas normas, lejos de fortalecer la justicia, la debilitan: limitan las investigaciones preliminares, obstaculizan la colaboración eficaz y podrían blindan a funcionarios y políticos investigados por corrupción.
Es decir, se castiga a los manifestantes, pero se protege a los corruptos. Se invoca el terrorismo para mantener a raya al pueblo, mientras se legisla a favor de las mafias desde los escritorios. No se puede erradicar la criminalidad nacional si esta está enquistada en las instituciones del Estado.
El caso de Phillip Butters en Puno lo ilustra perfectamente. El precandidato de Avanza País viajó a principios de mes a Juliaca para ofrecer una entrevista en Radio La Decana, pero tuvo que salir escoltado y protegido por la policía después de ser rechazado por la población. Le lanzaron basura y huevos, tres años después de haber llamado “terroristas” a quienes protestaron contra la destitución de Pedro Castillo. No se justifica la agresión, pero sí se entiende el resentimiento: cuando siembras odio, no puedes esperar flores.
El “terruqueo” no solo divide, también erosiona la confianza social. Genera miedo, polarización, intolerancia y una peligrosa indiferencia ante los abusos del poder. Sirve para desviar la atención de los verdaderos problemas: la corrupción, la inseguridad, la desigualdad y la falta de justicia. Cuando todo se convierte en terrorismo, nada lo es. Esa confusión no es casual: es funcional al poder, porque permite gobernar sin rendir cuentas.
En el Perú ya no se combate al terrorismo; se lo reinventa para silenciar. El enemigo no está en las calles, sino en las instituciones que utilizan el miedo como política de Estado. Nos están enseñando a temer, a callar y a mirar hacia otro lado.
Pero si algo ha demostrado este país, es que la gente puede despertar. Y cuando eso ocurre, no hay discurso, ley o etiqueta que pueda detenerlo.
