Desde semanas previas al 12 de abril, Rafael López Aliaga ya había instalado una narrativa de fraude electoral. Sin embargo, esta cobró verdadera fuerza tras conocerse los resultados preliminares que lo dejaban fuera de la segunda vuelta, posicionando al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como los principales contendores.
Uno de los principales ejes de su denuncia gira en torno a las mesas de sufragio de la serie 900 000, las cuales, según afirma, habrían sido creadas estratégicamente para favorecer a Roberto Sánchez y, por ende, perjudicarlo. En su narrativa, el salto en la numeración de mesas a la 900 000 constituiría una supuesta evidencia de manipulación electoral, por lo que los votos emitidos en dichas mesas – 4500 actas – deberían ser considerados inválidos. Cabe señalar que fue precisamente el candidato de Juntos por el Perú quien obtuvo una mayor votación en este tipo de mesas.
LAS “ACTAS” DE LA SERIE 900K BENEFICIARON PRINCIPALMENTE A JP. EN SEGUNDO LUGAR A FP. PERJUDICARON A RP Y A BG (NIETO). ESTÁ SERIE 900K SE USÓ EN 2021 TAMBIÉN, PARA BENEFICIAR ÚNICAMENTE A PERÚ LIBRE. pic.twitter.com/UIEEZ9c1WJ
— Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) April 27, 2026
Frente a esta demanda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no tardó en pronunciarse y explicó que las mesas pertenecientes a el número 900 000 se usan para identificar a las mesas de sufragio en los centros poblados, quienes de otro modo tendrían que recorrer largas distancias de incluso días para ejercer su derecho. Es decir, lejos de ser un mecanismo de fraude, responden a una lógica de inclusión electoral establecida en el país desde el 2005.
Sin embargo, parece que la explica técnica es insuficiente para López Aliaga ya que no solo ha rechazado esta aclaración, sino que ha elevado el tono de su discurso, señalando que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para hacer valer el artículo 31 de la Constitución que garantiza el derecho al sufragio.
No obstante, esta intención de recurrir a instancias internacionales es sumamente irónica, porque el mismo candidato que hoy los intenta invocar como garantes de sus derechos es quien, en reiteradas ocasiones, ha deslegitimado a entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas o la Unión Europea, calificándolas de “inhumanos”, “caviares”, “zurdas” e incluso “ladrones”.
Entonces, ¿cuándo dejan de ser inválidas estas instituciones? ¿cuándo no coinciden con su discurso o cuándo podrían servirle y darle la razón?
El escenario es todavía más satírico si se considera que tanto la Organización de los Estados Americanos (OEA) como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea han declarado que, si bien las elecciones presentaron irregularidades logísticas como retrasos en la apertura de mesas, no existen evidencias de fraude que comprometan la integridad del proceso.
Entonces, ¿se está defendiendo la democracia o simplemente evitando admitir una derrota?
