Renovación Popular se impone sobre la vida y el dolor al oponerse a los cuidados paliativos

La primera semana de diciembre, el Congreso votó mayoritariamente a favor de la Ley de Cuidados Paliativos que recoge los proyectos de ley 9198/2024-CR, 4075/2022-CR y 4061/2022-CR, con 80 votos a favor, 9 en contra y 15 abstenciones. El proyecto, cuyo objetivo es reducir el dolor extremo de pacientes con enfermedades terminales, incurables o degenerativas, estuvo a punto de ser exonerado de segunda votación. Sin embargo, Renovación Popular votó en contra, bloqueando el avance inmediato de una ley que permitiría a miles de personas acceder a tratamientos que alivian sufrimiento severo.  

La oposición del partido celeste fue encabezada por el congresista Alejandro Muñante, quien aseguró que la propuesta “abre silenciosamente la puerta a la eutanasia” y que “la vida no se negocia”. Pero estas afirmaciones no solo carecen de sustento técnico y demuestran un profundo desconocimiento sobre lo que son los cuidados paliativos, así como una peligrosa tendencia a legislar desde convicciones religiosas en lugar de desde el bien público.

En primer lugar, es necesario precisar que los cuidados paliativos no son eutanasia, sino que son medicina básica que busca brindar calidad de vida a los pacientes terminales a fin que logren tener un final digno, es decir, garantizar que una persona con dolor profundo pueda recibir tratamiento médico para aliviarlo. En este sentido, los cuidados paliativos incluyen:

• Medicación par el control del dolor (incluidos opioides cuando es necesario)
• Soporte psicológico al paciente y la familia.
• Acompañamiento espiritual, de acuerdo a las creencias del paciente (art. 10 del PL 9198/2024-CR)
• Respeto a la autonomía del paciente para aceptar o rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida (art. 11 del PL 9198/2024-CR)

No se puede encontrar relación alguna con la eutanasia porque simplemente no existe. Es más, en respuesta a los comentarios del congresista Muñante, el Colegio Médico del Perú, la Asociación Médica Peruana, la Federación Peruana de Enfermedades Raras, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Asociación Peruana de Cuidados Paliativos y la Asociación de Desórdenes del Ciclo de la Urea y Metabólicas redactaron un pronunciamiento conjunto, expresando que el propósito principal de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida, “no adelantar ni retrasar la muerte” mientras que la eutanasia implica la administración de fármacos con la intención explícita de provocar la muerte inmediata a solicitud de un paciente que manifieste un sufrimiento insoportable.

Asimismo, afirmaron que confundir estos términos es “falso y confunde y pone en riesgo a quienes más necesitan protección” y que “desinformar” – justamente la acción que está realizando Renovación Popular – “no solo hiere el debate el debate: hiere a las personas” 

Es más, informan que el reciente Informe sobre la Situación de los Cuidados Paliativos en el Perú, elaborado por el Minsa, revela la existencia de profundas brechas en la atención de pacientes con enfermedades crónicas, discapacitantes y progresivas debido a la falta de un marco normativo que garantice el acceso efectivo a los cuidados paliativos. En América Latina, y en especial en el Perú, los cuidados paliativos están tan poco desarrollados que la mayoría de pacientes mueren entre dolor extremo, falta de medicación y abandono institucional. La ley peruana intenta corregir, al menos parcialmente, esta deuda histórica. ¿Entonces por qué Renovación Popular se opone?

Porque confunden —o deciden confundir— alivio del dolor con interrupción de la vida, porque su marco ideológico reduce toda acción médica al dogma de “proteger la vida” de forma abstracta, sin mirar el problema público real que existe detrás: una persona agonizando, llorando, sufriendo espasmos, con enfermedades que destruyen el cuerpo y el ánimo. Es lamentable que, en nombre de la supuesta defensa de la vida, se oponen a que esa vida tenga dignidad.  

No es erróneo afirmar que es una contradicción profunda. ¿Cómo puede un partido llamarse “provida” si se opone a que los pacientes fallezcan sin dolor? ¿Qué tipo de vida es la que defienden, si impiden acceso a medicamentos esenciales que la Organización Mundial de la Salud considera indispensables?

Pero, esta no es la primera vez que Renovación Popular prioriza el dogma sobre la empatía o la evidencia médica. En el pasado, el líder del partido, Rafael López Aliaga, mostró el sesgo moral que hoy reaparece en la oposición a los cuidados paliativos.

En el 2023, cuando el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de Ana Estrada a acceder a la eutanasia debido a su enfermedad incurable, el alcalde de Lima reaccionó con un mensaje de odio que reveló con crudeza su visión sobre el sufrimiento ajeno y su falta de empatía al declarar lo siguiente:

“si te quieres matar, te subes a un edificio y te tiras…si usted quiere matarse, pone tu tina, se corta las venas, pone una buena música, pone agua caliente y ya está muerta. Para qué mete al Estado en esto”. 

Rafael López Aliaga

Aquella reacción, ampliamente criticada, evidenció la postura extrema del partido, donde incluso ante una paciente que llevaba décadas viviendo con dolor severo, López Aliaga prefirió imponer una lectura religiosa de la vida antes que reconocer su dignidad individual. Esa misma lógica es la que hoy lleva a Renovación Popular a oponerse a una ley que, lejos de promover la eutanasia, busca garantizar algo tan básico como aliviar el sufrimiento de quienes ya no tienen posibilidad de curarse.

Los argumentos de Renovación Popular se limitan a una noción religiosa de la vida que ignora el sufrimiento físico, psicológico, emocional y espiritual del enfermo. No obstante, lo más grave es que su postura impone sobre otras personas que no comparten el mismo credo, violando uno de los principios fundamentales del Estado laico.

Renovación Popular sostiene un discurso provida hacia el aborto, la eutanasia y cualquier decisión sobre el cuerpo. Sin embargo, cuando se trata de garantizar tratamientos que la OMS considera esenciales, vota en contra. El Estado no busca obligar que los pacientes reciban los tratamientos paliativos. Si esa es la preocupación de Renovación Popular, el art. 11 del PL del PL 9198/2024-CR explícitamente establece que es decisión individual del paciente o, dependiendo del caso, su apoderado.  

La realidad es que estamos ante un escenario donde miles de niños, adultos y ancianos con enfermades como cáncer, neurodegenerativas o pacientes con tumores avanzados sufren innecesariamente durante su fase terminal.

Este caso plantea una pregunta incómoda: ¿La vida que defienden es la vida real de las personas o la vida ideológica que sostiene su doctrina? Porque negarse a aprobar cuidados paliativos no salva vidas, solo prolonga el dolor.

En caso no se apruebe la ley en la segunda votación, la consecuencia es clara: miles de pacientes seguirán muriendo entre sufrimiento evitable porque un partido decidió legislar según su credo y no según la salud pública. Este caso es un recordatorio peligroso de lo que ocurre cuando la política se subordina a la religión.