El 22 de noviembre, el congresista de la bancada de Acción Popular, Wilson Soto Palacios, presentó el Proyecto de Ley N° 13313/2025-CR, una iniciativa que busca “regular la actividad de los creadores de contenido digital” para supuestamente “evitar la desinformación en asuntos científicos y técnicos”. Para ello, se exige que influencers, streamers, tiktokers o líderes de opinión cuenten con título profesional o certificado oficial antes de poder opinar sobre un tema en específico. Además, deben inscribirse en el Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital.
Esta propuesta legislativa que propone el congresista Soto es tan simple como desconectada de la realidad peruana. Sin embargo, lo más preocupante no es ocurrencia legislativa, sino que revela, entre líneas, el intento del Estado de disciplinar, filtrar y controlar la opinión pública digital, justo en un momento donde las autoridades políticas enfrentan niveles históricos de rechazo popular.
Es que la propuesta no solo busca regular el comportamiento de los creadores de contenido, sino también les impone responsabilidades administrativas, un régimen de supervisión estatal y un sistema de sanciones. Según el Proyecto de Ley, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de ministros asumiría facultades para determinar, sancionar y coordinar medidas junto con INDECOPI. Una de las fracciones graves es:
“Difundir información que induzca a la comisión de actos delictivos o faltas tipificadas en el ordenamiento penal”.
Esto podría sonar razonable, sin embargo, pareciese que el congreso olvidara que ya existe un marco legal que castiga la incitación de delitos. Asimismo, el término “inducir”, interpretado por un Estado cuya legitimidad y confianza son ínfimas, puede convertirse en un criterio ambiguo e incluso arbitrario, especialmente contra las voces críticas. En la práctica, se otorga al aparato público una herramienta de filtrado político sobre el discurso digital.
El congresista Soto citó a China como ejemplo para justificar la necesidad de proteger a los ciudadanos de la desinformación. No obstante, el ejemplo resulta cómico e irónico al contrastarlo con la realidad peruana.
En China, el acceso al poder político exige años de formación, cursos, evaluaciones y un riguroso proceso meritocrático. Además, los funcionarios públicos enfrentan severas sanciones por corrupción, incluida la pena capital.
El contraste con el Perú es vergonzoso. Para ser congresista de la república únicamente se necesita ser peruano, mayor de 25 años y gozar de derecho de sufragio. Nada más. No se requiere formación profesional, experiencia como funcionario público, curso de legislación, gestión pública, ética, ciencias políticas, etc. Sin embargo, este mismo congreso pretende que los creadores de contenido deban acreditar títulos universitarios, certificaciones y registros oficiales para opinar en una plataforma social.
La incoherencia es irónica. ¿Cómo pueden exigir título para quienes opinan, pero no para quienes legislan? Esta falta de rigor en el congreso es la razón por la cual muchos proyectos de ley jamás pasan una primera votación o resultan ser inconstitucionales, lo cual genera una pérdida de tiempo y recursos para la población. Si realmente quisieran copiar a China, podrían empezar por adoptar su meritocracia para ocupar los cargos públicos o por su fuerte rechazo hacia la corrupción, pero eso convenientemente no forma ni formará parte de la inspiración legislativa.
Al final, el Proyecto de Ley N° 1331 revela su verdadera intención. Su objetivo no es mejorar la calidad informativa del debate público ni proteger a los ciudadanos de las llamadas fakes news. Es, en esencia, un intento de controlar las voces incómodas, mientras las instituciones siguen siendo ocupadas por personas que no necesiten demostrar ninguna preparación para ejercer el poder.
La iniciativa legislativa no combate la desinformación, sino la fiscalización ciudadana.
