Más rápido que inmediato, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció este miércoles medidas de protección para los candidatos presidenciales en estas Elecciones Generales 2026.
El presidente del JNE, Roberto Burneo anunció la adquisición de chalecos antibalas con el fin de proteger a su personal durante las Elecciones 2026 en Perú, acciones tomadas luego del ataque con armas de fuego contra el precandidato presidencial Rafael Belaunde, sucedido el día martes.
Pues, este hecho habría encendido las alarmas dentro del sistema electoral peruano y ha llevado a reforzar la seguridad con la finalidad de que los próximos comicios electorales se lleven a cabo de la mejor forma.
Burneo confirmó que el objetivo es proteger a los trabajadores que estarán desplegados en diferentes regiones, especialmente en zonas donde la violencia política y la criminalidad organizada han tomado protagonismo en los últimos años.
Según detalló, la institución no puede arriesgar la vida de su personal en un contexto de creciente tensión y agresiones vinculadas al proceso electoral.
Declaraciones que llamaron mucho la atención, ya que aparentemente el Estado si tiene los recursos y la posibilidad de accionar rápidamente ante la creciente ola de criminalidad que vivimos en nuestro país, llegando a abrir el siguiente debate: ¿y la ciudadanía?
Porque una cosa es que el Estado proteja a quienes integran el aparato electoral —algo necesario—, pero otra muy distinta es que esa protección sólo exista para quienes forman parte de él.
¿Y para cuándo el Estado va a cuidar a la población?, ¿o acaso la vida del ciudadano de a pie vale menos y por eso no merece un chaleco, un patrullero cercano o un sistema de seguridad que realmente funcione?
Mientras el aparato electoral se blinda, las cifras muestran una realidad mucho más cruda: este año se han registrado más de 1,980 homicidios, según el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF). A eso se suma que más del 85% de los peruanos se siente inseguro cada vez que sale de su casa. Y, pese a los estados de emergencia declarados en diferentes distritos y regiones, la violencia no disminuye: muta, se expande, se normaliza.
En un país donde las balas se escuchan más que las sirenas policiales, donde la justicia llega tarde o no llega, y donde el miedo se ha convertido en parte de la rutina, la medida del JNE no solo evidencia la gravedad del contexto: también expone las prioridades de un Estado que se protege a sí mismo antes que a su propia gente.
