El jueves pasado concluyó el CADE Ejecutivo 2025, uno de los foros empresariales y políticos más influyentes del país, organizado por IPAE–Acción Empresarial. A pesar de su relevancia, solo dos precandidatos presidenciales asistieron: Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Alfonso López Chau, de Ahora Nación.
También participaron el presidente interino José Jerí y Carlos Neuhaus, líder del PPC. La convocatoria se había estructurado en función de las últimas encuestas, donde López Aliaga encabezaba la intención de voto con 10,7%, seguido de Keiko Fujimori (7%), Mario Vizcarra (5,3%), Carlos Álvarez (4,8%), López Chau (1,8%) y César Acuña (1,8%). El resto de postulantes optó por ausentarse y dejar preguntas sin responder.
CADE busca, en teoría, propiciar discusiones sobre desarrollo, estabilidad y políticas públicas. Este año los ejes fueron crecimiento económico, educación, salud, justicia y seguridad; sin embargo, en ausencia de la mayoría de candidatos, las intervenciones quedaron reducidas a quienes sí estuvieron frente al panel.
Entre ellos, López Aliaga fue el protagonista central y presentó un plan de gobierno cargado de promesas maximalistas, marcadas por contradicciones internas y propuestas que comprometen la institucionalidad democrática.
El exalcalde de Lima abrió su discurso asegurando que impulsará una “reforma total” del Poder Judicial y del Ministerio Público basada en meritocracia y eliminación de jueces provisionales. Acto seguido, anunció que, si ganaba las elecciones, retiraría al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que calificó de inhumana y favorable a “terrucos” y “sicarios”.
Esta posición rompe con compromisos internacionales asumidos por el Estado y ha sido ampliamente cuestionada por especialistas en derechos humanos.
Luego planteó el retorno al Congreso unicameral y propuso que los legisladores ganen un promedio de los ingresos percibidos en los últimos cinco años. La propuesta generó sorpresa no solo por su radicalidad, sino por la contradicción evidente: la bancada de Renovación Popular votó previamente a favor de la bicameralidad, lo que evidencia una desconexión entre el discurso del candidato y el comportamiento legislativo de su propio partido.
Consultado por presuntos vínculos con la minería ilegal, López Aliaga lo negó tajantemente y ofreció 100 mil dólares a quien demostrara lo contrario. Anunció incluso la expulsión de siete integrantes vinculados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin Perú).
Pero la afirmación pierde peso frente al registro parlamentario: entre 2021 y 2024, más de la mitad de la bancada de Renovación Popular apoyó iniciativas de desregulación minera, incluida la ampliación del REINFO, que favorece a mineros informales e ilegales.
En materia de seguridad, el precandidato recuperó una propuesta consideraba extrema: crear penales aislados en la selva peruana bajo el modelo CEPA. Este sistema recuerda a El Sepa, conocido como “infierno verde”: una cárcel sin muros donde los reos cumplían condenas inmersos en la jungla, sometidos a castigos severos y trabajos forzados, en condiciones brutales que derivaron en denuncias reiteradas por tratos inhumanos y violaciones de derechos fundamentales.
La promesa se inscribe en un discurso de “mano dura” que, en lugar de fortalecer la seguridad, abre el camino a vulneraciones sistemáticas de derechos humanos.
La centralidad de López Aliaga en el CADE no se explica solo por sus propuestas, sino por la ausencia de quienes lideran las encuestas junto a él. Ni Fujimori, ni Vizcarra, ni Álvarez, ni Acuña ocuparon el espacio, pese a su relevancia pública. La ausencia de estos precandidatos plantea interrogantes: ¿carecen de propuestas?, ¿prefirieron evitar preguntas críticas?, ¿se trata de estrategia o de falta de preparación?
Lo cierto es que, sin ellos, el discurso quedó monopolizado por quien sí tomó el escenario, aunque sus planteamientos resultaran imprecisos, contradictorios o abiertamente cuestionables.
El evento presentó un panorama que mezcla populismo, contradicciones y silencios calculados. Mientras López Aliaga promete desmontar instituciones, desconocer tratados internacionales y revivir cárceles selváticas sin garantías mínimas, el resto de candidatos opta por no aparecer.
La ausencia también comunica, y en este caso revela una clase política poco dispuesta a rendir cuentas frente a audiencias críticas.
De cara a las elecciones de 2026, la responsabilidad recae en el electorado. Queda evaluar si quienes aspiran a gobernar están dispuestos a debatir sus ideas en espacios públicos, o si, por el contrario, prefieren mantener discursos encapsulados. En un escenario marcado por propuestas que tensionan el orden democrático y vulneran derechos fundamentales, vigilar no solo lo que los candidatos dicen, sino también lo que callan, será determinante.
