El pasado 6 de enero, en una entrevista concedida a Bethel TV Noticias, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó sin rodeos que, de llegar a la presidencia, no permitiría la construcción de mezquitas en el territorio peruano. La declaración no fue ambigua ni sacada de contexto: se trató de una postura explícita que vulnera de manera directa uno de los pilares del Estado constitucional peruano: la libertad religiosa.
¿Qué va a hacer con el islamismo y su proliferación?
Mira aquí primero está el Perú hermano (…) Porque en Europa estamos viendo, se han fregado. En Alemania las leyes ya son islámicas. En Alemania, Francia ¿no? Ya se perdió. Hay que proteger, poner reglas claras. Si están viviendo al Perú, aquí se respeta el cristianismo y se respeta lo que dice la constitución. Aquí se alaba al Dios ¿no? Y se adoraba a Cristo.
¿No va a estar haciendo mezquitas por aquí por allá entonces?
No, no, no. Hay una diferencia entre bueno y buenudo. No hay que ser buenudo pues. Hay que mirar la experiencia de Europa y que no nos hagan la misma jugada. Aquí se respeta el Perú, se respeta nuestras creencias y fe.
Ante la pregunta sobre “el islamismo y su proliferación”, López Aliaga respondió apelando a una narrativa de amenaza cultural y civilizatoria. Sostuvo que Europa “ya se perdió”, que países como Alemania y Francia estarían regidos por “leyes islámicas”, y que el Perú debe “poner reglas claras” para evitar lo que denominó una “jugada” similar. En ese marco, afirmó que en el país “se respeta el cristianismo”, que “se alaba a Dios” y que “se adora a Cristo”, dejando claro que otras expresiones religiosas no tendrían el mismo reconocimiento.
Cuando se le preguntó directamente si permitiría la construcción de mezquitas, su respuesta fue categórica: “No, no, no”. Acto seguido, justificó su postura afirmando que “no hay que ser buenudos” y que el Estado debe proteger “nuestras creencias y fe”.
Las declaraciones del candidato no constituyen simplemente una opinión personal o una preferencia religiosa. En el Perú, la libertad de culto está garantizada por la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a profesar la fe de su elección, practicarla tanto en el ámbito privado como en el público, y organizarse colectivamente sin sufrir discriminación. Esto incluye, de manera explícita, el derecho a construir templos, mezquitas, sinagogas o cualquier otro espacio de culto, siempre que se respeten las normas generales de ordenamiento urbano.
En este sentido, prohibir la edificación de mezquitas por razones religiosas no solo es inconstitucional, sino que configura una forma de discriminación directa contra una minoría religiosa. Recordemos que el Perú es un Estado laico, por lo tanto, no existe en el ordenamiento jurídico jerarquía alguna entre creencias ni una religión que represente a todos los peruanos. Decir que en el Perú “se alaba a Dios” simplemente elimina la diversidad de creencias existente en nuestro país.
Aunque el Perú reconoce la importancia histórica de la Iglesia Católica, el Estado no es confesional. Esto significa que el aparato estatal no puede imponer una fe, ni favorecerla en detrimento de otras, ni condicionar derechos ciudadanos a la adscripción religiosa. Cuando un candidato presidencial afirma que “aquí se respeta el cristianismo” como criterio para excluir otras religiones, rompe con el principio de neutralidad religiosa del Estado.
Las afirmaciones de López Aliaga se sostienen en una narrativa alarmista que presenta al islam como una amenaza civilizatoria, propagando información falsa o empleando ejemplos descontextualizados de Europa. Este tipo de discurso no busca informar, sino generar miedo, asociando una religión específica con la pérdida de valores, el caos social o la destrucción cultural. En un país tan diverso como el Perú, donde conviven diversas confesiones religiosas y culturales, promover este tipo de divisiones desde una candidatura presidencial erosiona la convivencia democrática y normaliza la discriminación.
Cuestionar políticas migratorias, las consecuencias del fundamentalismo islámico y debatir sobre la integración cultural es legítimo en una sociedad democrática. Negar derechos fundamentales por motivos religiosos no lo es. La libertad religiosa no es una concesión del poder político ni un privilegio condicionado a mayorías; es un derecho fundamental que protege, precisamente, a las minorías frente al abuso del Estado.
Las declaraciones de Rafael López Aliaga no solo revelan una visión excluyente de la nación, sino que plantean una pregunta urgente para el electorado peruano: ¿puede un candidato que anuncia abiertamente que no respetará un derecho constitucional básico ser considerado una opción democrática?
