A estas alturas, no es un secreto que amplios sectores de la comunidad evangélica se han convertido en uno de los principales defensores del Estado de Israel, tanto desde su creación como frente a las actuales acciones militares impulsadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Este respaldo se sustenta, en gran medida, en una lectura teológica que presenta a Israel como “el pueblo elegido de Dios”, interpretación que ha derivado en un apoyo incondicional donde cualquier cuestionamiento político, jurídico o humanitario es percibido no como una crítica legítima, sino como una afrenta a la fe o incluso como una duda hacia la palabra divina. En este marco, objetar las acciones del Estado israelí se convierte, para muchos fieles, en un ataque directo contra Dios.
En el Perú, este apoyo se ha traducido en marchas, actos públicos y pronunciamientos religiosos que respaldan sin matices la ofensiva militar israelí contra la población palestina, presentada reiteradamente bajo el argumento de la “legítima defensa”. De igual forma, se ha promovido el rechazo de las cifras y reportes elaborados por organismos internacionales —acusados sin evidencia de estar “comprados” o parcializados—, mientras se aceptan sin mayor cuestionamiento los datos difundidos por las Fuerzas de Defensa de Israel. Esta selectividad informativa revela que el respaldo no responde a un análisis riguroso, sino a una adhesión ideológica previamente definida.
No obstante, esta práctica entra en contradicción con la propia doctrina cristiana que muchas de estas comunidades promueven y afirman respetar. En uno de los textos doctrinales más difundidos durante la formación de nuevos creyentes, “Instrucciones Bíblicas para los Recién Convertidos” escrito por Luis M. Ortiz, se establece con claridad que la iglesia debe repudiar toda politiquería, tanto a favor como en contra de actores políticos. El texto es explícito al advertir que la fe no puede convertirse en un instrumento de legitimación política, ni ser utilizada para justificar decisiones estatales que, al fin al cabo, son sumamente terrenales.
Desde esta perspectiva doctrinal, resulta completamente problemático que ciertos sectores religiosos utilicen argumentos bíblicos para respaldar políticas estatales concretas, especialmente cuando dichas están acusadas de cometer actos de genocidio y crímenes de guerra. La defensa acrítica de un Estado, únicamente por considerarlo parte de una promesa bíblica, constituye un acto de fanatismo religioso.
Utilizar la religión como herramienta para explicar la política internacional, donde se confunde deliberadamente al “Israel bíblico” con el Estado moderno de Israel y sus decisiones militares, empobrece el debate público y ético, limita la capacidad de análisis crítico y silencia el sufrimiento de miles de civiles, en especial, niños. ¿De verdad una religión puede justificar la muerte de más de 70 mil personas? Según UNICEF, desde octubre del 2023 y 2025, se confirmó la muerte o mutilación de al menos 64 mil niños, entre ellos, más de mil bebés.
Si la doctrina cristiana rechaza la politiquería y el uso de la fe como herramienta de poder, resulta legítimo preguntarse por qué estos principios se relativizan cuando se trata de defender a un Estado en específico. La coherencia doctrinal exige que la fe no se subordine a ningún Estado ni partido ni proyecto político en específico, sino que mantenga su vocación ética y solidaria. De lo contrario, la religión corre el riesgo de dejar de ser un espacio de reflexión moral para convertirse en un escudo ideológico que blinda la violencia y el abuso del poder.
