Israel suspenderá en enero la actividad de más de 30 ONG que realizan labor humanitaria en Gaza 

Mientras gran parte del mundo celebraba la llegada del 2026, Israel optó por inaugurar el año profundizando el castigo colectivo contra la población palestina. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que, a partir de enero, suspenderá la actividad de 37 organizaciones no gubernamentales internacionales que actualmente realizan labores humanitarias en Gaza. La medida se produce en un contexto marcado por crecientes denuncias internacionales que acusan a Israel de cometer crímenes de guerra y genocidio contra la población palestina.

Según las autoridades israelíes, la decisión responde a supuestas “preocupaciones de seguridad” y a la afirmación —no sustentada públicamente— de que estas ONG estarían involucradas en “actividades terroristas”. Sin embargo, esta narrativa ha sido ampliamente cuestionada por la comunidad internacional, ya que las organizaciones internacionales cumplen un rol fundamental en brindar asistencia a una población civil sometida a bombardeos constantes, asedio prolongado y colapso total de los servicios básicos. Impedir su trabajo no solo restringe el acceso a ayuda humanitaria esencial, sino que también controla y silencia la documentación independiente del gobierno israelí de violaciones al derecho internacional humanitario.

Entre las organizaciones censuradas se encuentran Médicos Sin Fronteras y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Ambas han sido pilares vitales de la asistencia en Gaza durante el conflicto, proporcionando atención médica de emergencia, cirugías en condiciones extremas y apoyo a miles de personas desplazadas. La suspensión de sus operaciones dejaría a miles de palestinos sin acceso a atención médica básica en un territorio donde enfermar o resultar herido equivale, cada vez más, a una sentencia de muerte debido a la extrema precariedad sanitaria.

Otra de las organizaciones forzadas a cerrar es el Consejo Noruego para los Refugiados, responsable exclusivo de los cinco centros de estabilización nutricional que atienden a niños con desnutrición aguda. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, si estas ONG son obligadas a suspender sus actividades, uno de cada tres centros de salud en Gaza cerrará sus puertas, agravando aún más una crisis sanitaria que ya ha superado cualquier umbral de emergencia.

La prohibición de la UNRWA resulta, además, incompatible con el derecho internacional. Como Estado miembro de las Naciones Unidas, Israel tiene la obligación de permitir el ingreso y funcionamiento de esta agencia, en virtud de la Carta de la ONU y la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la medida de “espantosa” y la enmarcó dentro de un patrón sistemático de restricciones ilegales al acceso humanitario.

 Frente a este escenario alarmante, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suiza, Suecia, España y Reino Unido expresaron su profunda preocupación por la situación catastrófica en Gaza. Sin embargo, las condenas diplomáticas contrastan con la inmunidad política de la que continúa gozando Israel, pese a la magnitud del daño infligido a la población civil. De igual forma, las organizaciones humanitarias advierten que impedir su trabajo equivale a profundizar una crisis que ya ha superado los límites de emergencia y se encamina hacia una catástrofe humanitaria de largo plazo.  

La suspensión de las actividades humanitarias ocurre además en un contexto de negociaciones estancadas y de reiterados llamados internacionales para garantizar el acceso irrestricto de ayuda a Gaza. Según UNICEF, al menos seis niños murieron solo en diciembre como consecuencia del frío extremo, las lluvias intensas y las condiciones inhumanas derivadas del desplazamiento forzado. Actualmente, más de un millón de palestinos viven desplazados tras la destrucción de sus hogares y sobreviven en tiendas precarias o refugios improvisados.  

La pregunta es inevitable ¿qué ocurrirá cuando incluso la mínima ayuda humanitaria sea eliminada? Al bloquear la asistencia médica, alimentaria y humanitaria, Israel no solo profundiza una crisis sin precedentes, sino que convierte el cerco humanitario en una herramienta deliberada de guerra, castigando a una población civil que ya ha sido llevada al límite de la supervivencia. La suspensión de la ayuda humanitaria no es una consecuencia colateral del conflicto, sino una decisión política consciente. Al impedir la labor de las ONG médicas y humanitarias, el gobierno de Benjamín Netanyahu no solo agrava el hambre, la enfermedad y la muerte en Gaza, sino que criminaliza la asistencia y castiga a quienes intentan salvar vidas. Bloquear alimentos, medicinas y atención médica en un territorio sitiado no puede presentarse como una medida de seguridad. Estas acciones constituyen una forma de violencia sistemática que apunta directamente contra la supervivencia de millones de personas.

Resulta inconcebible que un Estado pueda infringir medidas destinadas a someter el máximo daño hacia una población sin sufrir consecuencias. La inmunidad que sigue recibiendo Israel por la comunidad internacional es absurda. ¿Es necesario que Gaza sea erradicada por completo para recién entender que las acciones de Israel son genocidas?