Las recientes declaraciones del conductor Fabricio Escajadillo, presentador de Resurge TV, y de Paola Martínez, candidata a la Cámara de Diputados por el partido Renovación Popular, reactivan un discurso que mezcla religión, victimización política y desinformación jurídica para desacreditar una norma básica del sistema electoral peruano que exige la neutralidad religiosa en campañas políticas.
Ambos sostienen que la prohibición del Jurado Nacional de Elecciones de invocar a Dios o utilizar símbolos religiosos en campaña electoral o actos proselitistas constituye una persecución contra los cristianos y una amenaza a la civilización occidental. Sin embargo, este planteamiento no solo es incorrecto, sino profundamente peligroso para una democracia plural y laica como lo es la peruana.
Neutralidad no equivale a censura
Como hemos explicado en otras entradas, la Resolución N.° 000212-2025-JEE-LIE1/JNE no prohíbe expresar la fe ni impide a los candidatos de creer, rezar o vivir conforme a sus convicciones religiosas. Lo único que establece es que la religión no debe convertirse en una herramienta de campaña política o en figura de autoridad para obtener respaldo popular. Esta norma no busca limitar a una religión en particular, sino que rige para todas las religiones sin excepción.
En este contexto, la norma existe a fin de garantizar un proceso libre de presión moral, espiritual o emocional. Durante una campaña política, lo ideal es que los ciudadanos ejerzan su voto por convicción ideológica, no por presión espiritual.
Por lo tanto, presentar el marco legal como una “persecución” equivale a redefinir la libertad religiosa como el derecho de utilizar la religión con fines políticos. Mientras el conductor de Resurge TV afirma que los ciudadanos están prohibidos de mencionar su fe, religión y credo; la realidad es otra. Los candidatos pueden seguir expresando libremente la confesión religiosa a la cual pertenecen y se identifican, la única diferencia es que deben evitar realizar expresiones que acaparen a las autoridades divinas como respaldo a sus proyectos políticos.
Es cierto que, para ciertos partidos de corriente conservadora, la religión influye profundamente en sus valores y proyectos políticos. En palabras de Escajadillo, la religión está relacionada directamente con temas trascendentales del plan de gobierno. No obstante, hay una diferencia entre expresar “ser cristiano” y pretender afirmar que “Dios respalda mi plan de gobierno” o “mi plan de gobierno representa los valores cristianos”.
Paola Martínez refuerza esta narrativa al hablar de “persecución” y comparar la aplicación de normas electorales con episodios históricos de represión religiosa. En ese marco, menciona la investigación seguida contra el pastor Rodolfo Gonzales, del Movimiento Misionero Mundial (MMM) en el 2017. En sus palabras, este es otro caso de censura al pensamiento y creencias cristianas, sin embargo, omite un elemento central: no toda invocación religiosa se encuentra amparada por la libertad de culto cuando esta incita al odio, niega la dignidad o vulnera los derechos fundamentales de terceros. La libertad religiosa no es absoluta ni opera como un escudo frente a la responsabilidad legal.
Del mismo modo, Martínez presenta como supuesta “prueba de sesgo” del Jurado Nacional de Elecciones el hecho de que el Estado capacite a personas de la comunidad LGBTIQ+ en participación política, confundiendo deliberadamente políticas de inclusión y formación ciudadana con privilegios ideológicos. Este tipo de afirmaciones no solo carece de sustento, sino que resulta particularmente peligrosa, en la medida en que alimenta la desconfianza y refuerza discursos de discriminación hacia minorías sexuales.
En una sociedad democrática y laica, la libertad religiosa garantiza el derecho a creer y practicar una fe sin discriminación ni persecución, pero no habilita a convertir esa fe en un criterio obligatorio para legislar, gobernar o excluir a quienes no comparten las mismas convicciones.
El cristianismo como origen exclusivo de la libertad
Por otro lado, Escajadillo afirma que sin el cristianismo no existirían el Estado de derecho, la democracia ni la abolición de la esclavitud. Esta lectura selectiva y eurocentrista de la historia ignora hechos fundamentales. La religión cristiana fue utilizada durante siglos para justificar la esclavitud, el colonialismo, las cruzadas y las llamadas “guerras santas”. La Biblia fue empleada tanto para abolir como para defender la esclavitud, dependiendo de quién la interpretara y bajo qué intereses.
Aunque suele afirmarse que el Estado de Derecho, la limitación del poder absoluto y el contrato social son frutos directos del pensamiento cristiano, esta lectura resulta históricamente reduccionista y profundamente eurocéntrica. Es cierto que pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau o Montesquieu eran creyentes en distintas formas; sin embargo, sus aportes no derivan de un mandato religioso, sino precisamente de la desconfianza hacia el poder concentrado, incluido aquel que se legitimaba en nombre de Dios. John Locke, por ejemplo, defendió la tolerancia religiosa y la separación entre Iglesia y Estado, no para imponer una fe, sino para impedir que cualquier creencia se transformara en autoridad política.
De forma paralela, mientras Europa elaboraba estos discursos y nociones sobre libertad y derechos, las potencias europeas, mayormente cristianas, consolidaban proyectos coloniales y sistemas de explotación que alcanzaron máxima expresión en la Conferencia de Berlín de 1884, donde se institucionalizó la repartición de África bajo una lógica de dominación que negó toda humanidad a la población africana. Pero, ¿por qué es relevante mencionar todo esto? Pues, los hechos históricos dejan en evidencia que la fe cristiana no fue ni es una garantía moral contra la opresión. Toda creencia, bajo el poder terrenal y guiada por objetivos individualistas, tiene la posibilidad de convertirse en un instrumento que legitime la violencia estructural.
La abolición de la esclavitud no fue producto exclusivo de la fe, sino de procesos políticos, económicos, sociales y filosóficos complejos, donde confluyeron ideas ilustradas, movimientos sociales y cambios estructurales. Atribuirla únicamente a políticos “que hablaban de Dios” no solo es históricamente falso, sino que invisibiliza a quienes lucharon desde fuera y muchas veces contra las instituciones religiosas.
De la fe al lenguaje castigador
Un aspecto singularmente alarmante del programa Resurge TV fue el uso de un lenguaje abiertamente castigador y belicista. Escajadillo llega a describir a Dios como un “varón de guerra” y advierte al JNE que “deberían temblar” porque, según su percepción, están oponiéndose a los cristianos y ello equivale oponerse a Dios.
Este tipo de retórica no se limita en el simbolismo, ya que busca sacralizar el conflicto político, convirtiendo cualquier normativa legal que no satisfaga las creencias de ciertos colectivos en una “batalla espiritual” y, al mismo tiempo, representa a las instituciones públicas como enemigas de Dios.
Utilizar la religión para deslegitimar al Estado, intimidar a las autoridades electorales y presentar normas generales como ataques a Dios no fortalece la democracia ni la fe. Por el contrario, erosiona ambas y polariza todavía más a la sociedad. La política debe disputarse con argumentos, propuestas, expectativas y diagnóstico. Cuando alguien necesita invocar a alguna figura divina para recoger votos, el problema no es el Estado sino la debilidad de plan de gobierno y sus integrantes.
