La mañana siguiente a la salida de Dina Boluarte del sillón presidencial y la juramentación de José Jerí como jefe de Estado, el programa Tendencias en BethelTV abrió su espacio a una figura ya conocida en la política judicial peruana: el abogado aprista Humberto Abanto Verástegui. En medio del desconcierto por la nueva crisis institucional, el letrado —quien ha representado tanto a Patricia Benavides como a Vladimir Cerrón— buscó explicar los motivos detrás de la inestabilidad del país y, de paso, señalar culpables.
Desde su primera intervención, Abanto intentó justificar la llamada “mutación constitucional” que, según él, ha consolidado un “régimen parlamentario informal” en el Perú. Lo dijo sin reparos, como si el Congreso, a falta de equilibrio de poderes, hubiese asumido de facto la conducción del país. Y en ese marco, responsabilizó a lo que denominó la “izquierda caviar” de promover el fin del gobierno de Boluarte.
El abogado sostuvo que el mejor escenario hubiera sido someter a la exmandataria a una especie de “tutoría” del Legislativo:
“Te vamos a poner un premier de verdad, que tú no puedes convocar, pero nosotros sí, que va a ser el vocero del gobierno y tú te vas a sentar tranquila a esperar a que pase el tiempo por el bien del Perú”.
En su análisis, esa habría sido la salida “correcta” a la crisis. No una renuncia, no una vacancia, sino una supervisión parlamentaria del Ejecutivo, como si la democracia pudiera administrarse bajo tutela.
Más adelante, Abanto minimizó la gravedad de la criminalidad durante el mandato de Boluarte. Con tono de estadístico, comparó las muertes violentas con los accidentes de tránsito:
“En el curso de este año, del 1 de enero al 30 de septiembre tenemos casi 1600 muertas por crímenes violentos, ¿sabe usted que tenemos en ese mismo lapso 2510 personas muertas en accidentes de tránsito? Los accidentes de tránsito producen más muertes que el crimen violento en el Perú…”.
Y remató:
“No quiero decir que esté bien… Lo que quiero decir es que, si bien se tienen que tomar medidas, este no era el problema. Están generando una caja de resonancia para convencernos a todos que vivimos en un Estado como Liberia o como Haití”.
Con esa lógica, la inseguridad —una de las principales causas de descontento ciudadano— se convertía, en su discurso, en un tema inflado por los medios y la opinión pública. A renglón seguido, Abanto insinuó que el crimen en el Círculo Militar no fue un hecho común:
“¿No le parece a nadie extraño que al Círculo Militar haya entrado un grupo de gente con armas a dispararle a las personas? ¿No les parece demasiado escandaloso para que sea un crimen común?”.
Preguntas que pueden sonar legítimas, pero que, planteadas sin evidencia, rozan más la sospecha que el análisis.
El abogado fue más allá y planteó que la vacancia de la ex mandataria sería parte de un plan para amenazar las elecciones del próximo año. Según él, estaríamos frente al riesgo de una “dictadura popular”. Y en su intento por reivindicar al Congreso, enumeró lo que consideraba sus logros:
“Este Congreso tiene enormes defectos, no tengo ninguna duda, pero renovó el Tribunal Constitucional, ha logrado renovar la Junta Nacional de Justicia, ha logrado cambiar leyes que eran innecesariamente crueles, ha desactivado la SUNEDU, que era el gran mecanismo por el que movilizaban a los jóvenes para las marchas… han desconectado de la teta del Estado a esta gente”.
Lo que Abanto presenta como un mérito del Legislativo, en realidad, representa una serie de retrocesos institucionales. La renovación de la Junta Nacional de Justicia incluyó el nombramiento de fiscales cuestionados como Tomás Aladino Gálvez —vinculado al caso Cuellos Blancos del Puerto— y Gino Ríos, sentenciado por violencia familiar. A su vez, las “leyes innecesariamente crueles” que el Congreso derogó son, según el Ministerio Público, normas que protegían la independencia judicial y fortalecían la lucha anticorrupción. Y la “desactivación” de la SUNEDU, lejos de desconectar a nadie “de la teta del Estado”, significó devolver el control universitario a grupos privados y políticos con intereses particulares.
Sin embargo, Abanto insistió en que el Legislativo debía mantener el control:
“La medida adecuada hubiera sido que el Congreso asuma la tutoría del gobierno. Dina Boluarte debía quedarse, pero bajo la conducción del Parlamento”.
Luego, defendió abiertamente a la expresidenta:
“Pudo hacer muchísimo daño y no lo hizo. Nos ha dejado un país mucho más estable, un país que ya crecía 3%. El balance no es totalmente negativo. Sus errores fueron su frivolidad y su incapacidad de convocar a personas con mayores cualidades”.
Frente a eso, la conductora lo interrumpió para calificar el gobierno de Boluarte como “nefasto”, aunque resaltando su ruptura con Perú Libre. Abanto replicó agradeciendo que la exmandataria “no haya entregado el país a la turba”, expresión que sintetiza su mirada sobre la protesta social y el pueblo movilizado.
Más adelante, responsabilizó de la crisis a los líderes de las bancadas mayoritarias —Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga y Vladimir Cerrón—, aunque paradójicamente admitió que “nacieron para ser presidentes”. Y cerró con una frase que pareció anticipar su deseo de una nueva figura salvadora:
“Todavía no conocemos la cara del próximo presidente del Perú”.
Abanto, sin embargo, dejó claro quiénes no deberían ocupar ese lugar. Se mostró “totalmente en contra” de que políticas como Flor Pablo o Susel Paredes lleguen a posiciones de poder.
Llama la atención que quien defiende el “orden”, la “estabilidad” y la “moral institucional” haya sido acusado por la Fiscalía de integrar una organización criminal dedicada a actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas entre 2011 y 2015, dentro del caso Árbitros de Odebrecht. Un antecedente que inevitablemente pone en entredicho la ética detrás de sus palabras y sus elogios a la presidenta más impopular del mundo.
En definitiva, Humberto Abanto se presentó en Tendencias como un defensor de la legalidad y la institucionalidad, pero sus propias contradicciones y antecedentes dejan la sensación de un discurso que, más que buscar justicia o equilibrio, intentaría renovar el rostro a quienes históricamente se han beneficiado del desorden.
