El pasado 19 de junio se realizó el foro “Democracia en Defensa: ¿puede surgir una alternativa al pacto mafioso?” en la Pontificia Universidad Católica del Perú, un espacio que reunió a figuras políticas como Ruth Luque, Marisol Pérez Tello, Mesías Guevara y Ronald Atencio para debatir sobre el estado de la democracia en el país y los posibles escenarios futuros.
Si bien el evento buscaba abrir un espacio de reflexión plural sobre los desafíos institucionales del Perú, las intervenciones dejaron la impresión de un panel con una lectura un poco unilateral, centrada casi exclusivamente en la crítica al fujimorismo, sin un análisis equivalente sobre otras fuerzas políticas que integran el llamado “Pacto Mafioso” y que también forman parte del actual escenario de tensión institucional.
El “pacto mafioso” y la amenaza autoritaria
Ruth Luque, congresista por Juntos por el Perú y senadora virtual por Ahora Nación, sostuvo que los principales desafíos en la defensa del Estado de Derecho son el “miedo, la desesperanza y la frustración” de la ciudadanía. Asimismo, advirtió que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori el reto sería “generar resistencia frente a una lógica autoritaria”.
La legisladora definió el llamado “pacto mafioso” como la convergencia de intereses criminales dentro del Estado y criticó duramente iniciativas legislativas como la modificación del Código Penal Militar Policial, señalando que representan un “profundo deterioro a la democracia” y podrían generar “impunidad” a la violación de derechos humanos.
En esa misma línea, calificó el actual escenario político como una “dictadura” en el parlamento y un “parlamentarismo de facto”. Además, en relación al proceso electoral, sostuvo que el fujimorismo tendría una “victoria legal pero no territorial”.
Si bien estas preocupaciones forman parte del debate político actual, su intervención se concentró casi exclusivamente en un solo actor político, sin abordar otras prácticas que también tensionan la institucionalidad democrática.
Por su parte, Ronald Atencio, ex candidato presidencial por el partido político Venceremos, elevó el tono del debate al calificar un eventual gobierno de Fujimori como “totalitario” y “autoritario”. “La señora K es autoritaria, es totalitaria”, afirmó. Asimismo, sostuvo que Fuerza Popular y Renovación Popular “van a dividirse los beneficios y cargos del Estado” y que “cada uno va a tener su repartija”. En esa misma línea, expresó una visión pesimista del escenario político: “No veo que tengamos salida”, declaró.
El ex candidato también cuestionó la independencia del Tribunal Constitucional al señalar que “no es independiente” y afirmó que “los niveles de pesos y contrapesos están fallidos”.
Además, describió la actuación política del fujimorismo como una “dictadura que ha desplegado todos sus tentáculos”, que busca “capitalizar todo para ella”, configurando —según sus palabras— un “sistema de tentáculos”. Finalmente, volvió a defender la necesidad de una Asamblea Constituyente.
Incluso, comparó el contexto peruano con procesos internacionales: “hoy es bien difícil votar en libertad” y sostuvo que “algo parecido pasa en el país”, en referencia a una supuesta manipulación electoral en Estados Unidos realizada por Donald Trump.
Este tipo de afirmaciones, aunque reflejan una preocupación política, fueron presentadas sin mayor desarrollo o sustento técnico, lo que debilita la calidad del análisis y contribuye a una narrativa más confrontacional que explicativa.
En sincronía, Mesías Guevara, ex candidato presidencial por el Partido Morado, coincidió en que el escenario es “bastante complejo” y pidió no “caer en esa narrativa” que da por ganadora a Fujimori. “Yo no doy por senado que la Señora Fujimori ha ganado”, expresó.
Asimismo, calificó el periodo 2016–2026 como una “década perdida”, marcada por una “política del miedo, terror y terruqueo”. En ese contexto, se refirió a Fuerza Popular como “lacra social y política” y planteó la necesidad de construir un “frente capaz de contener a un eventual gobierno de la señora Fujimori”.
En esa misma línea, Mesías Guevara advirtió que un posible gobierno de Fuerza Popular implicaría un intento por “reescribir la historia” en torno al “terrorismo de Estado y Sendero Luminoso”. Según su lectura, esta reinterpretación respondería a una estrategia política que busca redefinir el relato histórico reciente del país. Frente a ello, sostuvo que resulta necesario “consolidar nuestra identidad nacional”, planteando la memoria histórica como un elemento clave en la disputa política actual.
Su intervención mantuvo el mismo eje crítico predominante en el panel, sin incorporar una reflexión sobre el rol de otras fuerzas políticas en la actual crisis de confianza, incluyendo aquellas que hoy cuestionan el proceso electoral o promueven narrativas de fraude.
En contraste, Marisol Pérez Tello,ex candidata por Primero La Gente, ofreció una lectura más matizada del escenario político. Señaló que el Perú enfrenta una crisis de institucionalidad que afectará la gobernabilidad “independientemente de quién gobierne”, y puso énfasis en problemas estructurales como la desigualdad y el centralismo.
En este marco, cuestionó directamente las narrativas que ponen en duda el proceso electoral. En referencia a este tipo de discursos, advirtió que “eso nos hace daño, no cometamos la inmadurez, la pataleta”.
En esa misma línea, Marisol Pérez Tello también abordó el debate en torno a las denuncias electorales y la legitimidad de ciertos mecanismos del proceso, como las denominadas mesas 900. Frente a las críticas, sostuvo que “hay que defenderlo”, señalando que se trata de medidas “inclusivas” que responden a dinámicas comunitarias en zonas específicas del país.
Asimismo, enfatizó que cualquier cuestionamiento al proceso debe canalizarse mediante procedimientos formales y específicos, evitando generalizaciones que puedan debilitar la confianza en el sistema, advirtiendo que este tipo de controversias, si no se abordan correctamente, pueden “cuestionar liderazgo” en el largo plazo. Con ello, introdujo una defensa clara de la institucionalidad electoral frente a narrativas más amplias de deslegitimación.
En paralelo, advirtió sobre la normalización de la “criminalidad y la violación a los derechos humanos” y calificó al país como un Estado fallido en términos de capacidad para garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar la redistribución equitativa de recursos.
Fue también la única panelista en referirse a los proyectos de ley impulsados por Renovación Popular que afectan directamente a los derechos de las mujeres, como la eliminación del feminicidio del Código Penal y la iniciativa que propone sancionar con pena privativa de libertad a las mujeres que denuncien “falsamente” a hombres por razones de género.
Además, si bien coincidió parcialmente con otros panelistas en advertir sobre los riesgos de un eventual escenario de represión bajo un gobierno de Fujimori, también introdujo un matiz importante al señalar que la crisis no se agota en una sola candidatura. En ese sentido, advirtió que un eventual gobierno de Sánchez tampoco estaría exento de dificultades, particularmente por los posibles escenarios de fragmentación política que podría enfrentar. Esta doble advertencia permitió ampliar el análisis más allá de una lectura unidireccional del riesgo democrático, incorporando la idea de que los desafíos de gobernabilidad y estabilidad institucional atraviesan a ambos extremos del actual escenario político.
Un debate necesario
El foro permitió visibilizar preocupaciones legítimas sobre la democracia peruana, como la debilidad institucional, la crisis de representación y los riesgos de autoritarismo. Sin embargo, la ausencia de equilibrio en las intervenciones dejó la sensación de un debate un poco parcializado.
La concentración de críticas en un solo sector político, sin evaluar con el mismo rigor otras prácticas que también erosionan la institucionalidad —como la deslegitimación del proceso electoral o la promoción de discursos de fraude— limita la profundidad del análisis.