Desde el 1 de enero de 2026, una nueva disposición legal hará historia. Este jueves el Congreso de la República aprobó, dentro de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para ese año, una obligación que cambia de forma radical la relación entre el Legislativo y los medios estatales: TV Perú, Radio Nacional y otros canales del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) deberán transmitir en vivo y de forma íntegra las sesiones del Pleno del Congreso o al menos dos horas diarias de actividades parlamentarias.
De forma expresa, la norma exige que uno de los canales de televisión digital terrestre del IRTP incluya la señal del Congreso las 24 horas del día o durante el tiempo que dure la infraestructura satelital contratada, todo con alcance en todo el territorio nacional.
Lo que hoy es un debate político puede convertirse mañana en la principal programación de medios públicos —en plena campaña electoral— privilegiando, sin filtros, las actividades de quienes ejercen el poder.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha defendido la medida argumentando que amplía la visibilidad de la labor legislativa, especialmente en el marco de la reinstauración del Parlamento bicameral.
Sin embargo, críticos de la medida señalan que usar una ley de endeudamiento para imponer cambios tan estructurales a la política de comunicación pública es inusual y riesgoso, porque no pasa por debates especializados ni por las instancias que normalmente evalúan estos temas.
Gremios periodísticos como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria han levantado la voz con críticas contundentes. Para ellos, la medida transgrede principios de independencia editorial y autonomía del IRTP, y podría convertirse en una publicidad estatal encubierta para los congresistas que buscan la reelección.
La posibilidad de que los parlamentarios amplíen su exposición mediática en canales estatales, sin que los candidatos de fuera del poder tengan acceso igualitario a esos medios, pone en jaque la equidad en el proceso electoral.
Además, las organizaciones periodísticas advierten que la obligación de transmitir el Pleno puede perjudicar contenidos educativos y culturales existentes —como programación infantil o formatos sociales— ya que tendrán que desplazarse para dar paso a la agenda legislativa.
En esencia, lo que el Congreso logró, es la creación un espacio obligatorio en medios públicos que puede terminar funcionando como propaganda constante para sus miembros, todo con fondos y estructura del Estado. ¿Es esta una nueva forma de comunicación democrática, o estamos ante una captura mediática del poder legislativo para sus propios fines electorales?
