¿De opositor a cómplice del genocidio? Colombia da la espalda a Palestina

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó al secretario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el retiro de su Declaración de Intervención presentada el 5 de abril de 2024, en el caso Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza, iniciado por Sudáfrica. Con esta decisión, el país deja de participar activamente en el litigio internacional.

Esta retirada constituye un giro radical en la política exterior que llega en un momento de redefinición ideológica tras la asunción de Abelardo de la Espriella a la presidencia, poniendo fin a la postura inflexible y de dura condena que la administración saliente de Gustavo Petro mantuvo respecto a las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza.

De la condena hacia el alineamiento con Washington

Durante el gobierno de Gustavo Petro, Colombia había asumido un rol activo en la diplomacia multilateral en defensa de la población palestina, sumándose formalmente a las peticiones ante La Haya y liderando discursos de denuncia por presuntas violaciones a los derechos humanos en el Medio Oriente. En la Asamblea de la ONU del 2024, el entonces presidente Petro afirmó que la ofensiva israelí en la Franja de Gaza constituye un genocidio y que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, era cómplice directo: “Trump permite que se lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo”.

Sin embargo, la nueva administración a manos de De la Espriella ha priorizado fortalecer los lazos estratégicos, políticos y de seguridad con Estados Unidos e Israel, marcando un claro distanciamiento de los bloques multilaterales de izquierda. A este escenario se suma la integración de Colombia al “Escudo de las Américas”, iniciativa convertida en pilar central de la política de defensa del país y que consolida su alineamiento político con Washington.

Además, el acercamiento bilateral de Bogotá con Tel Aviv se ha materializado en decisiones de profundo impacto diplomático, destacando el reconocimiento explícito por parte de Colombia de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Como se ha afirmado en otras entradas, esta decisión desconoce abiertamente la Resolución 497 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual declaró nula y sin efectos jurídicos la anexión unilateral israelí de 1981. Dicha ocupación, originada tras la Guerra de los Seis Días en 1967 ha despojado de sus tierras a miles de sirios expulsados de la región y ha garantizado a Israel el control estratégico de las fuentes de agua de la cuenca del río Jordán y del mar de Galilea, un recurso hídrico vital en una región azotada por la escasez.

Con esta medida, Colombia invalida décadas de consenso en torno al derecho internacional y el respeto a la soberanía territorial a cambio de estrechar vínculos con Tel Aviv y, con ello, con Estados Unidos.

En este escenario, el retiro del proceso ante la CIJ responde a la visión doctrinaria ideológica del nuevo ejecutivo. Caracterizado por un discurso de derecha firme y de marcadas raíces cristianas, el gobierno de De la Espriella ha reestructurado las prioridades de la Cancillería. Con este paso, Colombia se desmarca del grupo de países iberoamericanos que mantienen sus intervenciones bajo los Artículos 62 y 63 del Estatuto de la CIJ, redefiniendo su posición en el mapa geopolítico global e inclinándose por una postura acusada de complacencia e insensibilidad frente a la crisis humanitaria en Palestina.

¿Un patrón regional?

El giro en la política exterior colombiana se enmarca en una corriente conservadora que recorre la región. Con la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia del Perú y sus crecientes gestos de aproximación hacia Israel, surge una interrogante inevitable sobre el rumbo diplomático que tomará el ejecutivo peruano. ¿Seguirá el Perú una ruta similar de alineamiento incondicional con los intereses de Washington y Tel Aviv en los foros multilaterales? ¿Se traducirá este viraje ideológico en la neutralización o el abandono del respaldo del Perú a las causas de derechos humanos del Sur Global en organismos como la ONU y la CIJ?

 Estas interrogantes únicamente adquieren mayor firmeza al considerar que en una reciente votación de la Asamblea General de la ONU sobre la participación del presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, el Perú se abstuvo, rompiendo con la tradición diplomática que el país ha mantenido respecto a la participación del Estado de Palestina.