El Partido Político Reformado (SGP), el más antiguo de los Países Bajos, vuelve a desafiar los principios constitucionales de los Países Bajo. A dos meses de las elecciones generales previstas para el 29 de octubre del presente año, la formación ha presentado una lista de candidatos donde no figura ninguna mujer, a pesar de que la legislación y varias sentencias judiciales obligan a garantizar su participación. Esta persistente discriminación por razones de género pone en tensión el equilibrio entre libertad religiosa y derechos fundamentales.
Fundado en 1918, el SGP defiende una interpretación estricta de la Biblia y ha mantenido durante más de un siglo la idea de que “las mujeres no tienen vocación para la política”. Aunque en 2001 el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ya advirtió al Estado neerlandés sobre esta exclusión, no fue hasta el 2013 cuando el partido se vio obligado a admitir candidaturas femeninas debido a fallos del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces, la posibilidad legal existe, pero en la práctica ninguna mujer ha logrado ocupar un escaño en su representación nacional.
La figura más visible en este debate ha sido Lilian Janse, concejala en Vlissingen desde 2014. Janse ha defendido públicamente el derecho de las mujeres a participar, pero en mayo pasado el partido rechazó su propuesta de encabezar la lista para las legislativas. Su exclusión ha generado tensiones tanto internas y externas. Para sus detractores, el SGP utiliza la religión como justificación para vulnerar la igualdad de género consagrada en la Constitución neerlandesa.
Este tipo de prácticas no solo vulneran la Constitución neerlandesa, sino que también contravienen compromisos internacionales adquiridos por el país, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Permitir que un partido político excluya sistemáticamente a las mujeres es abrir la puerta a la vulneración de los derechos fundamentales.
Sectores que defienden los postulados del partido argumentan la libertad de expresión y el respeto a los “valores tradicionales”. Sin embargo, este discurso ha sido fuertemente cuestionado por abogados constitucionalistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, al declarar que la discriminación en base de género es un atentado contra la democracia y la igualdad. Incluso, algunos sectores advierten que la tolerancia hacia el SGP evidencia una doble moralidad: la fe cristiana puede justificar exclusión, mientras que otras religiones, como el islam, enfrentarían una reacción más severa.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la decisión del SGP genera la siguiente interrogante ¿hasta qué punto se puede amparar la libertad de expresión cuando choca con derechos fundamentales como la igualdad? Es importante recordar que Países Bajos es una nación democrática, miembro de las Naciones Unidas y referente dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Cuando una ideología impide el acceso igualitario a la política, la neutralidad del Estado se ve comprometida. La igualdad de género debe ser un principio innegociable en cualquier sistema democrático.
