En un nuevo episodio de restricciones a la libertad religiosa en Nicaragua, el gobierno, encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha intensificado las medidas contra las manifestaciones públicas de fe, en especial, las cristianas. La prohibición sistemática de procesiones durante la Cuaresma y Semana Santa evidencia un patrón sostenido de control sobre la vida religiosa en el país.
Desde 2024, las autoridades nicaragüenses han cancelado miles de procesiones cada año, impidiendo que comunidades enteras participen en una de las tradiciones más importantes del calendario cristiano. Solo en 2026, más de casi seis mil actos religiosos fueron sido suspendidos, en una escalada que no muestra señales de retroceso.
La Semana Santa en Nicaragua, como en la mayoría de los países latinoamericanos, no es únicamente una celebración litúrgica, sino que es constituye una expresión cultural profundamente arraigada en la vida social. Sin embargo, el régimen ha transformado estas manifestaciones en eventos sujetos a vigilancia, control y prohibición.
Los datos acumulados en los últimos años revelan una política sistemática. Informes independientes registran más de mil ataques contra la Iglesia Católica desde 2018, así como la prohibición de más de 16 mil procesiones religiosas. Se espera que este año se despliegue un control masivo estatal, ya que al menos 13 mil agentes policiales han sido movilizados alrededor de las Iglesias, convirtiendo los espacios de fe y comunicación en una zona de supervisión estatal permanente.
Además de cancelar procesiones, el gobierno ha impedido ordenaciones diaconales y sacerdotales en diócesis donde los obispos han sido expulsados, forzados al exilio o silenciados. Esta medida no solo afecta la práctica religiosa inmediata, sino que debilita la estructura misma de la Iglesia Católica a largo plazo. Organizaciones como Open Doors han advertido que líderes religiosos han sido objeto de represalias tras denunciar violaciones de derechos humanos, convirtiendo a la Iglesia en uno de los pocos espacios de resistencia moral frente al poder.
Este episodio forma parte de una persecución sistemática contra la Iglesia Católica en el país, que se ha venido documentando en los últimos años por diversos medios y organizaciones internacionales. Según Open Doors, líderes y miembros de la Iglesia han criticado abiertamente las políticas gubernamentales y las violaciones de derechos humanos, lo que los ha convertido en blanco de represalias.
Es necesario resaltar que la prohibición del ejercicio de la confesión religiosa debe entenderse como una limitación directa a la libertad religiosa, y no como una decisión de asegurar el orden público. El Estado no debe decidir que clase de expresiones religiosas son permitidas y cuáles deben ser silenciadas.
En un contexto autoritario como el de Nicaragua, la Iglesia, al ejercer su labor social y de defensa de los derechos humanos, es percibida como una voz incómoda que cuestiona el poder político. En consecuencia, el gobierno busca restringir, controlar o incluso neutralizar su influencia en la esfera pública.