En julio de 2024, la organización israelí de derechos humanos B’Tselem publicó el informe “Bienvenidos al infierno”, un documento que expuso de manera sistemática el trato infligido a prisioneros palestinos en cárceles y centros de detención israelíes desde el inicio de la ofensiva militar israelí hacia Gaza en octubre de 2023. Basado en decenas de testimonios directos, el informe describió cómo instalaciones civiles y militares fueron transformadas en espacios de castigo extremo, caracterizados por abusos físicos, psicológicos y condiciones de vida inhumanas, que la propia organización calificó como “campos de tortura”.
Lejos de tratarse de excesos aislados, el nuevo informe publicado en enero de 2026 amplía y profundiza estas conclusiones. Al analizar el período comprendido entre julio de 2024 y enero de 2026, B’Tselem sostiene que Israel ejerce una política sistemática de tortura y abuso contra prisioneros palestinos, respaldada y legitimada por el aparato estatal en su conjunto: el sistema político, el judicial, las autoridades penitenciarias e incluso amplios sectores de los medios de comunicación. Lo más alarmante, subraya la organización, es que estos abusos no se producen en la clandestinidad, sino que se ejecutan abiertamente, sin ningún intento de ocultarlo. De hecho, los responsables se jactan abiertamente de ello, y todo el régimen israelí es cómplice.
Cárceles convertidas en instrumentos de represión
Los testimonios recopilados revelan los resultados de un proceso apresurado en el que las instalaciones penitenciarias israelíes, tanto militares como civiles, se transformaron en una red de campos dedicados al abuso de los reclusos como medida política.
Según B’Tselem, esta lógica no es nueva ni excepcional, sino que se inscribe en los fundamentos estructurales del régimen instaurado desde la creación del Estado de Israel en 1948. Los mismos pilares que sostienen la violencia en Gaza, la limpieza étnica en Cisjordania y la persecución de ciudadanos palestinos dentro de Israel, también determinan la negación de la humanidad del pueblo palestino y la normalización del uso de la violencia extrema contra él.
La magnitud del sistema de detención refuerza el carácter estructural de estos abusos. Según datos oficiales del Servicio Penitenciario de Israel, en septiembre de 2025 Israel mantenía bajo custodia a 10.863 palestinos clasificados como “presos de seguridad”. De ellos, 7.425 residían en Cisjordania, 2.931 en la Franja de Gaza y 507 eran ciudadanos palestinos de Israel.
El informe denuncia que 3.521 personas se encontraban detenidas sin juicio, bajo la figura de “detención administrativa”, sin posibilidad de conocer ni impugnar las acusaciones en su contra. A ello se suman 2.623 palestinos de Gaza catalogados como “combatientes ilegales”, una categoría jurídica que permite la reclusión indefinida sin proceso penal.
Entre la población encarcelada se encontraban 350 menores de edad y 48 mujeres, lo que evidencia que el sistema de detención no distingue entre combatientes y población civil. Estas cifras, provenientes de fuentes oficiales israelíes, confirman que el encarcelamiento masivo opera como una herramienta central de control, castigo colectivo y deshumanización, y no como un mecanismo excepcional de seguridad.
Silencio forzado y miedo a testificar
El informe de 2026 se apoya principalmente en 21 testimonios de palestinos liberados tras el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025. Sin embargo, la organización advierte que esta cifra es limitada debido al clima de intimidación que enfrentan los excarcelados. Muchos temen hablar públicamente por las amenazas de volver a ser arrestados y posibles represalias, lo que forma parte —según B’Tselem— de una política deliberada de silenciamiento, censura y represión.
Esta estrategia busca no solo ocultar los abusos, sino también impedir que las víctimas sean reconocidas como sujetos de derechos. El encarcelamiento, la tortura, la intimidación posterior a la liberación y la negación de justicia conforman un mismo entramado de control y deshumanización.
Muertes bajo custodia y negación de responsabilidad
Entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, al menos 84 prisioneros palestinos, incluido un menor de edad, murieron en cárceles o centros de detención israelíes, según los datos documentados por B’Tselem. Sin embargo, otras organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación elevan la cifra a por lo menos 94 fallecidos. En varios casos, las muertes ocurrieron durante interrogatorios o como consecuencia de la negación de atención médica necesaria.
Israel ha retenido la gran mayoría de los cuerpos (liberando solo cuatro) y, en numerosos casos, ha bloqueado la realización de autopsias independientes. Esta práctica, señala el informe, dificulta establecer las causas de muerte y constituye un mecanismo adicional para encubrir posibles crímenes cometidos bajo custodia estatal.
Violencia sexual y abusos cometidos
Los testimonios de prisioneros palestinos liberados documentan un patrón grave y sistemático de violencia sexual en centros de detención y prisiones israelíes. Estas prácticas incluyen amenazas de agresión sexual, desnudamientos forzados y agresiones sexuales consumadas, así como otras formas de tortura física y psicológica como palizas y descargas eléctricas en las zonas genitales, agresiones con perros, penetración anal forzada con diversos objetos, uso de gases lacrimógenos, quemaduras con cigarros o líquidos hirviendo, entre otras.
Esta violencia está dirigida específicamente a causar humillación, dolor extremo y daño permanente, tanto físico como psicológico.
“Durante la tortura, uno de los soldados me violó. Metió un palo de madera en mi ano, lo dejó ahí durante un minuto y lo sacó. Luego lo volvió a meter, aún más fuerte, y grité con todas mis fuerzas. Después de un minuto, volvió a sacar el palo, me dijo que abriera la boca, me lo metió en la boca y me obligó a lamerlo”
Testimonio de Tamer Qarmut, de 41 años, padre de cinco hijos, de Beit Lahiya. Liberado el 13 de octubre de 2025
“También vi a prisioneros que sufrieron agresiones sexuales. Algunos fueron atacados por perros en zonas sensibles y luego sometidos a cirugía urgente. Algunos prisioneros sangraron por el recto y la uretra. Uno tuvo que ser amputado debido a la negligencia y la negación de tratamiento”
Testimonio de Ibrahim Fuda, de 35 años, padre de dos hijos. Liberado el 14 de febrero de 2025
Estas prácticas no fueron hechos aislados, sino parte de un régimen institucionalizado de tortura, aplicado de manera reiterada contra personas bajo custodia del Estado, en abierta violación del derecho internacional humanitario y de la prohibición absoluta de la tortura.
Menores detenidos y violencia estructural
La situación de los menores palestinos también resulta especialmente grave. En septiembre de 2025, al menos 350 niños y adolescentes permanecían detenidos por Israel. Informes presentados ante organismos internacionales indican que una amplia mayoría (74%) fue sometida a violencia durante la detención, interrogatorios bajo coacción y, en muchos casos, aislamiento prolongado como método de presión.
La muerte de un joven de 17 años en la prisión de Megiddo en marzo de 2025, atribuida a inanición y a la negación de tratamiento médico, marcó un punto crítico. A inicios de 2026, Israel aún retenía su cuerpo.
Condiciones inhumanas y castigo colectivo
Más allá de los interrogatorios y del uso directo de la violencia física, el informe describe la existencia de un régimen cotidiano de castigo impuesto a los prisioneros palestinos. Este incluye hacinamiento extremo, encadenamiento prolongado, privación de contacto con el exterior, alimentación insuficiente, falta de agua potable y ausencia de condiciones mínimas de higiene, junto con la negación sistemática de atención médica.
Lejos de ser una consecuencia colateral, la privación de atención médica vital opera como un método de tortura en sí mismo, provocando daños irreversibles que van desde amputaciones de extremidades y pérdida de audición o visión, hasta la muerte.
La propagación de enfermedades, como brotes generalizados de sarna, evidencia —según B’Tselem— el carácter deliberado del abandono sanitario, utilizado como otra forma de tortura. Según el informe, para noviembre del 2024, aproximadamente una cuarta parte de los palestinos bajo custodia habían sido diagnosticados con sarna.
La complicidad internacional
Pese a la abundancia de testimonios, datos oficiales y documentación independiente, la respuesta de la comunidad internacional ha sido limitada. La ausencia de medidas efectivas de presión o rendición de cuentas ha permitido que estas prácticas continúen sin consecuencias reales.
El informe concluye denunciando que mientras la tortura sea tolerada, justificada o ignorada por actores internacionales, seguirá operando como una política del Estado de Israel. No se trata únicamente de abusos contra individuos, sino de un sistema diseñado para exterminar a un pueblo entero mediante el encarcelamiento, el miedo y la deshumanización.
