En medio de las crecientes denuncias por fraude incitadas principalmente por el ex candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció la conformación de una coalición parlamentaria integrada por Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Civil Obras, en lo que representa el primer movimiento político organizado de oposición frente al eventual gobierno de Fuerza Popular.
¡Coalición Parlamentaria para recuperar la democracia!
— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 6, 2026
¡Justicia para los Mártires del sur!
¡Presidente Pedro Castillo, Libertad!
¡Por la Derogatoria de las leyes pro crimen! pic.twitter.com/dCQZMtfC2g
Reconocimiento formal, cuestionamiento político
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la coalición reconoce que el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado a Keiko Fujimori como presidenta de la República. No obstante, precisa que este reconocimiento “no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar” las supuestas irregularidades que, según sostienen, habrían favorecido a la lideresa de Fuerza Popular.
Esta doble postura de aceptar el resultado institucional mientras se mantiene la narrativa de fraude refleja una estrategia política que busca moverse entre la legalidad formal y la disputa por la legitimidad del proceso.
En ese marco, los partidos firmantes anunciaron que ejercerán un “control político firme, vigilante y responsable” desde el Congreso, con el objetivo de fiscalizar al nuevo gobierno y “defender el Estado de derecho”.
En sintonía, declaran que uno de sus objetivos principales será la búsqueda de justicia para las víctimas del sur, en referencia a los ciudadanos asesinados durante la represión policial del gobierno de Dina Boluarte.
Por último, afirman que esta coalición buscará “restablecer la Paz” en el Perú a partir del establecimiento de una agenda basada en los siguientes puntos: derogar las llamadas Leyes Procrimen, “recuperar” el derecho al referéndum y exigir la libertad del ex presidente Castillo.
La formación de esta coalición plantea interrogantes sobre la consistencia del discurso de Sánchez. Tras semanas de cuestionar abiertamente el proceso electoral y promover la idea de un “voto arrebatado”, el reconocimiento formal de los resultados parece responder más a una necesidad política que a un cambio de postura de fondo. En ese sentido, la coalición parlamentaria puede interpretarse como un intento de reconfigurar su rol dentro del nuevo escenario político, es decir, pasar de ser un candidato a adoptar la figura clave en la oposición, sin abandonar completamente la narrativa que movilizó a su base electoral.
Lejos de cerrar la etapa electoral, este anuncio sugiere que la disputa se trasladará al terreno parlamentario. La coexistencia entre un reconocimiento formal del gobierno y la persistencia de cuestionamientos sobre su legitimidad anticipa un escenario de confrontación política constante.